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La mitad de los empleados de la Seguridad Social se jubilará en los próximos 10 años

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La mitad de los empleados de la Seguridad Social se jubilará en los próximos 10 años. Más de 12.000 personas. Dentro de cinco, el 20% ya habrá cumplido los 65 años y dejará de trabajar. Es el resultado inevitable de un envejecimiento de la plantilla que se agrava cada año por la falta de repuesto. De forma que ahora ya el 80% de los trabajadores de la Seguridad Social tiene más de 50 años, 16 puntos por encima de la media del resto de la Administración del Estado. Y sólo 40 de sus empleados están por debajo de los 30 años.

Según un informe elaborado por CCOO, la Seguridad Social ha perdido 4.249 empleados desde 2009. Como la oferta de empleo público ha sido escasa por culpa de los recortes de gasto, casi el 16% de los puestos de trabajo existentes, 4.751, se encuentran sin cubrir. También el sindicato CSI-F ha hecho públicas sus propias cifras. La Seguridad Social, asegura, ha perdido un empleado público cada cuatro días desde 2012. Y UGT ha escrito una carta a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la que denuncian que este organismo está “condenado a la extinción”. Se refiere al cierre de centros de atención al público “que la Administración enmascara como reorganizaciones”. De forma que el 27% de las oficinas de la Seguridad Social están atendidas por dos o tres trabajadorespor dos o tres trabajadores, “y en algunos casos por uno solo”.

Los sindicatos coinciden en que se está llevando a cabo el “desmantelamiento programado del mayor servicio público de España”. Ponen como ejemplo la pérdida de personal laboral en estos años. En toda la Administración del Estado, el número de funcionarios ha caído un 11,25% desde 2009, pero un 18,77% el de los laborales. En la Seguridad Social, hay comunidades autónomas donde la pérdida de personal laboral alcanza el 36,18%, como Cataluña, o roza el 30% como Murcia o Aragón. El motivo, explica CCOO, es doble.

Por un lado, la privatización de servicios. Que es mayoritaria en áreas como la Gerencia de Informática, donde el número de trabajadores pertenecientes a subcontratas duplica el de empleados públicos, que asciende a 1.202, 1.160 funcionarios y 42 laborales. El Tribunal de Cuentas denunció en su día la “carencia de personal propio” como un “problema de carácter estructural” de la Gerencia. Pero la externalización es una ola que se ha extendido a todo tipo de servicios en todos los organismos públicos, desde la limpieza hasta la vigilancia. CSI-F denuncia que esa política privatizadora está acabando así con el personal laboral de los grupos de titulaciones inferiores, e incluso aboca a la desaparición al grupo E, del que sólo quedan en toda la Administración del Estado 241 trabajadores. Entre los grupos C1 y C2 se han perdido desde 2010 un total de 12.681, el 71% de los 17.930 funcionarios que han desaparecido en toda la Administración estatal en los últimos seis años.

En la Seguridad Social, la última convocatoria específica se hizo en 1999 y fue para auxiliares. En los últimos años, sólo se han convocado plazas para los niveles superiores, A1 y A2, pero en muy escaso número, advierte CCOO. El único aumento parcial de personal, explica el sindicato en su informe, se produjo en 2012 en el INSS, la Tesorería General y el Instituto Social de la Marina, y se trató de un traslado de funcionarios que supuso el ingreso de 1.158 trabajadores de otros servicios públicos. Sin embargo, “sólo fue un espejismo”, apunta, porque al año siguiente, en 2013, el número de empleados de la Seguridad Social cayó un 2,44% y quedó incluso por debajo de la plantilla que tenía en 2011.

La Seguridad Social también está privatizando gestiones que hasta ahora realizaban los funcionarios, como las vidas laborales o la atención telefónicaatención telefónica. Mientras, por culpa de la falta de personal, en los CAISS (Centros de Atención e Información de la Seguridad Social) tardan hasta un mes en dar una cita a los usuarios que quieren informarse sobre su futura pensión, por ejemplo.

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Sólo ha habido una comunidad autónoma donde el personal laboral ha crecido en los últimos seis años, y mucho, un 71%: Castilla y León. Según explica CCOO, el motivo es la creación de los Centros de Referencia Estatal del Imserso, que es una entidad gestora de la Seguridad Social aunque adscrita al Ministerio de Sanidad. De los nueve centros existentes o en construcción, cinco se encuentran en Castilla y León. Y sus plantillas se han formado con laborales. El Imserso es el único organismo de la Seguridad Social donde este tipo de personal supera al funcionario; de hecho, lo quintuplica: hay 1.871 de los primeros por sólo 348 de los segundos.

Al tiempo, casi ha desaparecido en la Seguridad Social el personal estatutario, como los médicos de sanidad marítima. Desde 2009 su número se ha reducido un 80,5%.

A la vista de este panorama, los sindicatos reclaman que se considere a la Seguridad Social como centro de cobertura prioritaria en la próxima Oferta de Empleo Público, de forma que se cubran el 100% de las vacantes. De momento, el Gobierno sólo ha avanzado su intención de superar el 100% de las jubilaciones en Educación, Sanidad y Justicia, pero sólo el 50% en el resto de las áreas. CCOO pide también una oferta de empleo público extraordinaria y CSI-F un plan de choque para toda la Administración del Estado. De los 190.858 empleados públicos estatales, 122.193 superan los 50 años, un 24% más que en 2010. Y únicamente 1.338 tienen menos de 30. En el Ministerio de Fomento sólo hay cuatro trabajadores por debajo de la treintena; en el de Industria, nueve. Este jueves se reúne la Mesa General de las Administraciones Públicas, donde los sindicatos pedirán al Gobierno que ponga freno a la extinción.

La mitad de los empleados de la Seguridad Social se jubilará en los próximos 10 años. Más de 12.000 personas. Dentro de cinco, el 20% ya habrá cumplido los 65 años y dejará de trabajar. Es el resultado inevitable de un envejecimiento de la plantilla que se agrava cada año por la falta de repuesto. De forma que ahora ya el 80% de los trabajadores de la Seguridad Social tiene más de 50 años, 16 puntos por encima de la media del resto de la Administración del Estado. Y sólo 40 de sus empleados están por debajo de los 30 años.

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