Conseguir un alquiler en alguna ciudad de España es ya casi una misión imposible. Al menos, a un precio asequible. Los importes encadenan ya 41 meses al alza, lo que explica que, en estos momentos, el 65% de los desahucios se produzcan por impagos de la cuota de arrendamiento, al contrario de lo que pasaba durante los años más duros de la crisis económica. Ahora, es el arrendatario y no el hipotecado el que más dificultades tiene. Pero el Gobierno pretende poner freno a esta situación. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó este viernes un real decreto ley de medidas urgentes y de "absoluta necesidad" para paliar la "difícil" situación que se da en el mercadoreal decreto ley. Pero los expertos consultados por infoLibre creen que no será suficiente.
Hace poco más de dos meses, el pasado 11 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, firmaban en la Moncloa el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado para 2019. En él, el Ejecutivo se comprometía a "poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas" que se consideren "tensionadas", una de las principales reivindicaciones de los de Iglesias. Según lo acordado, serían los ayuntamientos los encargados de intervenir en el mercado para limitar precios, aunque para darles esa competencia el Gobierno llevaría a cabo una reforma legal. No hay ni rastro de esta cuestión en el texto aprobado este viernes por los socialistas.
Y esto, precisamente, es lo que más critican los expertos. "La medida no interviene los precios actuales, que han sido especulativamente inflados", explica Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Por eso, aunque "es innegable la mejora, el decreto es muy insuficiente", critica.
Por su parte, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, justificó la ausencia de esta medida apuntando a que las contenidas en el texto aprobado por el Ejecutivo son las "más urgentes". Las demás, añadió, "tendrán la oportunidad de poder cumplirse en el trámite presupuestario". "Este decreto no pretende integrar ni todas las propuestas del PSOE ni todos los compromisos a los que haya podido llegar con otras fuerzas políticas", dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Pero esto no ha sentado nada bien en esas otras fuerzas. Lucía Martín, diputada y coportavoz de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados —y quien lideró las negociaciones con el Gobierno en materia de vivienda—, asegura a este diario que, con este decreto, el Gobierno está "incumpliendo el acuerdo". "Hoy el Gobierno se ha dejado fuera una parte clave de lo que habíamos acordado y, por lo tanto, les exigimos una rectificación", critica. "Si no lo hacen, votaremos 'no'. Sería un fraude a la ciudadanía aceptar que se desdigan de lo que han firmado", añade.
Lo aprobado "es una muestra de la escasa ambición que el Gobierno ha tenido en materia de vivienda. Hay medidas que mejoran la situación actual, pero los efectos positivos no se van a notar en una bajada de precios, que sería lo necesario", argumenta Morote. Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters, por su parte, considera que dejar fuera la cuestión del control de precios "parece una respuesta a las presiones y amenazas de los fondos de inversión". Estos, precisamente hace un mes, advertían al Ministerio de Economía y al de Fomento que, de cumplirse lo acordado con Unidos Podemos, habría una caída en las inversiones y se generaría lo contrario a lo buscado: una subida de precios.
Contratos más largos y fianzas limitadas...
Las medidas aprobadas, no obstante, son "un primer paso", según explica Luis Moya, catedrático y experto urbanista. El real decreto modifica, en total, cinco leyes: la de Ley de Arrendamientos Urbanos, la de Propiedad Horizontal, la de Enjuiciamiento Civil, el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En primer lugar, el Ejecutivo ha pretendido darle a los inquilinos unos plazos más favorables. En este sentido, se amplia el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica) y alargando el plazo de prórroga tácitade 1 a 3 años. Este último es el plazo temporal por el que se amplía el contrato una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria, en el caso de que el arrendador o el arrendatario no manifiesten su voluntad de no renovarlo. Además, se limitan las fianzas a dos mensualidades, a no ser que se trate de contratos de larga duración.
Por otro lado, se reforma el procedimiento de desahucio de vivienda, mejorando la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales competentes y facilitando la adopción de medidas para atender los casos de las familias de menor capacidad económica, vulnerabilidad social o con mayores cargas familiares, según informó Europa Press. Se permite, también, que los vecinos de una comunidad de propietarios limiten o condicionen el ejercicio de la actividad del alquiler turístico de vivienda, con el fin de "favorecer" la convivencia en los edificios de viviendas.
Todo esto, y los expertos coinciden, es positivo, pero "muy insuficiente". "Las medidas planteadas son necesarias porque estamos sumergidos en la peor burbuja de Europa", explica Palomera. "Somos el país de la OCDE donde el alquiler supone más porcentaje del sueldo de las personas, estos están estancados y los alquileres no dejan de subir", lamenta.
...pero ni retroactividad ni medidas para las casas vacías
¿Por qué es insuficiente? Para Morote, en primer lugar, porque las medidas contenidas en el decreto no son retroactivas, por lo que "todos los contratos en vigor se seguirán rigiendo por la legislación actual". De este modo, critica, resulta complicado que los efectos que pretenden conseguirse se vean en un corto plazo.
Los desahucios de Lavapiés reflejan un problema que asfixia a miles de familias
Pero es que, además, no se contempla ninguna política relativa a los millones de casas vacías que actualmente hay en España. "No se adopta ninguna medida para movilizar esas viviendas. Nosotros apostábamos por elaborar una reforma fiscal que permitiera gravarlas porque esto tendría un efecto directo e inmediato", argumenta. Es decir, si se gravaran las viviendas vacías de los grandes tenedores, estos se verían obligados a ponerlas a la venta, aumentando la oferta y haciendo que descendieran los precios.
Palomera, además, critica duramente que, aunque se amplíe la prórroga de los contratos, estos sigan sin renovarse de forma automática. "Ahora, las familias alquiladas podrán ser expulsadas a los 5 años sin ninguna justificación, lo que nos aleja de países como Francia, Alemania o Dinamarca", explica. Allí, continúa, "lo que importa no es que los contratos sean largos, sino que puedan renovarse por sí solos a no ser que el propietario justifique que necesita la vivienda".
Moya, por su parte, ve muy problemática la falta de atención a la vivienda social, con la que se pueden controlar los precios. "En otros países con un gran porcentaje de vivienda social se fija un precio que sólo se puede superar en un porcentaje determinado", explica. Pero el problema, dice, es de concepto. En España, critica, "todo lo inmobiliario es un negocio, un bien comercial". Por eso, hasta que esto no se atienda, se tomarán "medidas parciales que tapan agujeros, pero no se resolverá el problema".
Conseguir un alquiler en alguna ciudad de España es ya casi una misión imposible. Al menos, a un precio asequible. Los importes encadenan ya 41 meses al alza, lo que explica que, en estos momentos, el 65% de los desahucios se produzcan por impagos de la cuota de arrendamiento, al contrario de lo que pasaba durante los años más duros de la crisis económica. Ahora, es el arrendatario y no el hipotecado el que más dificultades tiene. Pero el Gobierno pretende poner freno a esta situación. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó este viernes un real decreto ley de medidas urgentes y de "absoluta necesidad" para paliar la "difícil" situación que se da en el mercadoreal decreto ley. Pero los expertos consultados por infoLibre creen que no será suficiente.