Ni Uber ni Glovo. Legálitas. La dinamitación de las relaciones laborales al uso no sólo afecta a los empleos situados a priori en la parte más baja de la escala salarial. La alianza entre nuevas tecnologías y modelos flexibles –o precarios– de trabajo se está extendiendo a todo tipo de profesiones, incluidas las de mayor cualificación. Aunque nacida en 1999, cuando internet todavía daba sus primeros pasos, Legálitas navega ahora en la cresta de la ola de los modelos de negocio basados en la conexión digital de trabajadores y clientes. Si Deliveroo y Glovo cuentan con una red de repartidores unidos sólo por una aplicación informática, que cobran entre tres y cinco euros por pedido, Legálitas tiene a 125 abogados, conectados con la empresa igualmente por una aplicación, que atienden por teléfono a los clientes desde sus domicilios o despachos y perciben entre 2,27 y 3,03 euros por consulta o tarea.
Depende de su especialización. Para asuntos civiles o de consumo la tarifa es la mínima, 2,27 euros por un “asesoramiento completo […], ya se haya producido en una o en varias llamadas” –la “consulta”–, o por redactar “escritos de carácter extrajudicial y gestiones extrajudiciales, tales como negociaciones telefónicas con contrarios, que se deriven de las consultas –la “tarea”–. Por tareas y consultas laborales cobran 2,46 euros, 2,49 si son inmobiliarias, 2,93 euros para asuntos penales y 3,03 euros, el máximo, para problemas mercantiles, administrativos, fiscales o de seguros.
Son los precios que ofrece Legálitas en los contratos de arrendamiento de servicios de sus abogados externos, a los que ha tenido acceso infoLibre. La empresa establece una media diaria de consultas/tareas que también varía según la materia: 14 para asuntos fiscales, administrativos, mercantiles, penales y de seguros, 16 para laborales e inmobiliarios y 18 para civiles y de consumo. Si supera esa media de producción diaria, el abogado percibe un incentivo fijo de 200 euros al mes. En una jornada de ocho horas, a razón de entre 14 y 18 consultas/tareas, el abogado sólo puede dedicarle a cada una de ellas entre 26 y 34 minutos. A cambio, cobra entre 796,8 y 848,4 euros al mes. Si supera la media y recibe el incentivo, llega al mileurismo, entre 996,8 y 1.048,4 euros mensuales. Al menos en teoría. Porque de esa cifra bruta debe descontar 283,3 euros de la cuota de autónomos, las cuotas del colegio –60 euros– y del Consejo General de la Abogacía –10 euros–, el seguro de responsabilidad civil –35 euros– y el 21% de IVA. Además del IRPF, como cualquier asalariado.
Legálitas presume de haber “revolucionado la abogacía” y de haberse convertido en un “auténtico motor en la profesión”. Estandarte de la abogacía preventiva, ofrece una suerte de tarifa plana anual a cambio de asistencia jurídica. Por 14,99 euros al mes en su tarifa básica, 19,99 euros la tarifa plus –incluye defensa en juicios y recursos de multas– y 39,99 euros la premium, que permite “visitas al abogado en su despacho”, el cliente tiene un letrado disponible las 24 horas “con sólo una llamada”. Gracias a este sistema, asegura Legálitas, resuelve de forma extrajudicial el 95% de las consultas que recibe, de manera que sólo el 5% llega a juicio.
Un portavoz de la empresa rechaza que precarice el trabajo de los abogados. Por el contrario, argumenta, la “mayoría” de los abogados que atienden por teléfono a los clientes poseen “sus propios despachos profesionales” y colaboran con Legálitas como una forma de complementar sus ingresos”. “Les ayudamos a sobrevivir en muchos casos”, resalta. Por eso, “no tiene sentido” hablar de sueldos de 800 euros. De hecho, hay algunos que llegan a facturar hasta 3.000 euros al mes, apunta. A otros les basta con atender llamadas “durante un par de horas”. De acuerdo con los testimonios recabados por infoLibre, de cuatro a seis horas de trabajo al día les puede reportar poco más de 1.000 euros al mes. Eso sí, las tareas –pueden ser incluso recursos administrativos o contratos– pueden realizarlas “en el horario que consideren oportuno”, sin necesidad de comunicárselo a la empresa, mientras que las consultas telefónicas deben hacerlas en un horario previamente convenido con ella. Lo que multiplica la jornada reconocida.
Factura 50,7 millones
Sobre estos abogados telefónicos, el portavoz de Legálitas detalla que no sólo tienen “mucha experiencia” y están altamente especializados “en materias jurídicas muy concretas”, sino que también son “muy rápidos” y su calidad es “inigualable”. Como resuelven “todos los días el mismo tipo de consultas”, son muy ágiles en la gestión de las respuestas, lo que ahorra tiempo y dinero a la empresa y, por tanto, al cliente. Además, cuentan con “borradores de diferentes escritos” para facilitar y acelerar las tareas. “Máxima calidad” y “máxima eficiencia”, resume el método de trabajo, “debido a lo repetitivo de las consultas”.
Frente a estos 125 abogados externos, Legálitas cuenta con otros 275 en plantilla, ubicados en la sede de la firma en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Sus jornadas son de seis u ocho horas, “a su elección”, precisa la empresa, que les paga un salario “por encima de la media de la abogacía”, que está situada en 1.750 euros mensuales según los datos del Consejo General de la Abogacía. Además, Legálitas anuncia en su publicidad que pone a disposición de sus clientes 800 abogados en toda España, todos los citados más arriba y los que trabajan en su red de 277 despachos asociados.
Este nuevo modelo de asistencia legal a bajo coste ha sido todo un éxito económico. Con 300.000 clientes y atendiendo un millón de consultas anuales, Legálitas facturó 50,7 millones de euros en 2018, un 11,4% más que el año anterior. Es, por tanto, el sexto despacho nacional por su volumen de negocio. Pérez-Llorca y Gómez-Acebo & Pombo, dos bufetes tradicionales, le superan por poco –52 y 62 millones de euros, respectivamente–. Y por delante sólo quedan los tres gigantes de la abogacía nacional: Garrigues, Cuatrecasas y Uría Menéndez, que ingresaron entre 240 y 364 millones de euros en 2018. Desde noviembre del año pasado, forma parte del patronato de su fundación el exministro de Justicia Rafael Catalá, cuya presencia fue habitual en los actos públicos de la empresa mientras ocupó el cargo. Legálitas ya ha comenzado su expansión en América Latina; tras abrir una oficina en Miami tiene previsto extenderse por Colombia, Perú y México apoyándose en socios locales. En 2015, su presidente, Alfonso Carrascosa, acariciaba la idea de salir a Bolsa en el plazo de un par de años.
Sin quejas en el Consejo de la Abogacía
A preguntas de este periódico, el Consejo General de la Abogacía asegura que no ha recibido quejas de colegiados sobre las condiciones de trabajo en Legálitas, por lo que ha declinado un pronunciamiento al respecto. Tampoco el Colegio de Abogados de Madrid ha respondido sobre el asunto.
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En los contratos con sus abogados externos, Legálitas se cuida mucho de delimitar la frontera con el falso autónomo. Así, establece que el letrado “no tendrá ninguna dependencia técnica, ni respecto a la estructura disciplinaria, organizativa y jerárquica de Legálitas y su actividad se desarrollará, siempre y sin excepción alguna, con independencia, responsabilidad propia y plena autonomía organizativa, bien con medios propios o subcontratados, para el ejercicio de sus actuaciones, dedicando el tiempo que estime oportuno y siguiendo sus propios métodos y criterios […], conforme a su ciencia, su leal saber y entender, las prácticas y usos de la lex artis que le es exigida y con sujeción, naturalmente, a las normas deontológicas”. Pero las consultas y tareas que realice serán “propuestas” por la empresa, que le facilita los protocolos de atención al cliente y las herramientas informáticas necesarias para prestar el servicio –ni el ordenador ni la línea de internet ni los cascos, que debe aportarlos el abogado–. No le exige exclusividad, permitiéndole trabajar con otras redes de despachos y mantener sus propios clientes.
Sí está sometido a controles de calidad, “muy exhaustivos” según Legálitas, pero cuyo detalle su portavoz no quiere revelar por su carácter confidencial. Por el mismo motivo no desvela cuánto tiempo suelen permanecer estos abogados telefónicos en la empresa o cuál es su nivel de renuncias. Sólo apunta a que el índice de rotación es “especialmente pequeño”. Tampoco indica cuál es la edad o la experiencia de estos empleados o si penalizan de algún modo a los que no superan esos controles de calidad.
En el manual que Legálitas proporciona a los abogados con la guía de cómo deben atender las llamadas de los clientes, se les informa también de que se les controlará a posteriori a través de un muestra “representativa y aleatoria” por departamento y con otras cinco monitorizaciones por abogado y mes. Se les evalúa desde el estilo de comunicación hasta la gestión y la resolución de la llamada. Finalmente, el documento incluye un apartado para que los abogados aprendan a “ejercitar el músculo de la empatía” con el cliente, movilizando “la fuerza motivadora de la zona prefrontal izquierda del cerebro”. “Concéntrate en tus corazonadas o en tus percepciones sobre el estado emocional de la otra persona”, invita. En 26 minutos y por tres euros.
Ni Uber ni Glovo. Legálitas. La dinamitación de las relaciones laborales al uso no sólo afecta a los empleos situados a priori en la parte más baja de la escala salarial. La alianza entre nuevas tecnologías y modelos flexibles –o precarios– de trabajo se está extendiendo a todo tipo de profesiones, incluidas las de mayor cualificación. Aunque nacida en 1999, cuando internet todavía daba sus primeros pasos, Legálitas navega ahora en la cresta de la ola de los modelos de negocio basados en la conexión digital de trabajadores y clientes. Si Deliveroo y Glovo cuentan con una red de repartidores unidos sólo por una aplicación informática, que cobran entre tres y cinco euros por pedido, Legálitas tiene a 125 abogados, conectados con la empresa igualmente por una aplicación, que atienden por teléfono a los clientes desde sus domicilios o despachos y perciben entre 2,27 y 3,03 euros por consulta o tarea.