Nuevo revés judicial para una empresa de seguridad low cost. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a Sinergias de Vigilancia y Seguridad a pagar a los 63 vigilantes destinados en la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad de Madrid y en sus centros los salarios fijados en el convenio estatal del sector y, por tanto, a dejar de aplicar el convenio de la propia empresa.
La sentencia tiene fecha del pasado 5 de junio. Un mes más tarde, la Audiencia Nacional anuló el convenio de Sinergias de Vigilancia y Seguridad por haber sido negociado de forma ilegal: utilizando unos pocos delegados de personal de un puñado de centros de trabajo que firmaron un texto que la empresa aplica a toda su plantilla repartida por España. Ese convenio, pactado en junio de 2015, tiene una vigencia inusual: 10 años. Y condiciones laborales y salariales que los sindicatos no se han cansado de denunciar. Sinergias paga un 40% menos que las empresas acogidas al convenio estatal. Su salario base es de sólo 660 euros mensuales brutos, por 901,93 euros el del convenio del sector. Como plus de nocturnidad paga seis céntimos la hora, 18 veces menos. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año como máximo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma una sentencia anterior del Juzgado de lo Social número 30, instada por una demanda de conflicto colectivo que interpuso CCOO, y recurrida por la empresa. Sinergias de Vigilancia y Seguridad se hizo con el contrato de la Comunidad de Madrid, antes en manos de CIS Compañía Integral de Seguridad, que sí aplicaba el convenio del sector. El 31 de diciembre de 2015 envió a los 63 vigilantes una carta en la que les anunciaba que, a partir de esa fecha, sus condiciones laborales serían las del convenio de la empresa, inferiores a las del convenio sectorial.
El TSJM dictamina que Sinergias de Vigilancia y Seguridad está obligada a “respetar al trabajador todos los derechos laborales que tuviese reconocidos en su anterior empresa, incluida la antigüedad”, tal y como establece el artículo 14 del convenio colectivo del sector. También se apoya en la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE para dejar claro que la sustitución de un convenio por otro “no puede determinar la reducción, inmediata y por una decisión empresarial unilateral, de los derechos salariales” de los trabajadores. Permitirlo equivaldría a “dar carta de naturaleza a un empeoramiento de las condiciones de trabajo, que se habría producido exclusivamente como consecuencia del hecho mismo de la transmisión”.
Los jueces se apoyan también en una sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la bajada salarial sufrida por los trabajadores de Banco Mare Nostrum que fueron subrogados por Energía Web SAU, una filial de Accenture, en 2014. Se les bajó el sueldo hasta un 35%, se les aumentó la jornada anual, les fueron recortados los días de vacaciones y se quedaron sin plan de pensiones. Igualmente acuden a cuatro sentencias del Tribunal Supremo que anularon las rebajas salariales aplicadas a los vigilantes de Eulen que fueron subrogados por Ombuds Compañía de Seguridad en junio de 2012.
Lista de reveses judiciales
Este fallo se une al del Tribunal Supremo que declaró nulo el descuelgue salarial que Seguridad Integral Canaria intentó aplicar a su plantilla en 2015, y a los de la Audiencia Nacional que han tumbado dos convenios consecutivos de Marsegur. La empresa ha recurrido las sentencias ante el Supremo, por lo que sigue sin pagar a sus trabajadores los sueldos del convenio sectorial. Otros juzgados y tribunales también han dado la razón a los trabajadores de estas empresas cuando han reclamado el pago de los salarios que cobraban antes de que las low cost se hicieran con los servicios públicos que prestaban.
Tanto Seguridad Integral Canaria como Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur pertenecen a la misma patronal, Acosepri, integrada únicamente por mercantiles relacionadas con Miguel Ángel Ramírez: las citadas y Power SIC, perteneciente a Ralons, el grupo de cabecera del empresario canario. En Sinergias figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.
Casi 3,8 millones de euros en poco más de un mes
Los vigilantes de la 'low cost' Marsegur vuelven a convocar huelgas por impago de nóminas
Este lunes patronal, sindicatos y representantes de los ministerios de Empleo, Fomento e Interior han celebrado la primera reunión del grupo de trabajo que debe solucionar los problemas del sector de la seguridad privada puestos de manifiesto con la huelga de Eulen en el aeropuerto de El Prat este verano.
Los sindicatos reclaman que las medidas se hagan extensivas a todos los guardias jurados, no sólo a los que vigilan instalaciones de Fomento. Uno de los ejes de las negociaciones será la necesidad de cambios en las normas de contratación pública para garantizar que las empresas cumplen el convenio estatal del sector. Mientras, las low cost siguen ganando concursos de las administraciones. Sólo en agosto y lo que ha transcurrido de septiembre, Marsegur ha sumado concesiones públicas por importe de 2,37 millones de euros. Los adjudicatarios son el Principado de Asturias, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ministerio de Economía y Hacienda y la Comunidad de Madrid. Sinergias de Vigilancia y Seguridad ha conseguido 1,4 millones de euros en contratos públicos, del Ministerio de Empleo y del Servicio Canario de Empleo.
Seguridad Integral Canaria, por su parte, anunció hace escasas semanas que abandona la vigilancia presencial y se centrará en el transporte de fondos y los sistemas de alarmas. Su intención es ceder los contratos de vigilancia, tanto públicos como privados, que posee antes de acabar el mes de octubre. Los sindicatos vigilan que no los traspase a sus dos marcas blancas, Sinergias y Marsegur, o a otras empresas que no respetan el convenio del sector.
Nuevo revés judicial para una empresa de seguridad low cost. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a Sinergias de Vigilancia y Seguridad a pagar a los 63 vigilantes destinados en la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad de Madrid y en sus centros los salarios fijados en el convenio estatal del sector y, por tanto, a dejar de aplicar el convenio de la propia empresa.