Ya es oficial y van tres distintas en 2024. Este martes 18 de junio ha quedado constituida la mesa para la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) que el fondo británico Zegona ha impulsado en Vodafone España para un máximo de 1.198 trabajadores, lo que supone el 36,65% de una plantilla, que esta integrada por 3.268 empleados.
El despido colectivo llega como el impacto de un buque poco después de que una nueva dirección se haya puesto este mismo junio al frente de la compañía, tras la toma de control por parte de Zegona, una empresa que opera como vehículo de inversión en el sector europeo de tecnología, gracias a una operación de venta valorada en 5.000 millones de euros.
Vodafone España, con una cuota de mercado de líneas móviles superior al 20%, es el tercer operador del mercado nacional después de Telefónica y de Masorange, esta última fruto de la fusión entre Orange España y MásMóvil, que empezó a actuar el pasado abril, según fuentes del sector. Facturó en su último ejercicio 3.846 millones, lo que fue un 1,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, tras una caída en los ingresos por servicio, aunque llegó a lo 3.429 millones, a la luz de los datos que comunicó la entidad al organismo regulador británico.
La compañía justifica ahora poner en la calle a hasta casi 1.200 personas por razones "económicas, productivas y organizativas, determinadas por el fuerte deterioro financiero y comercial", pues, según asevera, sus ingresos totales han caído un 8% y ha perdido aproximadamente 400.000 clientes de contrato en los dos últimos años. A esto, suma la "necesidad urgente", a juicio empresarial, de efectuar un cambio organizativo y operativo, para redimensionar la organización, adaptarla a la nueva realidad del mercado y recuperar la competitividad.
Este ERE es el quinto que acumula la compañía en una oleada que arrancó en 2013. Entre estos y externalizaciones, se han contabilizado desde entonces 3.481 personas afectadas, 3.121 de ellas se han quedado sin empleo por el camino, de acuerdo a las cifras que maneja CCOO. Es decir, desde 2013 la "sangría" laboral superaría los 4.300 trabajadores, agregados los despidos de 2024.
Rechazo sindical unánime
Los sindicatos buscarán doblarle el pulso a la empresa para reducir el número de afectados y lograr las mejores condiciones para los que se vean obligados a dejar sus puestos. De arranque, Vodafone ha ofrecido indemnizaciones de "24 días, con un tope de 14 mensualidades, un plan de recolocación externo y convenio especial de la Seguridad Social para mayores de 55 años", según fuentes sindicales. Las negociaciones entre ambas partes pueden extenderse hasta el próximo 17 de julio.
De momento, UGT, CCOO y STC han rechazado con rotundidad el ERE y solicitado su retirada. El último, al entender que la viabilidad de la compañía pasa por el mantenimiento de los puestos de trabajo, reclama que haya un 100% de voluntariedad. Del lado de UGT, adelantan que presentarán "una memoria económica alternativa" a la que les ha entregado la empresa e iniciarán "un proceso de protestas" al considerar "injustificable" que la compañía se agarre a "unas pérdidas económicas que eran conocidas y pudo constatar en la due dilingence previa a la compra" para "destruir el futuro de 1.198 familias". Y desde CCOO garantizan que trabajarán "de manera minuciosa intentando desmontar" las "argumentaciones" de Zegona para, "en todo caso, estudiar opciones que tengan que ver con procesos basados en la voluntariedad o con alternativas pactadas que enlacen con la jubilación, como se plantea en otras operadoras del sector". Exigen, asimismo, garantías de empleo para el futuro.
Un sector en horas bajas laborales
Y es que, el nuevo ERE en Vodafone se producirá en un sector ya cojo, al encadenarse a los atravesados en otras empresas como Telefónica y Avatel Telecom en los últimos meses. El de la multinacional española se cerró de forma definitiva este febrero con la expulsión de 3.421 trabajadores de forma voluntaria de sus tres principales filiales en España, Telefónica de España, Móviles y Soluciones. En el caso de Avatel Telecom, el expediente de regulación se ha saldado este mismo junio con la marcha de 674 empleados y contempla de la misma forma adhesiones voluntarias.
¿Qué esta pasando? El responsable de Acción Sindical en Vodafone de UGT, Diego Gallart, apunta a "la regulación del mercado de las telecomunicaciones que se ha impulsado desde la Unión Europea, y con la aquiescencia de los gobiernos españoles que no la han modulado nada". Se explica: "Se ha optado por una competencia basada únicamente en una guerra de precios con la idea de que eso iba a beneficiar al usuario final, pero lo cierto es que ha llevado a las operadoras que invierten en infraestructuras y en plantillas a tener que revender sus redes para que las operadoras virtuales, que no invierten en nada, bajen los precios de manera artificial y a una destrucción de ingresos". Alude a entes como Digi Mobil o Pepephone, que "llegó a tener alrededor de dos millones de clientes con 15 personas porque no hacía nada, excepto facturar", afea.
Gallart sostiene que, "en lugar de reconocer el error, se ha incidido en él, tanto en la legislación europea como en la española", lo que "ha provocado una situación en la que las operadoras, dada la magnitud de la pérdida de ingresos, han empezado a ajustar sus costes y lo primero en tocarse suele ser la plantilla". Incide en que "la legislación que iba a beneficiar supuestamente a los usuarios finales, está destruyendo riqueza, porque estas plantillas son de las mejores pagadas de España y toda esta destrucción de empleo es gasto que no se genera en las economías locales, lo que acaba empobreciendo al país", argumenta. En UGT tienen un temor sólido en ese sentido: "Las operadoras españolas que han sido líderes, hasta el punto de que somos uno de los principales países en fibra desplegada, no pueden seguir afrontando los costes que tienen y esto va a ser una pérdida en infraestructuras y está siendo una pérdida económica real. Se han destruido en los últimos años en torno a los 50.000 puestos de trabajo en el sector de las telecomunicaciones nacional", avisa. En CCOO tampoco son ajenos a "la deficiente regulación" de ese mercado, ni a "la feroz competencia de las low cost y los operadores virtuales", si bien matizan que "estos problemas son comunes a más empresas", incluso de otras áreas de actividad, y hay que buscar soluciones.
"El ministro se ha dejado engañar"
De vuelta al ERE en concreto de Vodafone, UGT "culpa" al ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, "de parte de lo que está pasando", dado que, cuando el Gobierno autorizó la venta de Vodafone al fondo británico "no pidió ninguna garantía de empleo y se ha dejado engañar", resume Gallart. "Una empresa que para su viabilidad necesita tocar la masa salarial –señala–, le ha prometido inversiones para mantener y mejorar la red. Eso no es creíble, si para sobrevivir necesitas tocar la plantilla, no vas a hacer inversiones", desliza el responsable sindical.
Por su parte, en CCOO quieren dejar claro que "la plantilla de Vodafone/Zegona no se merece este trato, este continuo menosprecio a su aportación a la compañía". "No puede ser que con una mano se pidan fondos europeos para fomentar el empleo y con la otra se destruya el mismo", concluyen, para rematar: "Y aquí es donde también trataremos de ejercer presión política para la prevención de dudosas compra-ventas que puedan encubrir movimientos exclusivamente lucrativos".
Ya es oficial y van tres distintas en 2024. Este martes 18 de junio ha quedado constituida la mesa para la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) que el fondo británico Zegona ha impulsado en Vodafone España para un máximo de 1.198 trabajadores, lo que supone el 36,65% de una plantilla, que esta integrada por 3.268 empleados.