Más Madrid ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción donde le pide que abra diligencias y ejercite acciones penales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y los socios de la empresa MC Infortécnica SL, así como contra la exviceconsejera de Economía de la Comunidad de Madrid Eva Piera y directivos y altos cargos de Avalmadrid, por los delitos de alzamiento de bienes, tráfico de influencias, trato de favor y administración desleal. El partido que encabeza Íñigo Errejón solicita así que se nombre un fiscal especial para dirigir la investigación sobre las irregularidades en la concesión de avales que ya fueron descubiertas por el Banco de España en su inspección a Avalmadrid, la sociedad de garantía recíproca participada por la Comunidad de Madrid, así como sobre el trato de favor dispensado por esta firma semipública a la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Díaz Ayuso, tal y como ha publicado infoLibre.
Según la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, el delito de alzamiento de bienes lo pueden haber cometido no sólo Díaz Ayuso, sino también sus progenitores y los otros tres matrimonios propietarios de MC Infortécnica SL, una empresa de suministros médicos que consiguió un aval de 400.000 euros para pedir un préstamo a Caja España. Nunca lo devolvió y Avalmadrid tampoco reclamó después los bienes personales que los socios pusieron de garantía, por lo que éstos aprovecharon para donarlos a sus hijos –la presidenta de la Comunidad madrileña y su hermano– o transmitirlos a terceros e impedir así que les fueran embargados para cubrir la deuda.
El escrito aprecia la existencia de “indicios muy consistentes” de la “clara voluntad de perjuicio” a Avalmadrid por parte de los socios de MC Infortécnica, mediante un “plan orquestado”. De hecho, destaca Más Madrid que si bien las primeras transmisiones de estos bienes se realizaron en 2011, “el delito no se perfecciona hasta el último hecho de alzamiento”, que se produjo en 2016, cuando se terminó de vender el último inmueble. También cometen el delito de alzamiento de bienes quienes, como Díaz Ayuso y su hermano, aceptan la donación que puso fuera del alcance de Avalmadrid los bienes utilizados como garantía. En este caso se trató de dos pisos situados en Madrid y en Sotillo de la Adrada (Ávila), respectivamente. Además, destaca la denuncia, la participación de Isabel Díaz Ayuso en el delito sería aún mayor porque la información “privilegiada y confidencial” que obtuvo en razón de su pertenencia al PP permitió a sus padres “adelantarse al resto de los socios” en la desaparición de los bienes personales en juego y hacerlo con los propios “en menos de cuatro meses”.
Precisamente por haber obtenido esa información confidencial “prevaliéndose de sus relaciones personales”, apunta Más Madrid, Isabel Díaz Ayuso también puede haber cometido un delito de tráfico de influencias. La hoy presidenta de la Comunidad madrileña solicitó a un directivo de Avalmadrid datos sobre la solvencia, facturación y clientes de las empresas de los socios de sus padres, una información protegida por el deber de confidencialidad, señala el escrito. El contacto del directivo se lo había facilitado a Díaz Ayuso previamente Eva Piera Rojo, entonces viceconsejera de Economía y miembro del consejo de administración de Avalmadrid. Y lo hizo sólo un día antes de que la primera fuera nombrada diputada de la Asamblea de Madrid. Hasta ese momento era la responsable de las redes sociales de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.
En contra de la opinión del analista de riesgos
Respecto al trato de favor, la denuncia apunta también hacia los directivos y altos cargos de la entidad que primero concedieron el aval a MC Infortécnica SL y luego fueron negligentes en el proceso de recuperación de la deuda. Así, relata Más Madrid, el aval fue aprobado a pesar de la cautela expresada por el analista de riesgos, quien advirtió al entonces director general, Juan Luis Fernández Rubíes, de que el valor de tasación del inmueble utilizado como garantía –la nave de Sotillo de la Adrada– era “manifiestamente inferior al importe del crédito solicitado” por la empresa. Además, le avisó de que la nave podía ser demolida. Pese a ello, Fernández Rubíes le contestó en un correo electrónico con un lacónico y explícito “Ok. Adelante”. La operación se firmó en marzo de 2011. La empresa no llegó a pagar ni el primer plazo de devolución, fijado para el mes de noviembre de ese año. Pero, como queda dicho, Avalmadrid no ejerció acción alguna para hacerse con los bienes utilizados como garantía.
Pese a que su comité de morosidad decidió en abril de 2012 y, de nuevo, en noviembre de ese año cancelar el préstamo y ejecutar la citada nave y los bienes personales de los socios, Avalmadrid no movió un dedo, pese a que sus propias normas le obligan a actuar en un plazo de 15 días. En realidad, tardó siete meses en encargar a Cobralia, su empresa de recobro, que reclamara el inmueble en el juzgado. Casi tres años después, en 2015, Avalmadrid no respondió cuando Cobralia le preguntó si actuaba contra los socios de MC Infortécnica SL. Y no fue hasta abril de 2018 cuando el juzgado adjudicó la nave a Avalmadrid. Mientras, los otros tres matrimonios habían vendido ya sus inmuebles a familiares y terceros, relata la denuncia.
Para Más Madrid, los directivos de la sociedad de garantías favorecieron a unos acreedores frente a otros y mostraron un “temerario desprecio” por sus propios protocolos internos, “desoyendo a los órganos de control de la morosidad, incumpliendo los plazos de judicialización de la deuda y no colaborando en su reclamación al traspasar su recobro a un tercero”.
Pregunta al Servicio Vasco de Salud
Errejón lamenta que la comisión de Avalmadrid "ya está sufriendo trabas" por culpa del PP
Es más, el partido destaca que Avalmadrid no contestó ni reaccionó a los burofaxes que uno de sus diputados, Eduardo Gutiérrez, envió tanto a la presidenta, Rosario Rey, como al director general, Pedro Embid, instándoles a emprender acciones legales para recuperar la deuda. De ahí que considere a los responsables de Avalmadrid culpables de un delito de administración desleal, tras recordar que el trato de favor a empresas vinculadas a su cúpula ya ha sido descubierto por el Banco de España e incluso por la propiedad sociedad de garantías en una denuncia ante la Fiscalía que ésta archivó por considerar prescritas las operaciones.
La denuncia de Más Madrid también pide a la Fiscalía Anticorrupción que pregunte al Servicio Vasco de Salud si realmente le adjudicó a la empresa de los padres de Ayuso el suministro de equipos médicos cuya compra MC Infortécnica SL esgrimió como destino del préstamo de 400.000 euros que quería solicitar a Caja España. El partido quiere comprobar así si ha existido o no una posible “simulación” de operación comercial para obtener el aval. Además, hace una segunda petición: que solicite a Telecinco la grabación de la entrevista que le concedió Isabel Díaz Ayuso el pasado 26 de agosto, donde “reconoció tanto el posible tráfico de influencias como la finalidad perseguida con la donación de bienes por sus padres, que no era otra que evitar que acreedores pudieran satisfacer su crédito”, sostienen los denunciantes.
Finalmente, Más Madrid resalta el carácter público de la sociedad de garantías madrileña, rechazado por el PP, asegurando que entre la Comunidad de Madrid y Bankia –propiedad del FROB en un 61,7%– poseen seis de los 10 miembros del consejo de administración, así como un 80% del capital si se excluyen las acciones en manos de los socios partícipes. Éstos son los clientes de Avalmadrid, los empresarios y autónomos que deben adquirirlas cuando consiguen un aval y cuyo número e identidad varían según son afianzados o cancelan su deuda. Incluidos los partícipes, la Comunidad de Madrid cuenta con un 26,1% del capital y Bankia, con un 25,3%. Pero llegaron a tener el 31% y 30,1%%, respectivamente, en 2013.
Más Madrid ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción donde le pide que abra diligencias y ejercite acciones penales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y los socios de la empresa MC Infortécnica SL, así como contra la exviceconsejera de Economía de la Comunidad de Madrid Eva Piera y directivos y altos cargos de Avalmadrid, por los delitos de alzamiento de bienes, tráfico de influencias, trato de favor y administración desleal. El partido que encabeza Íñigo Errejón solicita así que se nombre un fiscal especial para dirigir la investigación sobre las irregularidades en la concesión de avales que ya fueron descubiertas por el Banco de España en su inspección a Avalmadrid, la sociedad de garantía recíproca participada por la Comunidad de Madrid, así como sobre el trato de favor dispensado por esta firma semipública a la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Díaz Ayuso, tal y como ha publicado infoLibre.