El stock de viviendas sin vender en España es de 1,7 millones. La cuarta parte están en manos de la banca y del llamado "banco malo", Sareb, que se hizo cargo de los peores activos de los bancos nacionalizados. Es tal la cantidad de pisos sin vender, en un contexto de crisis, falta de crédito y salarios a la baja, que según los expertos hará falta más de una década para recuperar el equilibrio entre oferta y demanda.
En plena crisis, son los fondos de inversión y particulares extranjeros los que compran vivienda. Pero empiezan a exigir algo nuevo: que los inmuebles sean energéticamente eficientes. La exigencia supone un problema porque la mayor parte de los edificios no han sido construidos con criterios de eficiencia, ahorro de energía y reducción de emisiones.
El último informe del Ministerio de Industria y del Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) revela que de 450.080 edificios en los que se ha auditado el consumo de energía, apenas 62.000 cumplían con estándares mínimos de ahorro. La mayor parte, un 86% de los edificios examinados, se encuadraban en los últimos tres escalones (la escala tiene siete, de más eficiente, calificado con "A", a menos eficiente, calificado de "G").
Máximo y mínimo
La diferencia entre la máxima calificación energética “A” y la más baja “G” supone un 80% de consumo de energía. Eso es lo que están mirando con lupa los únicos que en este momento compran inmuebles en España: los grandes fondos de inversión. En ciudades como Barcelona, sostienen fuentes del sector, los fondos sólo se interesan por edificios que aseguran el ahorro energético.
Para los vendedores, especialmente la banca, la exigencia, cada vez más común, es un problema. Las certificaciones de edificios existentes indican que la mayor parte de los inmuebles derrochan energía y se sitúan en la parte baja de la escala: un 51% en la calificación "E", el 10% en la "F" y el 25% en lo más bajo de la escala, la calificación "G".
La situación del parque de viviendas choca con los objetivos asumidos por la Comisión Europea para 2030, con una reducción del 40% en las emisiones de gases, un 27% de cuota de energías renovables y un 30% de eficiencia energética. Bruselas recomienda –no exige– un objetivo de rehabilitación de edificios del 2% anual, lo que llevaría a duplicar la inversión en eficiencia energética en la UE hasta alcanzar los 80.000 millones de euros en 2020.
El Gobierno, con calma
En ese marco, el Gobierno español se lo toma con calma. En abril de 2013 aprobó un plan de fomento del alquiler y de la rehabilitación, pero ha tardado más de un año en dar forma al plan mediante convenios con las Comunidades Autónomas y fórmulas para repartir los 2.300 millones de euros en ayudas a la rehabilitación y medidas de eficiencia.
Las ecohipotecas aún están un poco 'verdes' en España
Pese al retraso en las actuaciones, expertos como el exdirector del IDAE Javier García Breva consideran que España tiene ante sí una gran oportunidad de ahorro y de creación de empleo. García Breva sostiene que por cada euro invertido en eficiencia se recuperan 4,5 por el ahorro en importaciones de combustibles fósiles.
El debate sobre la eficiencia energética aumenta de intensidad al ritmo que se incrementan los precios. Hasta el Ministerio de Fomento, en documentos enviados a Bruselas, admite que el precio de la electricidad y del gas se va a disparar en los próximos años.
En opinión de Jorge Morales (Fundación Renovables), la subida de precios de la electricidad responde a un mercado mal diseñado, a merced de las grandes compañías y especialmente desprotegido desde marzo, cuando entró en vigor la nueva metodología de cálculo del recibo eléctrico. De ahí la importancia del ahorro y la rehabilitación, acciones que García Breva califica como "la verdadera reindustrialización del país".
El stock de viviendas sin vender en España es de 1,7 millones. La cuarta parte están en manos de la banca y del llamado "banco malo", Sareb, que se hizo cargo de los peores activos de los bancos nacionalizados. Es tal la cantidad de pisos sin vender, en un contexto de crisis, falta de crédito y salarios a la baja, que según los expertos hará falta más de una década para recuperar el equilibrio entre oferta y demanda.