“No somos comisionistas ni intermediarios”, se ha defendido el secretario general de UGT, Cándido Méndez, cuando se le ha preguntado sobre el caso de los ERE. La juez Mercedes Alaya acusa a CCOO y UGT de haber cobrado 4,2 millones de euros en comisiones ilegales de una consultora, Vitalia, a través de sus agencias de seguros Atlantis y Temiqui.
Méndez lo negó todo. Rechazó cualquier vinculación entre las “personas” de la trama de los ERE y los sindicatos. Expresó su “confianza a carta cabal” en los dirigentes de la UGT andaluza. Dijo que tiene “la mente clara y la conciencia tranquila”. También explicó el papel que desempeñan los sindicatos en la gestión de los ERE cuando hay ayudas públicas de por medio para proporcionar a los prejubilados una póliza de seguro: “Un trabajo técnico especializado que genera unos gastos facturados según la ley”. Y terminó por presentar como “víctimas” a los sindicatos, a los que se intenta “deslegitimar”. Todo es parte, concluyó, de una “estrategia para implantar el despido libre y gratuito”.
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El dirigente sindical no tuvo problema en mencionar a Juan Lanzas, el conseguidor de la red, aunque comenzó por referirse a él como “esa persona”. Destacó que había abandonado UGT en 2002 y no dudó en compararlo con otro innombrable, el tesorero Luis Bárcenas, que “ha seguido a sueldo del PP hasta hace pocos meses”.innombrable
Además, mostró toda una batería de cifras para desmontar que Andalucía sea la tierra de los ERE fraudulentos. Según sus cálculos, menos del 8% de los trabajadores afectados por despidos colectivos en esa comunidad autónoma se ha acogido a las ayudas públicas de la Junta y de éstos, menos del 4% han sido considerados “presuntos intrusos”, unas 259 personas.
En cualquier caso, Méndez, que dijo preferir la “reflexión colectiva” a la autocrítica, reclamó al Gobierno la inclusión de los sindicatos en la futura Ley de Transparencia. Pero también que les deje participar en el debate previo sobre la norma. “Porque los sindicatos somos organizaciones muy distintas a los partidos”. Según había explicado al principio de su comparecencia el secretario de Organización de UGT, José Javier Cubillo, el 72% de los ingresos del sindicato procede de las cuotas de sus afiliados, 1,16 millones de trabajadores.
“No somos comisionistas ni intermediarios”, se ha defendido el secretario general de UGT, Cándido Méndez, cuando se le ha preguntado sobre el caso de los ERE. La juez Mercedes Alaya acusa a CCOO y UGT de haber cobrado 4,2 millones de euros en comisiones ilegales de una consultora, Vitalia, a través de sus agencias de seguros Atlantis y Temiqui.