"Sudar la camiseta y no salir de la mesa hasta que haya un acuerdo" porque el objetivo es "democratizar el tiempo". Son palabras del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien no quiere que la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas en 2025 sea la historia de un fracaso. Por ello, con el objetivo de atraer a la patronal al pacto, el ministerio ha planteado en la primera reunión pos estival a tres bandas sobre este asunto unas bonificaciones en las nuevas contrataciones que tengan que realizar las pequeñas y medianas empresas (pymes) de hasta 10 empleados como consecuencia de la poda en el tiempo de trabajo, para "impulsar" puestos "indefinidos".
El movimiento no es baladí. En un informe del pasado junio titulado Impacto de la reducción de la jornada laboral en la pyme, la patronal de éstas, Cepyme, avisaba de que iban a ser el grupo empresarial más afectado por una poda con un "coste asociado que ascendería, según una estimación conservadora, a unos 42.400 millones" de euros. De esa cifra, 11.800 corresponderían a las horas "que se dejarían de trabajar, pero que se continuaría remunerando" y el resto, 30.600 millones, "al valor añadido bruto que dejaría de producirse por recortar el tiempo de trabajo".
Según ha avanzado Pérez Rey en La Sexta, en España hay 1.300.000 empresas con menos de una decena de empleados y dan trabajo a 3,5 millones de personas. El plan de acompañamiento centrado en ellas, que han bautizado como Pyme 375, incluirá medidas de asesoramiento y formativas. "Vamos a poner en manos de los empresarios formación especializada para ayudarles a completar ese tránsito hacia las 37,5 horas y que haya puntos de información para que puedan completar un registro horario eficaz en las pequeñas unidades productivas de nuestro país", ha aseverado el secretario de Estado.
Ha reconocido después que aún se deben fijar los criterios definitivos sobre la iniciativa novedosa y que el Gobierno podría incorporar a las compañías de mayor tamaño al catálogo de beneficiarios de las ayudas. En cualquier caso, con ésta ya se habría rematado "el perímetro" de una negociación con cuatro bloques: la reducción de jornada, congelada desde hace cuatro décadas, el registro horario, la desconexión digital y el plan para las pymes. "No tenemos previsto sumar nada más", ha mantenido, aunque no ha cerrado la puerta a que en cada uno de ellos, sindicatos y patronal puedan proponer mejoras. "Perímetro cerrado, pero negociación abierta y esperamos poder enviar cuanto antes la medida al Congreso", ha defendido, donde confían en recabar los apoyos de los grupos necesarios para que salga adelante. Sobre todo porque, a su entender, "la población de este país vive el exceso de trabajo como un verdadero drama".
En ese sentido, Pérez Rey ha subrayado que el ajuste de jornada cuenta con el "apoyo mayoritario" de la sociedad y es "una medida capital para avanzar en derechos" y para que la productividad no recaiga "en las espaldas de los trabajadores". "No es una reivindicación de Yolanda Díaz, es de las trabajadoras y los trabajadores", ha proclamado, para enmarcarla luego en el grupo de las medidas "de país, de Estado", que alcanzará a "las próximas generaciones".
Buen clima, pero lejos del acuerdo
El representante de Trabajo ha destacado el "muy buen clima" en el que ha transcurrido el encuentro de este lunes al que, a su juicio, la patronal ha acudido con "un espíritu más constructivo" que en ocasiones anteriores, más allá de que han reiterado que les gustaría que este tema se hubiera abordado en el ámbito de la negociación colectiva.
Fuentes de CEOE trasladan a infoLibre que "analizarán" la propuesta de Trabajo cuando la tengan "por escrito", aunque matizan que, "a priori, ahonda en el intervencionismo de las relaciones laborales y el desprecio de la negociación colectiva". A juicio de la patronal, "se pretende que el SEPE -Servicio Público de Empleo Estatal- se convierta en asesor de las pymes para la reducción de jornada, cuando no es capaz de reinsertar siquiera al 3% de los desempleados del país en el mercado laboral, como si no hubiera ya despachos, consultoras y empresas cualificadas para ello".
Junto a lo expuesto, las fuentes consultadas califican lo ofertado de "un plan de ayuda" para la parte de menor tamaño del tejido empresarial "absolutamente impreciso" y que "en sí mismo implica el reconocimiento de que sus continuos anuncios están frenando la creación de empleo", concluyen.
Los sindicatos amenazan con protestas
La presión al Gobierno le llega también del ala de los sindicatos. El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha instado a patronal y partidos, estos como "los receptores de la soberanía popular", a pronunciarse sobre una reducción del tiempo de trabajo que ya se ha impulsado en otros países de Europa y a "moverse" porque "el tiempo se está agotando". En ese punto, ha dejado claro que su organización sindical incrementará "la tensión" con un calendario de protestas que arrancará este mismo septiembre y previsiblemente presentarán este miércoles, dado que es algo que les parece "justo".
Una idea que comparte Carlos Gutiérrez, secretario de Formación y Estudios de CCOO, para quien es "preocupante" que la CEOE siga "en la misma posición que en julio". Ha aportado que serían alrededor de "13 millones de personas" las que se beneficiarían de una medida que, además, "puede dinamizar la creación de empleo".
Ambos sindicatos son conscientes de "la importancia del acuerdo tripartito", por eso seguirán dispuestos al diálogo, pero urgen a los representantes de los empresarios a "definir su posición" de una vez. Por ahora, han marcado en rojo en sus agendas la fecha de la siguiente reunión: el jueves, 19 de septiembre.
"Sudar la camiseta y no salir de la mesa hasta que haya un acuerdo" porque el objetivo es "democratizar el tiempo". Son palabras del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien no quiere que la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas en 2025 sea la historia de un fracaso. Por ello, con el objetivo de atraer a la patronal al pacto, el ministerio ha planteado en la primera reunión pos estival a tres bandas sobre este asunto unas bonificaciones en las nuevas contrataciones que tengan que realizar las pequeñas y medianas empresas (pymes) de hasta 10 empleados como consecuencia de la poda en el tiempo de trabajo, para "impulsar" puestos "indefinidos".