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A la futura ley de vivienda que negocia el actual Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos solo le queda despejar su principal obstáculo para ver la luz en el Congreso: el "mecanismo de contención o eventual bajada de los precios” de los alquileres en zonas tensionadas, según la literalidad del acuerdo que ambas formaciones firmaron en octubre de 2020 para desatascar los Presupuestos Generales. Problema: que donde los morados entienden en ese entrecomillado que hay que establecer precios máximos a los arrendamientos en determinadas zonas, los de Pedro Sánchez creen que la letra pequeña da pie a fórmulas alternativas como bonificar a propietarios por bajar los contratos u otras.
De momento, PSOE y UP se han puesto de acuerdo en que hay que congelar y prorrogar los contratos del alquiler en los barrios con precios abusivos, mientras las partes continúan reuniéndose hasta alcanzar un pacto. Y hay al menos cuatro autonomías que comparten la filosofía morada de poner un tope a los arrendamientos: Cataluña (algo obvio, puesto que el Govern promulgó en diciembre de 2019 una ley que ahora se encuentra recurrida por el Gobierno Central), Islas Baleares, Navarra y Comunitat Valenciana.
Excepto Cataluña, que ya sacó adelante un decreto ley, las demás no solo no apoyan la medida; según confirman los portavoces y cargos públicos consultados por infoLibre, las tres han solicitado a sus servicios jurídicos informes para comprobar si se produce una invasión de competencias inconstitucional, tal y como ha dictaminado el Consejo Consultivo de Catalunya. Según ha confirmado este medio, Navarra maneja informes favorables (dada su condición de comunidad foral), pero Baleares y Comunitat Valenciana no.
Pero ni mucho menos terminan ahí las medidas de estas regiones. Se han decretado expropiaciones de viviendas vacías a fondos de capital riesgo para fines habitacionales; se ha aplicado el derecho de tanteo y retracto para impedir operaciones inmobiliarias entre sociedades para alojar a personas necesitadas, llegándose a adquirir viviendas desde un euro; se ha multiplicado el parque de viviendas públicas protegidas y se ha concedido a dichas casas una protección de perpetuidad; en definitiva, hay autonomías muy activas en fórmulas directas para rebajar el precio de los alquileres sin establecer topes a dichos contratos. Y sin hacer tanto ruido como Cataluña.
Navarra
"En materia de vivienda aquí nos ha gobernado la derecha desde el siglo XIX hasta 2015". La frase corresponde a alguien del Gobierno navarro, compuesto por PSOE, Geroa Bai y Unidas Podemos. Y lo cierto es que la pequeña región foral emprendió medidas desde la pasada legislatura (coalición de Geroa Bai, EH Bildu y Podemos) que cada vez se tornan más y más ambiciosa. Y una bomba: el Ejecutivo autonómico tiene informes en su haber que contemplan una regulación sobre los precios de la vivienda muy parecida a la de Cataluña, actualmente recurrida por en teoría invadir competencias. Una decisión que está por adoptar, ya que actualmente se negocia la ley estatal de vivienda y podría ser un buen texto al que agarrarse Navarra para legislar después.
Más allá de la regulación de precios, el Gobierno de coalición navarro se ha puesto manos a la obra, ya que entiende que hay zonas muy tensionadas, especialmente en la capital pamplonica. Así y según declaró recientemente en el Parlamento de Navarra el vicepresidente y consejero de Vivienda de Navarra, José María Aierdi, lo primero es construir vivienda pública protegida: "De cumplirse nuestras previsiones, en ocho años, de 2015 a 2023, habremos duplicado el parque público de alquiler que se promovió durante los 30 años anteriores". De momento van casi construidas 600 VPO.
Y no solo: al final de la legislatura pasada se aprobó un decreto para expropiar viviendas vacías en manos de grandes tenedores, siempre que sean entidades jurídicas. Un decreto sobre el que se ha apoyado el vicepresidente Aierdi para identificar más de 3.000 viviendas, con alrededor de 600 expedientes iniciados para expropiar (algunas son "inhabitables", según portavoces de la Consejería). También se ha creado un Índice de Sostenibilidad del Alquiler para fijar un baremo de precios razonables en zonas tensionadas, y se han elaborado incentivos para bonificar a los propietarios que alquilen en los márgenes de dicho índice.
Este periódico ha preguntado al Gobierno del País Vasco –también con competencias forales– por la regulación de precios del alquiler y los dictámenes jurídicos sobre la legalidad de la medida: "No hemos solicitado ningún informe", señalan en la Consejería de Movilidad y Vivienda de Euskadi. Y lo argumentan con que el alquiler no es una práctica muy extendida en la región (en torno al 10%, según un informe del Observatorio Vasco de la Vivienda con datos de 2018). "No estamos en ese punto de contener el precio de los alquileres", dicen. Las diferencias entre una autonomía y otra dependen, en parte, del color político de los respectivos gobiernos.
COMUNIDAD VALENCIANA
De no ser por la ley catalana, el tripartito valenciano (PSPV, Compromís, UP) sería sin dudas el más ambicioso a la hora de promover alquileres asequibles. Desde luego es el más original, y ahí está el derecho de tanteo y retracto que el vicepresidente segundo y responsable de Vivienda autonómico, Rubén Martínez Dalmau (Unides Podem) no deja de aplicar siempre que puede: esta misma semana, la Generalitat ha ejercitado su derecho de adquisición preferente, el cual permite a una administración hacerse con un edificio o vivienda cuando se produce una operación de compraventa con terceros. Eso sí, por el mismo dinero que la oferta entre particulares y siempre que se trate de grandes tenedores (bancos, fondos de inversión).
Esta semana a través de esta fórmula la Generalitat ha abonado un euro por dos viviendas, y 29 euros por otra. No es la primera vez que ocurre algo así, pero tampoco es frecuente: "La media son 60.000 euros, pero aún así nos sale muy bien de precio", ironiza por teléfono Martínez Dalmau, quien confirma que reclamó un dictamen jurídico para controlar los precios pero que el resultado fue negativo. Por esta vía se han escriturado por ahora un total de 260 viviendas por un valor total de 8,9 millones de euros.
El dirigente de Podemos defiende su Plan 2.400 (más de 2.400 viviendas nuevas asequibles esta legislatura) y recuerda más medidas, además del tanteo y retracto: la compra directa justificada por urgente necesidad a bancos o fondos (137 viviendas por 8,9 millones de euros), el concurso de adquisición de vivienda y, finalmente, la "movilización de viviendas vacías". "Me resisto a llamar a esto expropiación", señala Martínez Dalmau, que recuerda que el siguiente paso es crear un "portal público que haga la función de agencia inmobiliaria". Un Idealista valenciano.
BALEARES
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Conocidos son los problemas habitacionales en Baleares, especialmente en islas más pequeñas como Ibiza o Formentera, pero también en Mallorca. Así que, aparte de medidas muy parecidas a las del caso navarro o valenciano, el director general de Vivienda balear, Eduardo Rosby, introduce un concepto novedoso: "La vivienda protegida a perpetuidad". No hay mucho que explicar: VPO que nunca dejan de ser VPO.
"Esto ya ocurre en Europa", defiende Rosby, quien cree que "la restricción o tope a los precios del alquiler, más un activo mercado de vivienda pública más otras medidas sí tienen efectos positivos sobre los arrendamientos". Rosby, por supuesto, reclamó un dictamen a sus servicios jurídicos y, como en el caso valenciano, la cosa fue en vano.
Por lo demás, el Gobierno balear (PSOE, Podemos y Més) ha iniciado un proceso de expropiación temporal a grandes tenedores (a partir de 10 o más viviendas), que suscitó una fuerte polémica en marzo de este año. "Era una medida que ya estaba en la ley de vivienda de 2008", explica Rosby. "En marzo de 2019 completamos el desarrollo reglamentario, cuando quisimos hacerla efectiva llegó la pandemia, y retrasamos la efectividad a marzo de 2021. Y estalló una polémica de repente". A través de esta vía, Baleares ha conseguido aflorar 700 viviendas, aunque no todas sirven para el parque de alquiler "porque puede haber chalés que no cumplen esa función". De esas 700, se ha iniciado un expediente de expropiación sobre 56. Y el compromiso del Ejecutivo autonómico es multiplicar por dos el parque actual de VPO, con 1.800 casas.
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