La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, tendrá que recuperar 2.935 viviendas sociales vendidas en 2013 al fondo Azora - Goldman Sachs. Los pisos sociales, que fueron traspasados al fondo buitre por debajo de precio de mercado, han sido en los últimos años objeto de una batalla judicial entre los inquilinos, por un lado, y la Comunidad y el fondo, por otro, que en 2020 llegó hasta el Tribunal Supremo. Ante todas las instancias, la justicia ha dado la razón a los inquilinos y desautorizado los sucesivos recursos del Ejecutivo de Díaz Ayuso y la empresa.
Ahora, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid confirma la obligación de la Comunidad de recuperar las viviendas, según un auto fechado el 1 de febrero al que ha tenido acceso infoLibre. La decisión judicial da un plazo de 10 días a la Comunidad para que inicie los trámites. Además, el juzgado ordena igualmente al fondo a devolver íntegramente todo lo que compró durante la Presidencia de Ignacio González, hoy investigado por corrupción: es decir, 2.935 viviendas de protección oficial (VPO) y no 1.722 como pretendía el fondo.
En septiembre de 2020, el Tribunal Supremo anuló definitivamente dicha venta y obligó al equipo de Díaz Ayuso a recuperar las 2.935 VPO, pero los detalles del proceso no estaban tan claros. El Gobierno regional no había dado ningún paso para la recuperación del conjunto de las viviendas alegando que el caso se circunscribía únicamente a un inquilino y Azora alegaba que el alcance era mucho menor de las 2.935.
El juzgado declara "la anulación de la adjudicación a Azora Gestión del contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello de la totalidad de los inmuebles que las integran". "A ello", continúa el juez, "se opone la Comunidad de Madrid diciendo en síntesis que la sentencia sólo alcanza al recurrente [Rachid Bouihou, el inquilino de Navalcarnero que ha denunciado exitosamente desde 2018 la venta de su casa a Goldman Sachs] y nadie más".
Ayuso maniobró para no recuperar las casas
El juzgado de instrucción madrileño retrata las maniobras del equipo de Díaz Ayuso para no recuperar los pisos sociales, señalando un acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia Social de la Vivienda [la agencia sucesora del Ivima, que vendió las 32 promociones en 2013] por el cual "se restringe el alcance de la sentencia" a Bouikou. El auto "declara la nulidad de pleno derecho del acuerdo del consejo de administración".
Además de obligar a Azora a devolver todas las viviendas, el fondo se lleva una de cal y otra de arena. El juez prohíbe al fondo seguir vendiendo pisos a terceros, como ha estado haciendo en los últimos ocho años, bajo la amenaza de actuar penalmente si prosigue. "Se requiere a Az0ra y a Encasa Cibeles [el vehículo inmobiliario de Goldman] a que se abstengan y cesen de cualquier actuación tendente a la enajenación de cualquiera de dichos inmuebles, bajo apercibimiento de que, de desobedecer dicho requerimiento, pueden incurrir en la responsabilidad penal correspondiente".
Desahucios sí para evitar la "anarquía"
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Sin embargo, el juez permite al fondo seguir practicando desahucios hasta que la Agencia Social de la Vivienda "no proceda a liquidar el contrato de compraventa y tomar posesión de las mismas". "No es jurídicamente correcto dejar el cumplimiento de los contratos de arrendamiento a partir de ahora a voluntad del arrendatario y dar pie a la anarquía y al deterioro de las viviendas hasta que se haga cargo de ellas" la Agencia Social de la Vivienda, razona el auto. Es decir, reconoce a Azora como legítimo propietario mientras el antiguo Ivima no de los pasos necesarios para retomar la propiedad de las 3.000 casas sociales.
"No puede quedar impune el incumplimiento de contratos de arrendamiento de viviendas sociales, dada la situación de precariedad social en que van a quedar sumidas muchas familias como consecuencia de la crisis desatada por la epidemia del Covid-19", continúa el texto. El juez de hecho propone a los inquilinos con riesgo de perder su vivienda hacer uso de los instrumentos dispuestos por la Comunidad de Madrid desde el inicio de la pandemia. "Si ésta [la precariedad] afecta a algunos de los actuales inquilinos, no tendrán más que acudir, para evitar desahucios, a la Comunidad de Madrid en busca de las ayudas y beneficios de alquiler que requiera su situación de vulnerabilidad social, como por ejemplo la bonificación de los alquileres.
El auto recuerda que la Agencia debe "en el plazo de diez días" proceder "a solicitar la anotación de la anulación de la venta en la inscripción de todas y cada una de las fincas registrales que integran las 32 promociones que fueron objeto de la venta anulada". Y finalmente admite que cabe recurso de apelación por cualquiera de las partes.