El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas ha abierto diligencias previas tras admitir a trámite una querella de la Fiscalía contra Miguel Ángel Ramírez, el polémico empresario de seguridad privada, y otras ocho personas más, entre familiares y empleados, por desviar fondos y bienes de Seguridad Integral Canaria (SIC) para eludir el pago de los 14,8 millones de euros que adeuda a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. La titular del juzgado considera que, del relato de los hechos y de la documentación que aporta el fiscal, se aprecian indicios suficientes de los delitos de insolvencia punible y contra los derechos de los trabajadores. SIC se declaró en concurso de acreedores el 3 de enero de 2018.
La descripción que hace la fiscalía de las operaciones desarrolladas por Miguel Ángel Ramírez para evitar al fisco y a la Seguridad Social desvela, además, el entramado de sociedades y personas que el empresario canario ha utilizado no sólo para no pagar, sino también para ocultar que él es el propietario real de otras firmas de seguridad cuya titularidad siempre negó. Según consta en el auto con el que la jueza abre diligencias y al que ha tenido acceso infoLibre, agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera hicieron seguimientos a los querellados.
Así, además de Ramírez, el fiscal se querella contra Margarita Robayna Curbelo, esposa del empresario, dos primos de éste, Jorge y Manuel Hernández Ramírez; contra Héctor de Armas, actual propietario de SIC y antes su administrador; Alicia Rosa Pérez Sánchez, administradora de Sinergias de Vigilancia y Seguridad y apoderada de Marsegur –ahora llamada Novo Segur–, ambas empresas de seguridad low cost; Jacobo López Redondo, gerente de Sinergias de Vigilancia y Seguridad; Antonio Redondo Álvarez, director general de Marsegur-Novo Segur; y Jesús Miguel Acosta Ramos, administrador de esta última sociedad. En el relato de la fiscalía también aparecen el padre de Ramírez, Francisco Segundo Ramírez Méndez, propietario de un 1% de las acciones de Sinergias de Vigilancia y al mismo tiempo empleado suyo, así como dos de sus hijas, contratadas en la misma empresa.
Según explica la jueza en el auto, las actuaciones bajo investigación revelan que Ramírez es el titular real de todas esas empresas y que se sirve de “familiares y amigos” como “detentadores de las participaciones o cargos sociales” a fin de “evitar ser descubierto” en el intento de “desviar fondos para eludir su embargo”.
De acuerdo con la Fiscalía, SIC debía a Hacienda a fecha de 26 de junio de 2018 un total de 7,06 millones de euros por retenciones practicadas a sus trabajadores pero no ingresadas en la Agencia Tributaria, por el IVA repercutido a sus clientes pero no ingresado en las arcas públicas, y por un número de actas levantadas por la Inspección por el impuesto sobre sociedades. Además, la empresa adeuda 6,46 millones de euros por cotizar a la Seguridad Social por su plantilla menos de lo legalmente establecido, tras ser anulado por el Tribunal Supremo su polémico convenio de empresa, que fijaba salarios por debajo del convenio del sector, más otros 1,3 millones de euros por no pagar las cotizaciones durante cinco meses de 2017. En total, 14,82 millones de euros.
A esas deudas hay que sumar las que investiga otro juzgado, el número 8 de Las Palmas, por no haber practicado a la plantilla la retención legal por las horas extraordinarias de 2009 a 2013, que el empresario camufló como dietas para eludir tanto el pago de IRPF como de las cuotas a la Seguridad Social.
Venta de la cartera de clientes
Para cobrar el total adeudado, la Agencia Tributaria acordó embargar a SIC cuentas bancarias, créditos comerciales y arrendaticios, dos BMW 520D –un modelo de más de 50.000 euros–, bienes inmuebles, títulos no cotizados y ocho fincas situadas en Las Palmas y San Cristóbal de la Laguna. También la Tesorería de la Seguridad Social ha abierto un procedimiento ejecutivo.
Y con el fin de evitar que ambos organismos cobren, el fiscal cree que Miguel Ángel Ramírez ha diseñado toda una red de operaciones de desvío de fondos y bienes desde SIC hacia sus otras empresas, ayudado por el resto de las personas implicadas.
Una de esas acciones es la venta de acciones de la Unión Deportiva Las Palmas, club de Segunda División que preside Miguel Ángel Ramírez, que figuraban en poder de SIC. La Agencia Tributaria dictó su embargo en noviembre de 2017, pero no pudo llevarlo a cabo porque SIC se las había vendido a Ramírez, por su importe nominal, inferior al real, lo que la Fiscalía tacha de ilegal. Además, SIC no recibió ni un euro por la venta con el argumento de que Ramírez había prestado antes 200.000 euros a la empresa. Sin embargo, según el ministerio público, la empresa ocultó en sus cuentas que Ramírez también debía a SIC dos millones de euros, una deuda cuya devolución se aplazó hasta 2035.
Otra operación bajo sospecha fue la venta de la cartera de clientes de SIC la venta de la cartera de clientes de SICa otra de las empresas del grupo oculto de Miguel Ángel Ramírez, Sinergias de Vigilancia y Seguridad. En teoría, por un precio de 37,44 millones de euros, que debía abonar en 60 cuotas de 624.000 euros cada una. Pero tampoco ha pagado, como denunciaba también en su informe el administrador concursal de SIC el pasado mes de noviembre. El fiscal asegura que Ramírez utilizó a Sinergias de Vigilancia para “despatrimonializar” SIC, tras venderle su principal activo, la cartera de clientes que le suministraba la mayor parte de su facturación.
Empleada y accionista
Así, el ministerio público desenreda la trama que une a ambas empresas. El 99% de SIC pertenece a Miguel Ángel Ramírez, mientras que el 99% de Sinergias aparecía a nombre de Alicia Rosa Pérez Sánchez y el 1% restante, al padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez. Alicia Rosa Pérez es trabajadora de SIC, con un sueldo de 24.000 euros netos y una cuenta bancaria con un saldo medio de 1.304 euros en 2012 y saldo negativo al finalizar ese año. Eso no le impidió comprar las acciones de Sinergias de Vigilancia por 59.000 euros en 2013, unos fondos de origen desconocido según el fiscal, y desembolsar otros 5.940 euros para adquirir 99 acciones de Servicios de Vigilancia y Seguridad Servicios Auxiliares SL, también propiedad del padre de Ramírez.
Aunque la vinculación entre ambos parece aún más estrecha. Alicia Rosa Pérez es la “beneficiaria de una tarjeta de crédito muy exclusiva, denominada America Express Centurion y sin límite, cuyo titular es Miguel Ángel Ramírez”, destaca la Fiscalía. A partir de 2015, además, Pérez Sánchez comienza a cobrar tanto de Sinergias de Vigilancia como de Gestiones y Asesoramientos 3000 SA, cuyos socios son los dos primos del empresario, Jorge y Manuel Hernández Ramírez, pero cuya propiedad real el fiscal no duda en atribuir al propio empresario. Es más, Alicia Rosa Pérez vive en un inmueble en Las Palmas cuyo titular es Gestiones y Asesoramientos 3000 SA. El ministerio público termina su perfil de Pérez Sánchez destacando que, pese a ser administradora de Sinergias de Vigilancia, los seguimientos a que fue sometida por los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera –que depende de la Agencia Tributaria– revelaron que no iba nunca a las oficinas de la empresa. En resumen, la Fiscalía intenta fundamentar que la mujer es una testaferro de Miguel Ángel Ramírez.
Lo mismo sucede con su padre, Francisco Segundo Ramírez, jubilado desde 2013 pero a sueldo tanto de SIC como de Sinergias de Vigilancia a partir de marzo de 2015 por un 25% de la jornada. Después pasó a cobrar sólo de la segunda empresa, 95.000 euros al año, pese a que el sueldo para el cargo de administrador es inferior, 56.314 euros. Tampoco al padre del empresario lo vieron jamás los agentes de Vigilancia Aduanera entrando o saliendo de las oficinas de la empresa que le pagaba.
Conexiones entre las tres empresas
Pese a que Ramírez siempre ha negado cualquier relación tanto con Sinergias como con Marsegur-Novo Segur, los sindicatos no se han cansado de repetir que el empresario canario las utilizaba como marcas blancas. Estas y SIC han sido blanco de sus denuncias durante años por recortar los salarios de los vigilantes hasta un 40% respecto al convenio del sector. Los convenios de empresa de las tres han sido anulados por el Tribunal Supremo, el último, el de Sinergias de Vigilancia, el pasado 22 de febrero. El informe del fiscal destapa los múltiples lazos entre ellas. Las marcas “Sinergias de Vigilancia y Seguridad” y “Sinergias de Vigilancia y Seguridad Servicios Auxiliares” figuraron hasta 2017 a nombre de Ramírez y desde esa fecha, al de Alicia Rosa Pérez. SIC es titular de los dominios de internet svs.com.es y marsegur.es. Los teléfonos móviles de esas empresas están dados de alta en Vodafone a nombre de SIC, que los pagaba con una cuenta de su propiedad en el Banco Santander. El autorizado de Sinergias de Vigilancia para acceder al sistema RED de la Seguridad Social es Mar Asesores y Consultores, de la que han sido administradores únicos Miguel Ángel Ramírez, Mara Rosa Marrero, Gladys Jesús Acosta, a su vez apoderada de Marsegur desde julio de 2015, y finalmente Jorge Hernández Ramírez, uno de los primos del empresario canario.
Pero SIC vendió su cartera de clientes no sólo a Sinergias de Vigilancia, sino también a Marsegur y a Transportes, Depósitos y Manipulados de Seguridad SA. Alicia Rosa Pérez compró igualmente 100 acciones de Marsegur, donde aparecía como apoderada hasta un mes y medio antes de adquirir los títulos de Sinergias de Vigilancia ya citados. Las oficinas en Las Palmas y Madrid de Marsegur están ubicadas en inmuebles propiedad de Gestiones y Asesoramiento 3000 SA.
Transportes, Depósitos y Manipulados de Seguridad SA está participada por el grupo Ralons –propiedad de Miguel Ángel Ramírez– y su primo Jorge, que también es su administrador y, al mismo tiempo, empleado de SIC. Ramírez fue quien dio de alta esta marca. Su domicilio social se encuentra en las mismas oficinas de SIC y de Gestiones y Asesoramiento 3000 SA. El fiscal explica que la empresa no tuvo actividad alguna hasta que en febrero de 2018 SIC le cedió parte de sus clientes y se dieron de alta en ella 18 personas que trabajaban para SIC, declarada en concurso sólo un mes antes.
El centro de la trama: una asesoría que acumula inmuebles
Por lo que respecta a Gestiones y Asesoramiento 3000 SA, el ministerio público deja claro que no se dedica a realizar trabajos de asesoramiento, sino que es un “mero titular de los bienes y fondos desviados del entramado societario” de Ramírez. Sus socios, los primos del empresario, son al mismo tiempo empleados de la supuesta asesoría, con sueldos de 32.324 y 49.420 euros cada uno. En sus declaraciones de patrimonio cifran en sólo 2.000 euros –Jorge– y 20.000 euros –Manuel– el dinero que guardan en sus cuentas bancarias. Pero el fiscal asegura que sólo en acciones de Gestiones y Asesoramiento 3000 SA poseen 10 millones de euros el primero y cinco millones el segundo. Según la Fiscalía, la empresa declara unos activos por importe de 44 millones de euros y un patrimonio de más de 21 millones. Además, el propio Miguel Ángel Ramírez cobró de esta empresa 316.684 euros en 2016 por “asesoramiento”.
El ministerio público constata una irregularidad más: en teoría, Gestiones y Asesoramiento 3000 presta servicios a SIC por una tarifa que equivale al 1,35% de su volumen de negocio, según establece el contrato entre ambas empresas. Pero en 2016 Gestiones y Asesoramiento, que facturó ese año 95,01 millones de euros, pagó a la empresa de seguridad 2,05 millones de euros; es decir, un 60% más de lo que debería. En 2017, le ingresó 2,02 millones, para un volumen de negocio de 71,16 millones. Además, resalta el fiscal, Gestiones y Asesoramiento no asesoraba a SIC, sino que ese trabajo lo realizaban “terceras empresas”.
Otro vínculo: Gestiones y Asesoramiento avaló a SIC ante el BBVA por 700.000 euros en una operación de factoring – una empresa traspasa el cobro de facturas a su favor y a cambio obtiene de forma inmediata el dinero de esas operaciones con un descuento–. El informe del fiscal llega a calificar de “inaudito” que Gestiones y Asesoramiento 3000 constituyera una hipoteca sobre un inmueble de su propiedad para garantizar un préstamo que se le concedió a SIC.
Pero la parte más sustanciosa de la actividad de esta asesoría se refiere, en realidad, al patrimonio que gestionaba. A su nombre han llegado a figurar hasta 128 fincas. Una de ellas, “bastante lujosa” y situada en San Bartolomé de Tirajana, resalta el fiscal, está cedida en arrendamiento con opción de compra a SIC desde 2008 por una renta mensual de 25.000 euros. El inmueble sólo puede destinarse a vivienda, no a oficina o comercio. El ministerio público dice que desconoce la finalidad de ese alquiler y el porqué de su elevado precio, “salvo que sea para justificar traspasos de dinero desde SIC hasta Gestiones y Asesoramiento 3000”.
El divorcio de Ramírez
Esta sociedad también era dueña de un inmueble en la calle de Serrano de Madrid, en plena milla de oro de la capital, que vendió a Marmotor, otra empresa propiedad al 99,64% de Miguel Ángel Ramírez. El precio fue de 1,5 millones de euros, pero el pago de 1,1 millones se difirió hasta el 31 de diciembre de 2025 y, “sorprendentemente”, precisa el fiscal, no se exigió ninguna garantía. Tampoco fue requerida garantía en las ventas de un ático en Las Palmas y otro inmueble en la misma ciudad adquiridos por Ramírez a esta empresa en diciembre de 2015. Ramírez se subrogó en el préstamo hipotecario y el resto del pago, 408.496 euros, quedó aplazado hasta febrero de 2018 en el primer caso y 204.659 euros, hasta junio de 2024 en el segundo. Lo curioso es que ambas viviendas fueron adjudicadas a la esposa de Ramírez, Margarita Robayna, como parte del acuerdo de divorcio, el 1 de diciembre de 2015. Y la operación de compra tiene fecha de 22 días después. El País publicó en diciembre de 2016 las sospechas de la Fiscalía de que el empresario había simulado el divorcio para ocultar su patrimonio.
Otro intento de ocultación detallado por el ministerio público se refiere a La Milagrosa Lomo de Báez, una finca valorada en 1,62 millones de euros que Ramírez ha donado a la Fundación Canaria Ralóns, de la que es patrono y cuyo domicilio se encuentra también en las oficinas de SIC. Allí es donde vive el empresario, asegura el fiscal. Según su informe, con esa donación, Gestiones y Asesoramiento 3000 no sólo desvía patrimonio sino que además elude el pago de una deuda de 448.082 euros que mantiene con la Seguridad Social por no ingresar las cotizaciones de sus trabajadores durante cinco meses de 2017 y 2018.
La mala situación económica que arrastra SIC no le impidió comprar 16 BMW entre 2014 y 2017. Trece de ellos los traspasó a Marmotor, algunos sólo 10 días después de su adquisición, otros al cabo de un mes. Marmotor, dice el fiscal, los cede luego a terceros, que no identifica. En 2014 SIC hizo compras a esta empresa por importe de 533.453 euros y en 2016, por otros 343.000.
El declive de un grupo basado en el bajo coste
Imputado por el desfalco en el Campus de la Justicia Alfredo Prada, encargado de detectar prácticas corruptas en el PP
Tras dar el salto a la Península y convertirse en una de las adjudicatarias favoritas de las administraciones, con contratos millonarios en el Metro de Madrid, el Ministerio de Defensa y Patrimonio Nacional, el Ministerio de DefensaSIC llegó a superar los 2.500 trabajadores. Pero su política de salarios mínimos la arrastró a los tribunales. A Miguel Ángel Ramírez lo demandaron sus vigilantes, pero también la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. De momento, ha pagado en reclamaciones salariales de sus trabajadores 3,3 millones de euros, según consta en el informe del concurso de acreedores de SIC. A la Seguridad Social le ha abonado cuatro millones más por las cotizaciones sociales de los vigilantes que no pagó en su día. Además, la Agencia Tributaria le reclama ocho millones de euros por retenciones del IRPF de sus trabajadores que no ingresó al camuflar parte de los salarios como dietas.
Aunque el protagonismo de Ramírez en los medios de comunicación tuvo que ver en un primer momento con una condena del Tribunal Supremo por delito urbanístico y a su aparición en las listas de donantes del Partido Popular. Sus buenas relaciones con el ministro de Industria José Manuel Soria levantaban sospechas. Ramírez también utilizó el método Villarejo y grabó conversaciones con el juez Salvador Alba y otros magistradosel juez Salvador Alba, así como a dos tenientes coroneles que le pedían sobornos para conseguir contratos en el Ministerio de Defensa y que terminaron condenados.
Ahora todas sus empresas están en horas bajas. El Supremo ha anulado los convenios colectivos que le permitieron ganar concursos públicos con los salarios más bajos. Ha perdido sus principales contratos con las administraciones y se ha replegado a Canarias. SIC está en manos de su antiguo administrador, Héctor de Armas, que acusa a Ramírez de hundir la empresa. Y Sinergias y Novo Segur –también en concurso de acreedores– deberán afrontar el pago de los sueldos que sus trabajadores les reclamen en los juzgados y que ambas firmas les escatimaron privándoles del convenio sectorial. Todo ello sin contar con las responsabilidades que se deriven de las investigaciones judiciales en curso.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas ha abierto diligencias previas tras admitir a trámite una querella de la Fiscalía contra Miguel Ángel Ramírez, el polémico empresario de seguridad privada, y otras ocho personas más, entre familiares y empleados, por desviar fondos y bienes de Seguridad Integral Canaria (SIC) para eludir el pago de los 14,8 millones de euros que adeuda a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. La titular del juzgado considera que, del relato de los hechos y de la documentación que aporta el fiscal, se aprecian indicios suficientes de los delitos de insolvencia punible y contra los derechos de los trabajadores. SIC se declaró en concurso de acreedores el 3 de enero de 2018.