“Aquí no hay ganadores, lo único que podemos hacer es repartir la pérdida y en ese repartir la pérdida lo que no puede suceder es que acabemos generando un círculo vicioso en el que los salarios intenten recuperar todo el poder adquisitivo perdido”. Fue el argumento empleado por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el pasado noviembre para reclamar un pacto de rentas en España con el que atajar la inflación. En aquel momento el IPC aún no había alcanzado el 6,5% de récord con que acabó el año, pero ya se habían disparado las alarmas entre instituciones internacionales, economistas y gestores políticos.
De momento, todos ellos encaran la elevada inflación como un fenómeno temporal causado por el encarecimiento de la energía y agravado por el efecto estadístico de comparar los precios de 2021, en plena escalada por la recuperación económica, con los del año 2020, en el que la paralización los hundió. Pero no dejan de mostrar el temor a los llamados efectos de segunda ronda: el aumento de precios propicia una subida de salarios que, a su vez, empuja a una nueva alza de precios que convierte la inflación en un elemento estructural.
De ahí que Hernández de Cos propusiera como solución un pacto que modere “por una parte, los márgenes empresariales; por otra, los salarios, y una tercera parte que sea cubierta [por el Estado] con déficit público para ayudar a los más vulnerables”. “No nos tomemos esto como que es exógeno. Es exógeno, pero que se convierta en sólo temporal depende mucho de los agentes económicos”, recalcó. La semana pasada, el gobernador del Banco de España reiteró su propuesta en TVE. Si se produce una “espiral viciosa” de aumento de márgenes, precios y salarios, se generarán en su opinión pérdidas de competitividad y de empleo. Aunque, por el momento, precisó también, lo que observa es una moderación de los salarios, y no sólo en España.
La oferta de Hernández de Cos no ha suscitado entusiasmo. Los sindicatos no quieren ni oír hablar de contención salarial cuando a la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde la anterior crisis se le está sumando la de un 2021 donde la media de subida de los salarios en convenio no ha llegado al 1,5%. UGT y CCOO urgen a la patronal a sentarse a discutir cuanto antes el Acuerdo de Negociación Colectiva para los próximos años. Y al Gobierno a decidir ya la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros. Pero ni una ni otra mesa tienen aún fecha, según admite a infoLibre el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya.
Tampoco el Ministerio de Trabajo ha prestado mayor atención a la propuesta. Tras dejar claro que la negociación salarial “sólo compete a los interlocutores sociales”, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se mostró partidario de “dejar atrás la devaluación salarial” y de que los sueldos “remuneren adecuadamente el trabajo que se presta”. “Los responsables de la inflación no son los salarios”, resaltó en La Sexta, para apuntar después que la reforma laboral va precisamente en la dirección de subir los sueldos.
Ni en la CEOE han aplaudido la propuesta. “Vemos deseable un pacto de contención con los sindicatos, que marque una senda salarial razonable en el tiempo para dar tranquilidad a empresas y trabajadores”, aseguran fuentes de la patronal, que no quieren pronunciarse sobre la moderación de márgenes empresariales que también recomendaba el gobernador del Banco de España. No obstante, el vicepresidente de la CEOE Íñigo Fernández de Mesa cifró en un 10% la caída de los márgenes de las empresas por culpa de la pandemia. Lo dijo en noviembre, nada más plantear Hernández de Cos el pacto de rentas, que Fernández de Mesa consideró entonces innecesario porque la inflación no va a durar demasiado.
Para Mariano Moya, el problema se encuentra precisamente en los márgenes empresariales. “Controlar los salarios es muy fácil, ¿pero quién determina los márgenes de las empresas?”, se pregunta. El dirigente de UGT asegura que, cuando se firma la moderación salarial, ésta se cumple, pero no ocurre lo mismo con la contención de los márgenes de las empresas. “Si quieren un pacto de rentas, deben presentar propuestas concretas de contención de todas las rentas”, protesta el secretario de Política Social de CCOO, Carlos Bravo, “no sólo de algunas de ellas”. Algo que no se ha hecho nunca, advierte, cuando se trata de que “no se distribuyan los beneficios empresariales ni se retribuya el capital y eso se dedique a reforzar a las empresas, aumentar sus reservas y generar empleo”.
Cláusulas de revisión salarial
La inflación media acabó en 2021 en el 3,08% y es la medida que se ha adoptado, por ejemplo, para subir las pensiones. Es menos de la mitad de la subida de los precios con que ha terminado diciembre, ese 6,5% que no se veía en España desde mayo de 1992, el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Tomando ese valor medio, sólo el 6,4% de los 7,67 millones de trabajadores protegidos por un convenio colectivo mantendrán su poder adquisitivo. Apenas 495.096 personas, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo. Un total de 131 convenios, de los 2.886 registrados y con efectos económicos en 2021 incluyen una subida salarial superior al 3%. La media de ese tramo es del 4,66% de mejora retributiva.
Es el caso de los empleados de Mercadona, que tendrán un alza del 6,5% porque su convenio establece una subida anual del salario base igual a la que experimente el IPC “tomando como referencia la tasa anual del IPC general del mes de diciembre publicado por el INE”. Pero no son habituales los convenios referenciados al IPC. Al menos no desde 2012, recuerda Mariano Hoya. “Son muy pocos, lo normal es que se pacte una cifra cerrada de un solo dígito y se añada una cláusula de revisión salarial”, aclara el dirigente de UGT. No obstante, también las cláusulas de revisión han dejado de ser populares. Sólo 1,2 millones de trabajadores cuentan con una en sus convenios.
Y por ahí quieren transitar de nuevo los sindicatos a la hora de reclamar subidas salariales este año. En una entrevista en La Vanguardia, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha concretado en el “entorno del 5%” las mejoras retributivas que quieren reclamar este año a la patronal, pero con el añadido de una cláusula de revisión que complemente al final del año lo que haya subido el IPC por encima del aumento pactado en el convenio. Mariano Hoya, además, apunta a otra fórmula: moderar la subida a cambio de reducir la jornada a la búsqueda de las 32 horas semanales, “para repartir el tiempo de trabajo entre todos”.
Para Carlos Bravo, es posible combatir la pérdida de poder adquisitivo provocada por un IPC al galope actuando en tres frentes: subiendo el SMI, recuperando las cláusulas de revisión salarial y utilizando la inflación media como referencia en lugar de la inflación final del año. Ese parámetro, explica, es “más suave tanto hacia arriba como hacia abajo, y neutra en términos agregados”.
La inflación seguirá alta en 2022 y tirará de los salarios mientras la economía retardará su recuperación
En la actualidad, únicamente el 15,8% de los convenios –426 en números absolutos–, cuentan con una cláusula de revisión salarial. Lejos del 34,1% que la incluían en 2011. Desde la reforma laboral de 2012, las cláusulas comenzaron una lenta desaparición que llegó a un mínimo del 7,7% de los convenios en 2015. Desde entonces se han recuperado, pero no igualan las cifras anteriores a la reforma del PP. Carlos Bravo destaca que estas cláusulas “no son inflacionistas”, por lo que a su juicio es preferible acudir a ellas en lugar de poner el foco en una subida inicial más elevada.
Salarios congelados y anémicos
Como precisó el gobernador del Banco de España, las subidas salariales son aún moderadas. Los trabajadores de las antiguas cajas de ahorro tendrán un aumento del 0,75%; los de banca, un poco más, un 1% en 2022 y un 1,25% en 2023. Los de las grandes superficies comerciales, desde El Corte Inglés hasta Leroy Merlin, aumentarán sus sueldos un 1% este año y otro 1% el próximo. El sector de la construcción pactó una subida del 2,5% para 2021. Entre las grandes compañías, Telefónica aplicará una mejora del 1% este ejercicio y de un 1,5% en 2023, pero con cláusula de revisión salarial. La plantilla de Renault, en cambio, tuvo congelados los sueldos en 2021 y volverá a tenerlos este año. En 2023 sólo subirán un 0,5% más otro 0,5% si la empresa cumple ciertos objetivos en 2022. Pero también disfrutan de una cláusula de revisión salarial. En total, según las estadísticas de Trabajo, 1,2 millones de asalariados han visto sus nóminas congeladas, y otros 1,13 millones no han llegado ni al 1%.
De acuerdo con los datos de Comisiones Obreras, el salario real de 2019 era un 6,2% inferior al que se cobraba en 2008 por realizar el mismo trabajo. La reforma laboral devaluó los salarios, pero vino acompañada durante toda la recuperación de un IPC con valores negativos, por lo que la pérdida de poder adquisitivo se atemperó. El sindicato ha hecho unos cálculos sobre el efecto de la inflación en los salarios cobrados en la Comunidad de Madrid. Entre 2012 y 2019 –es decir, sin contar con la hiperinflación de 2021–, el salario mediano nominal creció 1.773,37 euros. Pero el salario mediano real, contada la inflación acumulada durante ese periodo, sólo aumentó 723,61 euros. Y eso que la subida media pactada en los convenios colectivos madrileños fue superior a la nacional, un 1,75%. Mientras, el PIB regional mejoraba nada menos que un 23,6%.
“Aquí no hay ganadores, lo único que podemos hacer es repartir la pérdida y en ese repartir la pérdida lo que no puede suceder es que acabemos generando un círculo vicioso en el que los salarios intenten recuperar todo el poder adquisitivo perdido”. Fue el argumento empleado por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el pasado noviembre para reclamar un pacto de rentas en España con el que atajar la inflación. En aquel momento el IPC aún no había alcanzado el 6,5% de récord con que acabó el año, pero ya se habían disparado las alarmas entre instituciones internacionales, economistas y gestores políticos.