El acuerdo a tres bandas sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha vuelto resbaladizo. Más allá de que patronal y sindicatos acepten el alza del 4% promovida por el Ministerio de Trabajo, lo que lo elevaría hasta los 1.123,2 euros al mes en 2024 en catorce pagas, frente a los 1.080 actuales, hay otro obstáculo que complica las negociaciones.
CEOE y Cepyme se aferran a una condición sine qua non que marcaron, acentúan, desde la primera reunión que se celebró para tratar el asunto el pasado 30 de noviembre. Se trata de “la modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector público”. O, dicho de otra forma, la patronal pretende que el Gobierno se comprometa a que las contratas públicas crezcan para poder repercutir el incremento del SMI en las que estén en ejecución. Fuentes de la negociación aseguran que el ministerio que encabeza Yolanda Díaz “se ha mostrado favorable” a que se aborde esa cuestión. Desde este lo confirman y añaden que habría que “ver la repercusión para determinadas contratas”, sin detallar cuáles. Pero esto no es de su competencia y ha chocado de nuevo, aunque por otro tema, con dos carteras de la órbita socialista del Ejecutivo de coalición: Hacienda y Economía, que estarían alineados en una misma postura. La ha verbalizado la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para quien la expansión del salario mínimo "no puede ser a costa de la propia recaudación del conjunto de los españoles".
La patronal lleva tiempo reclamando que se indexe el SMI a los contratos públicos, pero Montero no está dispuesta a que las administraciones paguen por los mismos servicios más de lo que se abona como requisito para agrandar el salario mínimo. “Entonces lo pagamos nosotros, al menos en parte", ha llegado a disparar. Le ha replicado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para quien la indexación del SMI es de "justicia" y los empresarios ya pagan "muchísimos impuestos".
La pertinencia de este debate no se desvanece para el resto de las partes negociadoras. Los sindicatos creen que ese cambio de rumbo podría ser razonable. De hecho, está plasmado en el quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Ahora bien, tanto CCOO como UGT tienen claro que hay que desvincularlo del ámbito del diálogo sobre el SMI.
La secretaria de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, lo explica: “Lo que estamos planteando, no sólo para el SMI, sino también para convenios que están sujetos a contratas de las administraciones públicas es que han hecho unos pliegos de concurso en una situaciones en las que el IPC estaba bajo y, de repente, ha habido una subida inesperada de éste, que condiciona la negociación colectiva porque las empresas dicen que no tienen margen”. Agrega un ejemplo: “Si tienes una contrata a tres años y has previsto gastos y costes en base a un IPC de un 1,5% y sin previo aviso te sube al 6,5%, pues no es que los márgenes sean muy reducidos es que no existen y negociar un convenio colectivo cuando no hay márgenes empresariales es muy difícil”, recalca. A CCOO le parece bien que se analice eso, pero no que “se condicione al SMI, son dos cosas diferentes”. Vicente constata que, en efecto, en el AENC se pactó elevar "al ministerio competente, que no es Trabajo, abrir un proceso de negociación sobre esto, pero en ningún caso estamos de acuerdo en que se condicione dar salida al SMI para 2024, porque no es una negociación fácil y, si se abre, llevará su tiempo”, sintetiza. A su juicio, no se puede “paralizar la subida del SMI condicionándola a esto, son tiempos diferentes. El alza del salario mínimo hay que hacerlo ya y después podremos hablar de otros asuntos”, concluye.
Aunque no es el orden que maneja la patronal, a la luz de las palabras de Garamendi, quien ha manifestado que antes de hablar del SMI, "hay que sentarse a hablar de otras cosas", en relación a lo expuesto y a fijar bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social al sector del campo.
De su lado, Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, en su evaluación de obstáculos para el acuerdo sobre el Salario Mínimo Interprofesional, señala que su organización sindical apoya que se actualicen las contrataciones públicas si “todo el aumento que tenga el contrato va destinado a abonar salarios de los trabajadores”. En la misma línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido que “la desindexación hay que hacerla”. “No es posible –ha señalado– que firme un contrato hoy con una Administración y pase lo que pase en cuatro años no tenga la posibilidad de indexarse lo que ha ocurrido", prosigue. Detrás de esas frases se esconde una realidad que siluetean fuentes sindicales: empresas como las del sector de la limpieza se hacen a menudo con licitaciones públicas ajustando precios al máximo, con una retribución mínima para los empleados, y las administraciones "suelen apostar siempre por la opción más barata".
Si bien Luján advierte de que “el Real Decreto del salario mínimo no es el sitio para modificar una ley que tiene que ver con las contratas administrativas. Estamos de acuerdo con que esa iniciativa salga adelante, pero, si alguien pensaba que podía estar en el Real Decreto, es no conocer la técnica legislativa y una manera de ir a la negociación del SMI un poco tramposa”, lanza. E Hilvana: “Es como pretender que el salario mínimo tiene que llevar la subida de los funcionarios, alguien dirá que eso está en la Ley de Presupuestos”. UGT quiere “que se regule la compensación de absorción, pero como afecta al Estatuto de los Trabajadores, que es una ley, tampoco puede ir en el Real Decreto del salario mínimo”, resalta.
A su entender, “si la patronal ponía esa condición sine qua non es que no quería" pactar. "Si por eso no va a acordar el salario mínimo, cuando la propuesta del Gobierno acoge la petición de la patronal, no han tenido buena fe a la hora de negociar el Real Decreto”, mantiene. En ese punto, avisa de que el Ejecutivo central ha hecho una proposición que aún tiene que negociar con los sindicatos y que "es la misma que la de ellos", por lo que, si los empresarios se "descuelgan", lo harían de "su propia propuesta".
En definitiva, para el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, proyectar "líneas rojas" sin que "puedan ir al Real Decreto que se negocia no tiene sentido”. Le resulta "curioso" además "decirle a Trabajo lo que hay que decirle a Hacienda y, si no hace caso, no firmar con Trabajo". No parece una fórmula de consenso, aunque desde el departamento de Díaz constatan que se trasladará lo hablado "a los ministerios pertinentes". En ese sentido, Garamendi ha criticado los aportes desde distintos ministerios. "El Gobierno es uno, no son quince, ni son tres. A mí no me vale que el Ministerio del Trabajo diga, pues efectivamente, a mí me parece bien, lo voy a consultar", ha apuntado, para instar a que en la mesa se transmita "lo que opina el Gobierno". "Lo que yo no voy a entrar es a ver si convenzo a una parte o a otra", zanja.
Preguntado sobre cuál sería la reacción de UGT si los empresarios no aceptaran su premisa de que los hipotéticos incrementos en las contratas públicas repercutan en mejoras para los trabajadores y no fueran para los márgenes empresariales, Luján contesta que el empresariado “sería doblemente incoherente”.
El porcentaje de crecimiento, también en el aire
Más allá de la polémica indexación, Vicente añade que CCOO no comparte otro asunto que la patronal ha puesto encima del tablero negociador: que condicione la expansión del SMI a que “las empresas del campo tengan una bonificación de cuotas a la Seguridad Social de un 20%”. Está por ver si gana la voluntad de acuerdo. Por ahora, “está todo abierto”. En relación al porcentaje de escalada, a su organización sindical “la propuesta del 4%" no le "vale", en principio. "Los empresarios están en el 3% y nosotros creemos que tiene que ser un incremento superior”, afirma. Para puntualizar a continuación: “Todos sabemos lo que es un proceso de negociación y habrá que ver hasta dónde somos capaces de consensuar. Hasta el momento nadie ha movido pieza y, por lo tanto, nosotros tampoco”.
Álvarez, por su parte, ha abierto la puerta a una subida del salario mínimo del 4%, si la CEOE no se mueve de su posición de subir el salario mínimo un 3% para el próximo año y un 1% más en caso de que exista una desviación de la inflación.
De momento, todos están a la espera de que Trabajo los convoque a una nueva reunión, que todavía no tiene fecha, pero que están seguros de que será "en unos días", “antes de Navidad”.
Podemos critica la propuesta de Díaz
En ese escenario, Podemos, ahora en el Grupo Mixto en el Congreso, ha criticado la propuesta de ampliación armada por el ministerio de Díaz, al considerarla "insuficiente". En concreto el coportavoz de la formación morada, Javier Sánchez Serna, ha afeado que lo enunciado por Trabajo signifique "directamente la asunción de la propuesta de la patronal", que pedía elevarlo un 3%, frente a la postura más ambiciosa de los sindicatos de clase.
Es más, ha subrayado que se trataría del menor incremento del salario mínimo desde que Pedro Sánchez es presidente y sería la mitad de lo que se subió en el periodo 2018-2023. Habrá nuevos encuentros en el horizonte entre los representantes de Trabajo, la patronal y los sindicatos como oportunidad para que los presagios retorcidos no se cumplan.
El acuerdo a tres bandas sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha vuelto resbaladizo. Más allá de que patronal y sindicatos acepten el alza del 4% promovida por el Ministerio de Trabajo, lo que lo elevaría hasta los 1.123,2 euros al mes en 2024 en catorce pagas, frente a los 1.080 actuales, hay otro obstáculo que complica las negociaciones.