El Estado no ingresó ni un euro por los ERE de empresas con beneficios

El 27 de abril de 2011 Telefónica presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 6.500 trabajadores, pese a haber batido con 10.000 millones de euros su récord de ganancias el ejercicio anterior. Fue el detonante de la enmienda que lleva el nombre del operador y que obliga a las empresas de más de 100 empleados, con beneficios, a pagar al Tesoro Público una cantidad equivalente a las prestaciones por desempleo y cotizaciones que el Estado debería abonar hasta su jubilación a los mayores de 50 años despedidos. Casi dos años después, sin embargo, el Tesoro aún no ha ingresado un euro por este concepto. Ni de Telefónica ni de ninguna otra de las empresas que han acometido medidas semejantes.

La enmienda Telefónica fue obra del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que acalló así el escándalo que levantó la noticia: la compañía de César Alierta ofrecía prejubilaciones de lujo a partir de los 53 años al 20% de su plantillade lujo en España. Mientras la multinacional seguía ganando dinero y el país se hundía en la crisis y el déficit, el Estado tendría que pagar a los extrabajadores de Telefónica las prestaciones por desempleo y subsidios hasta que alcanzaran la edad legal de retiro.

Pero el Ejecutivo socialista no llegó a poner en marcha la medida, a falta del correspondiente reglamento que detallara las características de la aportación económica de las empresas afectadas, entonces sólo aquéllas con más de 500 de empleados.

Casi cinco meses desde el reglamento

El PP también tardó en redactarlo: no lo hizo hasta el pasado 29 de octubre, momento en que se amplió su radio de acción hasta las empresas de más de 100 trabajadores. A día de hoy, no obstante, el Tesoro sigue sin haber ingresado cantidad alguna de las compañías con beneficios que han ejecutado despidos colectivos en estos últimos dos años. Y eso que sólo Telefónica debería haber pagado unos 350 millones de euros por su ERE. Una cantidad nada despreciable para un erario ávido de ingresos.

También para un Gobierno cuyo objetivo declarado es rebajar el coste anual para la Seguridad Social de las jubilaciones anticipadas y parciales. Según la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, las primeras cuestan al contribuyente 7.288 millones de euros al año, y las segundas, 2.690.

Desde abril de 2011, a la compañía de César Alierta se le han sumado en los despidos masivos –pese a los beneficios– otras grandes como Acciona, Aena, Iberdrola, Santander, La Caixa o FCCLa Caixa. Todas ellas han extinguido contratos a más de 100 de sus trabajadores, o están a punto de hacerlo, pese a haber terminado los dos ejercicios anteriores en números negros.

El motivo del retraso en pasar por caja, según Empleo, estriba en que aún no se han hecho los cálculos y ajustes finales para determinar la aportación que deben realizar las empresas. En principio, como detalla la propia ley, depende de una escala en función del tamaño de la plantilla, del número de empleados mayores de 50 años afectados y de los beneficios. También se considerará el importe de las prestaciones y subsidios que recibirán los trabajadores despedidos, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social que debe pagar por ellos el Servicio Público de Empleo. Finalmente, se fijará un canon por cada trabajador que haya agotado la prestación y cobre el subsidio.

Enmienda "diabólica"

Hasta ahí la letra de la ley. Fuentes sindicales de Telefónica reconocen que la compañía y Empleo mantienen “diferencias de criterio” sobre la aportación económica. Y que no es la única empresa que ha expresado su disconformidad con la fórmula. Un portavoz del operador se limitó a asegurar que la compañía ha hecho la provisión correspondiente, pero que no se ha llegado a “desarrollar” la medida.

Empleo, por su parte, jura que va a cobrar las aportaciones a todas las empresas afectadas "desde el mismo 27 de abril de 2011", sin perdonar a ninguna.

En un gran despacho de abogados laboralistas no dudan en calificar la enmienda Telefónica de “diabólica”. A las grandes firmas les supone un sobrecoste de hasta 100.000 euros que hay que añadir a la indemnización de cada despedido. “Las empresas deben pagar ocho años de prestación y subsidio a cada empleado que despiden”, explican. Y, desde luego, no están muy dispuestas.

Además hay que tener en cuenta la propia confusión en que –dicen los abogados que representan a esas grandes empresas– se encuentran los técnicos del Gobierno, reunidos desde hace cuatro meses en un grupo de trabajo interno, con representantes de Hacienda, la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo, sin haber dado aún con el cálculo correcto: “Nos piden a nosotros que les enviemos ejemplos con salarios reales”.