Las Administraciones Públicas gastan en torno al 45% del Producto Interior Bruto (PIB) anual. Ese gasto, sostén de un Estado del bienestar que nunca ha acabado de despegar, está sometido a un debate permanente. Los defensores de las políticas de austeridad creen que el gasto público, en relación al PIB y a los ingresos del Estado, es excesivo. Mientras, los defensores de las políticas redistributivas creen que en el caso de España, el gasto público es inferior a la media de la UE (49% del PIB).
Pero ¿quién se beneficia más de ese gasto? La OCDE (informe Panorama de la Sociedad 2014, gráfico 1.18) sostiene que en España, la parte de gasto social destinada a familias relativamente acomodadas es superior a la de la mayoría de países de la UE. Eso es posible, entre otras cosas, porque sólo un 14,3% del total de gasto en protección social, según el Ministerio de Trabajo, está condicionado por los recursos del beneficiario.
En 2015, el presupuesto de gasto consolidado del Estado asciende a 440.000 millones de euros, un 4% más que este año. Del total, el destinado a gasto social se sitúa en 187.407 millones, un 0,7% más que en 2014. Con una previsión de crecimiento de la economía del 2%, pensiones, desempleo y pago de intereses de la deuda suponen la mayor parte del gasto.
El dedo en la llaga
Pero el informe de la OCDE pone el dedo en la llaga. Con datos de 2010, el último ejercicio que analiza la organización, las transferencias medias en metálico (suponen dos tercios de las transferencias totales), recibidas por las familias españolas con bajos ingresos –un tercio del total– suponen el 65% de las que reciben las familias con ingresos altos –el tercio superior–. Estas familias más acomodadas reciben un 15% más que la familia media.
Las cuentas de la Fundación Primero de Mayo sobre el problema son claras. "La prestación social media en metálico por habitante en 2010, según el Ministerio de Trabajo –asegura el director de la Fundación, Bruno Estrada–, estaba en 3.673 euros anuales, incluidas pensiones, atención sanitaria, invalidez, desempleo, etc". Frente a esa cifra, según la información de la OCDE, explica Estrada, "las personas más ricas en España estarían recibiendo anualmente una media de 4.224 euros anuales, 1.464 euros más que la media que reciben las personas más pobres, una media de 2.755 euros al año".
Esos datos explican por qué España es uno de los países europeos donde la pobreza se reduce menos después de que el Estado redistribuya los recursos de que dispone. "España", explica Estrada, "tenía en 2011 una tasa de pobreza antes de transferencias sociales del 35,9%; Francia, un 35,05%; Alemania, un 32,4%, y Finlandia, un 32,2%".
Tasa de pobreza
Pero mientras esos países consiguen reducir la tasa de pobreza en más de un 75% gracias a las transferencias sociales –Francia, hasta un 8%; Alemania, hasta un 8,7%, y Finlandia a un 6,6% de la población–, España sólo reduce la tasa de pobreza en algo más de la mitad, hasta un 15,1%.
Ese paisaje de desequilibrio y de desigualdad en la redistribución de los recursos disponibles que dibuja la OCDE lo encabeza Turquía, seguido de México, Italia, Grecia, Portugal y Luxemburgo. Inmediatamente después (puesto número 7 en el ránking de desigualdad) se sitúa España.
En el extremo opuesto, el de los países que con más justicia reparten los recursos comunes, se encuentran Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Holanda, Suecia, Suiza y Reino Unido.Reparto deesigual y educación
El reparto desigual de los recursos del Estado, que benefician más a las familias que menos lo necesitan, se debe en buena parte a la educación. Estudios como el realizado por la Fundación Alternativas destacan que frente al gasto sanitario, uno de los ejes del Estado del bienestar "progresivo y redistributivo", la progresividad y capacidad redistributiva de los gastos educativos "son ligeramente menores".
El informe sobre desigualdad de la fundación atribuye la distorsión que observa en el sistema educativo al efecto "de la financiación pública de los centros educativos privados, que tienen efectos regresivos en términos absolutos".
El resultado del panorama que refleja la OCDE es un aumento de la desigualdad que viene acompañado, según el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, "de una disminución de los recursos de protección social pública en su vertiente redistributiva y asistencial".
El informe de CáritasDesigualdad y derechos sociales considera alarmante la brecha que se ha abierto entre las personas empobrecidas y las personas con más posibilidades de acceder a los bienes y servicios –el 30% de los más favorecidos que examina la OCDE en su estudio–. Según datos del informe, los ingresos medios de las personas más ricas de España es siete veces superior al nivel medio de ingresos de quienes tienen menos rentas. Y desde el comienzo de la crisis, esta diferencia se ha incrementado en un 30%.Más pobres desde 2007
No es un problema exclusivo de España. La OCDE afirma que la pobreza ha aumentado en muchos países desde 2007, eliminando la mayor parte de las mejoras en los niveles de vida alcanzados por los hogares de bajos ingresos en los 20 años previos a la crisis. La proporción de personas con menos de la mitad del ingreso medio real vigente en el año 2005 se elevó, por ejemplo, en 15 puntos porcentuales en Grecia, y en 8 puntos en Irlanda y España.
Los datos manejados por la OCDE confirman que los jóvenes y los niños están sustituyendo a los ancianos como el grupo con mayor riesgo de pobreza. En 2011, por primera vez desde que se recogen estos datos en la OCDE, las personas de entre 66 y 75 años se enfrentaron a un riesgo de pobreza un 25% menor que la media de la población y la más baja entre todos los grupos.
El deterioro de las expectativas para jóvenes y menores está relacionado con los recortes salariales aplicados en las políticas de ajuste y devaluación interna en los países más afectados por la crisis. Cáritas puso cifras: los ingresos medios de las personas más ricas de España es siete veces superior al nivel medio de ingresos de quienes tienen menos rentas. Y desde el comienzo de la crisis, esta diferencia se ha incrementado en un 30%.
Las Administraciones Públicas gastan en torno al 45% del Producto Interior Bruto (PIB) anual. Ese gasto, sostén de un Estado del bienestar que nunca ha acabado de despegar, está sometido a un debate permanente. Los defensores de las políticas de austeridad creen que el gasto público, en relación al PIB y a los ingresos del Estado, es excesivo. Mientras, los defensores de las políticas redistributivas creen que en el caso de España, el gasto público es inferior a la media de la UE (49% del PIB).