Un trabajador de Arción, la empresa encargada del mantenimiento de las comisarías de la Policía Nacional, murió ayer tras caerse desde la azotea, una sexta planta, de la comisaría de Roquetas de Mar (Almería). La constructora valenciana, subcontratada por el Ministerio del Interior, lleva desde el mes de marzo sin pagar las nóminas de sus empleados y acaba de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 136 de ellos. CCOO ya ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo porque el operario estaba realizando una tarea “en altura” solo, sin las medidas de seguridad oportunas y sin supervisión.
Los trabajadores que se ocupan del mantenimiento de las comisarías en casi toda España –de Andalucía y Extremadura a Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Baleares y Comunidad Valenciana– se quejan de que, desde que consiguió el contrato de Interior, la empresa ha estado “desaparecida” y sus contactos con ella han sido mínimos. Arción carece de oficinas en ninguna de las provincias donde estos operarios trabajan. Sólo tiene una sede central en Valencia.
Según explica su único delegado sindical, David Aguilar González, casi desde el principio Arción tuvo problemas para pagar a los proveedores, no suministraba material y herramientas a los operarios e incluso se negó a pagarles los sueldos establecidos en el convenio colectivo. Ahora, cuando acaban de comenzar las negociaciones sobre el despido colectivo, los empleados de Arción dicen sentirse “desprotegidos” por la empresa, que se encuentra en preconcurso de acreedores.
Investigarán la Junta, la Inspección y la Fiscalía
En Extremadura y Andalucía, apunta David Aguilar, Arción consiguió el servicio porque presentó el presupuesto más reducido. “Se llama baja temeraria”, subraya. Cuando Interior le concedió las tareas de mantenimiento de las comisarías de Castilla y León, en septiembre de 2010, la constructora cifró en dos millones de euros el presupuesto de la adjudicación, que obtenía por dos años y medio prorrogables. Entonces lanzó una campaña de publicidad con el eslogan Cuidamos de los que cuidan de nosotros.
El trabajador fallecido, Daniel Blanque Martínez, tenía 47 años y dos hijos. Llevaba años siendo el encargado del mantenimiento en las comisarías de Almería y era “una persona muy querida”, según explican fuentes de esa oficina policial. Tras producirse la caída, entre las nueve y las 10 de la mañana del martes, en el lugar se personó tanto el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería como la Inspección de Trabajo. Como corresponde a un accidente mortal, la Fiscalía tendrá ahora que investigar las causas. También lo harán los técnicos del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía, explica José Casas, responsable de Salud Laboral de la Federación de Industria de CCOO en Andalucía.
Entre sanciones y despidos
El Ministerio del Interior está tramitando la rescisión del contratorescisión del contrato por el que adjudicó a la constructora valencia el mantenimiento de las comisarías. Arción es la adjudicataria de tres contratos, correspondientes a otras tantas zonas del país. En el caso de la que incluye Extremadura y las provincias de Andalucía Occidental, fuentes de Interior explicaron que la constructora recibió tres apercibimientos por “deficiencias graves en la ejecución del contrato”. Según marca la ley, al no haber subsanado esos problemas, el ministerio ha abierto un expediente para resolverlo. La empresa, añaden, ha expresado su disconformidad. De momento, el contrato se encuentra “suspendido cautelarmente”.
En el caso de las comisarías de Baleares, Alicante, Almería, Valencia y Castellón, Arción también fue apercibida tres veces e incluso recibió las “penalizaciones correspondientes”, indican las fuentes. En “fechas próximas” el ministerio abrirá el expediente de rescisión del contrato.
Y por lo que respecta al mantenimiento de las instalaciones en Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, Interior ha incoado el primer apercibimiento contra la constructora por no prestar el servicio en las condiciones adecuadas. Aquí la firma valenciana ha pedido autorización para ceder el contrato a otras empresas.
Interior asegura que en septiembre estos tres contratos saldrán a concurso. El problema es que la constructora quiere hacer efectivos los despidos el próximo 1 de julio, por lo que las comisarías podrían quedarse sin mantenimiento todo el verano y los trabajadores perderían la posibilidad, que les concede la ley, de ser subrogados, una vez más, por la siguiente compañía que se haga con el contrato. Buena parte de ellos llevan hasta un par décadas realizando los mismos trabajos en las comisarías pero con una empresa distinta cada dos años, el tiempo que suelen durar estos contratos licitados por Interior.
Ayer, las comisarías recibieron una notificación de la Dirección General de la Policía Nacional que prohíbe la entrada de los operarios de Arción en las instalaciones policiales a partir del próximo lunes, 1 de julio. La medida se toma cuando aún no se ha celebrado siquiera la segunda reunión con la empresa para negociar las condiciones del ERE. Esa cita se desarrollará hoy. Según la reforma laboral, empresa y comité deben celebrar un mínimo de tres reuniones durante el periodo de consultas del despido colectivo si la plantilla supera los 50 empleados.
Las muertes en accidente laboral aumentan un 6,8% hasta julio respecto a 2015
La empresa culpa a Interior
CCOO, que se encarga de la representación sindical de estos trabajadores, ha propuesto a Arción en la mesa de negociación del ERE que transforme el despido colectivo en una suspensión de contratos hasta que vuelva a salir a concurso la licitación. La empresa le responderá hoy. Según CCOO, Arción ha culpado a Interior del impago de las nóminas. Aduce que el ministerio no le ha abonado aún el primer trimestre, lo que debería haber hecho en marzo. El último pago se remonta al 20 de diciembre de 2012. Desde marzo la plantilla no percibe sus salarios.
Hasta abril de este año se produjeron en España 154 accidentes de trabajo mortales, un 5,5% más que en los primeros cuatro meses de 2012, según las estadísticas del Ministerio de Empleo. Del total, 93 muertes ocurrieron en el sector servicios, un 38,8% más que en el mismo periodo del pasado ejercicio. En todo 2012 fueron 444 los trabajadores fallecidos en el tajo, 208 en el sector servicios. Pese a la bajada continuada de la siniestralidad laboral en España en los últimos años, ésta sigue siendo entre un 30% y un 40% superior a la media de los países avanzados, destacan los expertos. Una de las causas de esa brecha, aseguran los sindicatos, es precisamente la subcontratación.
Un trabajador de Arción, la empresa encargada del mantenimiento de las comisarías de la Policía Nacional, murió ayer tras caerse desde la azotea, una sexta planta, de la comisaría de Roquetas de Mar (Almería). La constructora valenciana, subcontratada por el Ministerio del Interior, lleva desde el mes de marzo sin pagar las nóminas de sus empleados y acaba de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 136 de ellos. CCOO ya ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo porque el operario estaba realizando una tarea “en altura” solo, sin las medidas de seguridad oportunas y sin supervisión.