Las ONG piden al Congreso que sustituya trámites burocráticos por una declaración responsable para agilizar el IMV

Alemania ha puesto en marcha esta misma semana un proyecto piloto de renta básica e incondicional que sus promotores consideran el primero a largo plazo y que pretende desterrar los clichés que, dicen, dominan hasta ahora el debate mundial sobre este tipo de sistemas. Durante tres años, 120 personas recibirán 1.200 euros al mes, independientemente de su renta. No tienen por qué ser pobres. Al mismo seguimiento se someterá a otros 1.380 ciudadanos, que no percibirán ninguna cantidad y actuarán como grupo de control. Un millón de candidatos se han presentado al proyecto, de los que han sido preseleccionados 20.000. De ahí saldrán los 1.500 que finalmente se convertirán en los conejillos de Indias de este experimento social. La iniciativa corre a cargo del Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (Instituto Alemán para la Investigación Económica) junto con la asociación Mein Grundeinkommen (Mi Ingreso Básico), en colaboración con investigadores de la Universidad de Colonia y del Instituto Max Planck. Para financiarlo han acudido a 140.000 donantes, que han puesto el dinero con que se pagará a los sujetos del estudio.

Tras las pruebas piloto llevadas a cabo en Finlandia y Berlín –y los tres millones de dólares que uno de los dueños de Twitter, Jack Dorsey, se va a gastar en proporcionar una renta básica garantizada a siete millones de estadounidenses en 14 ciudades–, la controversia en torno a estos modelos de seguridad social está lejos de decaer. Entretanto, en España, los primeros y problemáticos pasos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han dejado atrás el debate teórico para sacar a la luz las dificultades de su puesta en marcha. El IMV y la renta básica universal no son lo mismo, aunque ambos tengan como objetivo la lucha contra la pobreza, además de la cohesión social.

Mientras que la segunda no se ha llevado a la práctica aún en ningún país, la primera es una política en funcionamiento desde hace años en buena parte de los países europeos. Y que había comenzado a implantarse en España como rentas mínimas en las comunidades autónomas. La Comisión Europea lleva tiempo criticando la ausencia de ayudas para las personas con rentas más bajas. Incluso en sus recomendaciones del pasado mayo Bruselas destaca que España es el país europeo con el menor promedio de prestaciones por hijo y recuerda que las rentas mínimas autonómicas sólo llegan al 20% de sus posibles beneficiarios.

Ese hueco es el que está llamado a llenar el IMV, cuyo plazo de solicitud se abrió el pasado 15 de junio. Aprobado por un real decreto-ley de 29 de mayo, su tramitación como proyecto de ley se abre la próxima semana. Este miércoles 2 de septiembre se cierra el plazo para la presentación de enmiendas. Después se debatirán en la Comisión de Trabajo del Congreso. Como se tramitará por el procedimiento de urgencia, su paso por las Cortes debería durar la mitad que en un caso ordinario. Según las fuentes parlamentarias consultadas, los trabajos podrían prolongarse durante tres meses.

Al mismo tiempo que se desarrolla y corrige la norma en el Congreso, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social estará embarcado en una primera evaluación de cómo está gestionando la ayuda. Como prometió el ministro José Luis Escrivá, el 15 de septiembre se abrirá una segunda fase en la que deberían rectificarse los múltiples fallos cometidos en la primera: el déficit crónico de personal en la Seguridad Social, la complejidad de los requisitos exigidos a los posibles beneficiarios, la brecha digital que impide a muchos de ellos completar con éxito las solicitudes, los numerosos huecos que impiden a quienes lo necesitan acceder a la prestación...

Burocracia y brecha digital

“[Las ONG] estamos todas volcadas en ayudar a los que piden el Ingreso Mínimo Vital, por eso hay tantas solicitudes”, razona Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política de la Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES). Según el ministerio, 750.000 personas han pedido el IMV, casi el mismo número de las que iban a beneficiarse de la prestación de acuerdo con los cálculos del departamento de Escrivá, 850.000. Con EAPN coinciden Cáritas y Cruz Roja. Forma parte de su trabajo diario asistir a los potenciales beneficiarios. Pese a que no hay “un acuerdo formal” con el ministerio, explica un portavoz de la organización diocesana, lo mismo se asesora en la pelea burocrática con el IMV que en la elección entre éste y las rentas mínimas autonómicas, que en algunas comunidades son incompatibles y en otras complementarias. Cruz Roja explica que ha llamado a más de 60.000 beneficiarios de sus propios programas para informarles de que también podían solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Y ofrece información sobre la ayuda en sus 1.400 oficinas.

La Seguridad Social pretende, además, que sean los trabajadores sociales de los ayuntamientos quienes terminen encargándose de ayudar a los interesados en pedir el IMV, al que le llueven críticas por sus espesez burocrática. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya ha pedido que se incluya en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley una dotación económica dotación económicaque permita a los consistorios formar y emplear a los trabajadores necesarios para gestionar la nueva ayuda.

También las ONG citadas han presentado sus propias enmiendas a los grupos parlamentarios, en un intento por solventar las múltiples incidencias de estos primeros meses y tapar las enormes lagunas que advierten en el decreto-ley. Para empezar, tanto EAPN como Cáritas piden que se sustituyan muchos de los requisitos por una declaración responsable del solicitante cuya comprobación se realice con posterioridad. “Los casos de fraude van a ser ínfimos”, recalca el portavoz de Cáritas. Ahora ya se exige la declaración responsable pero sólo de los ingresos y patrimonio. También hay que presentar el certificado del empadronamiento, el libro de familia, el documento de la demanda de empleo y la acreditación de que se reside legalmente en España –inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de familiar de ciudadano de la UE o autorización de residencia–.

Y aquí es donde se abre la terrible brecha digital y formativa que ha revelado el IMV. “Las personas sin ingresos y en situación de pobreza a las que pretende proteger el Ingreso Mínimo Vital no sólo carecen de acceso a internet, sino también de nociones básicas de gestión y de habilidades digitales”, critica Graciela Malgesini. Para hacer los trámites necesitan, además de un ordenador y de una conexión a la Red, un certificado digital: “Los documentos deben llevar su firma digital, no la que se escribe en un papel”. Una dificultad a la que suele añadirse la exclusión financiera: muchos ni pueden abrir una cuenta bancaria, donde se les pueda hacer el ingreso, “porque no tienen un mínimo que ingresar o les falta documentación”, continúa la responsable de EAPN. Tampoco son los clientes que buscan los bancos con más ansia, ironiza.

El ministro Escrivá cifró en 143.000 las solicitudes tramitadas hasta el 17 de agosto, el 19% de las recibidas. A la vista de todo lo anterior, no es de extrañar que el 7,5% de ellas se hubieran mandado por duplicado y al 40% les faltara documentación. A un total de 28.500 la Seguridad Social les ha requerido el envío de más papeles.

Los agujeros del decreto-ley

Más allá de las ayudas solicitadas, las ONG alertan de los que ya han quedado excluidos por el diseño, a su juicio deficiente, de la prestación. La lista de agujeros por los que escapan potenciales beneficiarios es larga. Todos ellos han sido detectados por quienes están “en el día a día” de la atención a las capas más necesitadas de la sociedad. E introducidos en las enmiendas al proyecto de ley.

“Si decimos que el IMV es un derecho subjetivo de la ciudadanía y definimos la ciudadanía a la que se dirige la ayuda como la que se encuentra en situación de pobreza, luego no podemos añadirle todo un conjunto de requisitos, como que posea una vivienda, que esté afiliado a la Seguridad Social, que sea demandante de empleo o tenga un determinado número de años de residencia, porque excluyen a los que están peor”, detalla Malgesini. De esa manera, por ejemplo, no entran en el IMV las personas sin hogar, precisamente los más excluidos socialmente, subraya.

Pero hay muchos más que quedan fuera. Los hijos menores de padres que se encuentran en España en situación irregular, quienes comparten vivienda con más de dos familias –“es una estrategia de supervivencia de muchas personas”, advierte Cáritas–, las parejas de hecho no registradas, quienes residen en pisos tutelados o centros públicos de inclusión social, los que acaban de salir de la cárcel, las familias monoparentales que viven en la casa de los abuelos... Si se está pendiente de conseguir el estatuto de refugiado tampoco se puede recibir el IMV. Otro tanto ocurre con los jóvenes emancipados menores de 23 años, de los que hay unos 3.000, calcula Graciela Malgesini, y de ellos el 80% está en riesgo de pobreza. Con 23 años se puede percibir el IMV sólo si se ha vivido de forma independiente durante los tres años anteriores, una posibilidad bastante complicada en la España actual, donde los jóvenes no abandonan la casa paterna hasta los 32 años por culpa del abuso del empleo temporal y los elevados alquileres. “Los importes por hijo se han calculado sólo hasta el cuarto”, explica, “¿el quinto se queda fuera?”. Según dice, hay 110.000 familias con más de cuatro hijos en España, de las que el 58% están en riesgo de pobreza.

Uno de los fallos más criticados por las ONG es la vinculación de la ayuda con el empleo. Por un lado, destaca Cáritas, se excluye así a quienes padecen enfermedades crónicas y tienen dificultades para encontrar un trabajo. Además, tampoco se precisa en el decreto-ley qué importe se les reducirá de la prestación a quienes tengan un empleo. “Su determinación se deja a los reglamentos que desarrollen la ley”, indica Malgesini, al igual que muchos otros aspectos “importantes”, añade el portavoz de Cáritas. Lo que temen que se traduzca en un mayor retraso si cabe en la afinación de la ayuda.

La responsable de EAPN también tacha de “disparate” que se exija haber solicitado todas las prestaciones a las que se puede tener derecho antes de pedir el Ingreso Mínimo Vital, cuando no existe siquiera una catálogo –contributivas, no contributivas, municipales, autonómicas...– que las enumere.

Encaje autonómico

Finalmente, queda pendiente el encaje del IMV y las rentas mínimas autonómicas. El portavoz de Cáritas asegura que algunas comunidades están trabajando “a toda prisa” para cambiar sus leyes y hacer compatibles ambas ayudas. Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Cataluña, dice, ya lo han hecho. Porque algunos beneficiarios de estas rentas mínimas ya están recibiendo cartas donde se les informa de que pueden tener derecho al IMV. “En la Comunidad de Madrid te dan un plazo de 10 días para que les comuniques si renuncias a su renta mínima porque vas a solicitar el Ingreso Mínimo Vital”, asegura Graciela Malgesini. En Madrid la renta mínima es una de las más bajas de España, entre 400 y 735,9 euros, mientras el IMV puede quedar entre 461,5 y 1.015,3 euros. Si se renuncia a la autonómica en busca del IMV, se corre el riesgo de quedarse sin nada en caso de que este último no se conceda. Y con la lentitud con que se están resolviendo las solicitudes, la respuesta del ministerio puede demorarse meses. En otras comunidades, la renta mínima es muy superior al IMV, como en Navarra –entre 610,8 y 1.221 euros–, Cataluña –de 604 a 1.122 euros– y País Vasco –entre 644,49 y 915,47 euros–.

Al menos siete comunidades autónomas han pedido ya al Gobierno que les deje gestionar el IMV: Andalucía, Galicia, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria. El País Vasco y Navarra ya han negociado el traspaso. Cataluña

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Lo que no hay aún, pese a que figura en el decreto-ley, es un consejo consultivo con el tercer sector –las ONG y organizaciones de la economía social– que debería asesorar al ministerio en materia de políticas de inclusión y hacerle propuestas legales sobre el IMV. “No hay un espacio formal de interlocución”, admite el portavoz de Cáritas, “pero sí que ha recibido [la Seguridad Social] todas las dudas, zonas grises y problemas que hemos detectado”.

Hasta el 17 de agosto, el ministerio sólo había sido capaz de aprobar 8.841 solicitudes –otras 75.000 fueron concedidas de oficio a personas que ya percibían la ayudas por menor a cargo–, un número mínimo. Afortunados de los que, además, no se sabe cuántos han cobrado ya. También ha denegado 36.800, cuatro veces más. El ministro de Inclusión ya advirtió de que la mitad de las solicitudes serían rechazadas por incumplir los requisitosla mitad de las solicitudes serían rechazadas por incumplir los requisitos. Una mala noticia para quienes afrontan en peor situación de partida la inesperada crisis provocada por el coronavirus. Según el último informe sobre Exclusión y Desarrollo Social de la Fundación Foessa, dependiente de Cáritas, en 2018, tras años de recuperación económica, las rentas mínimas autonómicas no alcanzaban ni al 33% de las personas que sufrían pobreza severa en España, quienes viven con menos del 30% de la mediana de ingresos, 370 euros al mes. Son 2,6 millones de personas. De ellas, hasta ahora, sólo recibían una ayuda, y ésta era autonómica, 679.000.

Ése es el ámbito en que debería desplegar su manto protector el IMV. Graciela Malgesini cree que habrá que esperar hasta 2021 para que la ayuda esté plenamente implantada y ver si lo consigue. El problema es que, a la espera de que el ministerio evalúe su gestión inicial, el Congreso tramite el proyecto de ley y se elaboren sus reglamentos, los ciudadanos no pueden comer “con carácter retroactivo”, como recordó hace sólo unos días el líder de UGT, Pepe Álvarez.