El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció hace dos semanas que el Gobierno quiere estimular el regreso al trabajo de las mujeres que quieren ser madres. Esos nuevos –aunque no tanto– incentivos fiscales formarán parte del Plan Integral de Apoyo a la Familia, cuya aprobación por el Consejo de Ministros se prevé próxima. De momento, sólo se sabe que fomentará “la conciliación y la corresponsabilidad familiar, laboral y personal, para favorecer el acceso y permanencia en el mercado de trabajo”. A tenor de las estadísticas, este tipo de medidas se revelan necesarias y urgentes: en España la tasa de empleo de las mujeres con hijos es sólo del 55,1%, una de las más bajas de la UE, mientras que en Alemania alcanza el 72,7%. El dato español baja hasta el 48,8% si la mujer tiene tres hijos o más.
Tampoco deberían extrañar las cifras: la única ayuda estatal que pueden recibir las madres trabajadoras españolas son los 100 euros de deducción fiscal por cada hijo menor de tres años que el mismo Montoro aprobó hace 12 años y cuya creación anunció por error en un acto público el pasado 7 de abril. Es más, recién llegado al poder, y como parte de la reforma laboral, el PP suprimió los incentivos para reincorporar a las mujeres al mercado laboral tras el permiso de maternidad. Hasta febrero de 2012, las empresas percibían 1.200 euros anuales durante cuatro años por cada mujer que volvía al trabajo después de tener hijo.
De modo que, en el ámbito estatal, sólo quedan los escuetos 291 euros anuales –24,25 euros al mes– por cada hijo menor de 18 años que se cobran si los ingresos del padre o la madre son mínimos: inferiores a los 11.519 euros anuales.
Para encontrar otro tipo de ayudas hay que acudir a las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Madrid, por ejemplo, permite deducirse 600 euros por el primer hijo si la base imponible de la declaración no supera los 25.620 euros –36.200 euros si es conjunta–. Cataluña ofrece 650 euros de descuento fiscal, también con el correspondiente tope de ingresos –14.000 euros anuales para una familia de tres miembros–.
En resumen, nada que ver con Alemania, donde casi dos tercios de las madres trabajan. Ellas –o sus parejas– reciben el Elterngeld, entre 300 y 1.800 euros al mes durante 14 meses, tanto si están en el paro como si trabajan a tiempo parcial. La ministra de Familia, Manuela Schwesig, acaba de presentar una propuesta para extender la ayuda a un máximo de 28 meses –Elterngeld Plus–. Hasta ahora el Gobierno alemán se gastaba 5.300 millones de euros en incentivar el regreso de las mujeres al mercado de trabajo tras la maternidad. La ampliación le va a costar 100 millones más, según publica el Frankfurter Allgemeine Zeitung.
O abandono o excedencia
En comparación, pues, las probabilidades de que una española deje de trabajar tras el parto o pida una excedencia duplican las de una alemana. Las estadísticas más recientes se remontan, en el mejor de los casos, a 2012 y proceden de Mujeres y Hombres en España, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) en colaboración con el Instituto de la Mujer. En otros, el INE no tiene cifras posteriores a 2010. Las tasas de empleo con las que comienza esta información son también de 2012 y la fuente es Eurostat, la oficina estadística de la UE.
Así, del total de 850.000 personas que en 2010 dejaron de trabajar o lo hacían a tiempo parcial porque tenían que cuidar a sus hijos, 811.000 eran mujeres, el 95,4%. De ellas, fueron 273.000 las que abandonaron su empleo, el 38,2% durante más de un año. Otra opción es la excedencia, por la que optaron 226.900 trabajadoras, el 93,3% de quienes eligieron esa vía para atender a su familia. Finalmente, el 21% redujo el número de horas de trabajo. El contrato a tiempo parcial, de hecho, es un contrato tradicionalmente femenino: las mujeres con este tipo de jornada triplican a los hombres. A diferencia de Alemania, además, casi el 60% de estos trabajadores ha firmado un contrato a tiempo parcial porque no ha podido encontrar uno de ocho horas. Es decir, están subempleados. El 16% de las mujeres alega el cuidado de los hijos como motivo para optar por la media jornada; ésa es la razón que esgrimen sólo el 1,7% de los hombres.
Guarderías caras
Para completar el panorama que dibujan los datos, hay que destacar que el 60% de las mujeres que dejaron de trabajar o empezaron a hacerlo a tiempo parcial para encargarse de sus hijos dicen que se vieron obligadas a ello por el elevado precio de los servicios de cuidado de niños. En Madrid una guardería privada cuesta de media entre 300 y 320 euros al mes; una pública, entre 150 y 200 euros, explican fuentes de la Federación de Enseñanza de CCOO.
Aunque, en realidad, cuesta más en Madrid una guardería pública que una privada. Porque aquí sí hay ayudas: el cheque que cobra la consejera de Educación, Lucía Figarel cheque que cobra la consejera de Educación, Lucía Figar. Son entre 100 y 160 euros, según los ingresos de los padres. CCOO acusa al Gobierno autonómico de discriminar a las escuelas infantiles públicas. “Al mismo tiempo que quedan plazas vacantes en las públicas y se están cerrando aulas, las arcas públicas madrileñas se gastan 34 millones en subvencionar a las privadas”.
En Castilla-La Mancha, sin embargo, el problema es el contrario: la falta de plazas públicas. Pero la solución aplicada por el Ejecutivo regional es similar: favorecer la oferta de plazas privadas.
Privatización y recortes públicos
Tampoco pueden competir las públicas en horarios porque abren en horario normal de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Otra dificultad añadida para conciliar la vida laboral y la familiar. Las privadas son más flexibles: acogen niños desde las siete de la mañana a las siete de la tarde.
La hora de las malas madres
Además, la tendencia a favor de las escuelas privadas va en aumento. El Ayuntamiento de Madrid ha sacado a concurso la gestión de 17 guarderías públicas; la Comunidad de Madrid hará lo mismo con otras 20, y con bajadas del 13% en el precio de licitación respecto a convocatorias anteriores, denuncia el sindicato. Muchas de estas escuelas son gestionadas por cooperativas de profesores, que temen perder en los nuevos concursos frente a empresas privadas sin relación alguna con la enseñanza.
En otras comunidades, las guarderías públicas han sido víctimas de los recortes del gasto autonómico. Menos inversiones, reducción de los gastos de funcionamiento y de los fondos para convenios con los ayuntamientos. Es lo que ha ocurrido en Cataluña o Andalucía, asegura CCOO.
La campeona de la austeridad ha reabierto, de la mano del nuevo Gobierno de coalición con los socialdemócratas, la senda del gasto social. Hasta un límite. La ministra Schwesig quería ir más allá aún en su apoyo a las madres trabajadoras, permitiendo que el Estado completara los salarios de las parejas jóvenes con hijos que trabajaran menos de 32 horas semanales. Pero los conservadores de la CDU de Merkel en el Ejecutivo se negaron a ir tan lejos. Habrá que esperar al Plan de Apoyo Integral a la Familia para saber hasta dónde quiere llegar aquí el Gobierno español en su compromiso para reactivar laboralmente a las madres.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció hace dos semanas que el Gobierno quiere estimular el regreso al trabajo de las mujeres que quieren ser madres. Esos nuevos –aunque no tanto– incentivos fiscales formarán parte del Plan Integral de Apoyo a la Familia, cuya aprobación por el Consejo de Ministros se prevé próxima. De momento, sólo se sabe que fomentará “la conciliación y la corresponsabilidad familiar, laboral y personal, para favorecer el acceso y permanencia en el mercado de trabajo”. A tenor de las estadísticas, este tipo de medidas se revelan necesarias y urgentes: en España la tasa de empleo de las mujeres con hijos es sólo del 55,1%, una de las más bajas de la UE, mientras que en Alemania alcanza el 72,7%. El dato español baja hasta el 48,8% si la mujer tiene tres hijos o más.