Una valenciana de 61 años ha presentado una demanda judicial contra la cadena low cost iDental, a la que acusa de haberle contagiado la hepatitis B tras haberle extraído todos los dientes de la mandíbula inferior y colocado en su lugar una prótesis que le ha causado una inflamación crónica de la encía. La paciente, además, pide la nulidad del contrato que firmó con la clínica dental, puesto que, según dice, firmó engañada un préstamo con una financiera cuando lo que le habían ofrecido era una “subvención” del 77% del tratamiento.
La demanda se suma a las cientos que otros tantos pacientes de la cadena iDental han presentado durante los últimos cuatro años en toda España. Constituidos en varias plataformas de afectados, reclaman en los organismos de consumo y los juzgados que se les resarza de las negligencias médicas que han sufrido. La cadena lleva instalada en la polémica casi desde su creación, en 2014 y con la marca de iClinic. Actualmente iDental dice que cuenta con 23 centros repartidos por todo el país y 1.200 empleados. También asegura que en ese tiempo ha atendido a más de 200.000 personas.
iDental se presenta como adalid de la “asistencia dental social”. En su página web invita a los pacientes a unirse a la “dentocracia”: “Porque todos tenemos el mismo número de dientes pero no el mismo número de euros”. Parte de su imagen corporativa es el eslogan “dentistas con corazón”, escrito en letras blancas sobre un enorme corazón rojo. Incluso tenía en propiedad la dirección de internet www.dentistasconcorazon.com. Sin embargo, el presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, niega que iDental sea “un modelo basado en la ética y la calidad del servicio a los pacientes”, y descalifica “su supuesta preocupación social” como una “mera estrategia de marketing para captar pacientes”. iDental ofrece en su página web implantes por 612 euros que, gracias a su financiación, se quedan en 12,03 euros, y ortodoncias de 1.446 euros que, financiadas, se rebajan a sólo a 29,31 euros. “Conseguimos que sólo pagues lo que tienes que pagar”, prometen.
Según la demanda judicial de Rafaela Á. D., la clínica de iDental en Valencia le presentó un presupuesto de 21.460 euros para un tratamiento con implantes, dos endodoncias y un empaste. A fin de hacer frente a semejante factura, le ofrecieron una “subvención” del 77%, por lo que el precio final se rebajaba hasta los 4.832,3 euros. Para conseguirla, debía entregar en la clínica documentos que acreditaran cuáles eran sus ingresos. Rafaela Á. D. está jubilada y es viuda, vive de una pensión. Además, le dijeron que debía firmar la subvención antes de 48 horas porque, de lo contrario, se la concederían a otro paciente.
Sin embargo, lo que le dieron no fue una subvención, sino que firmó un contrato de préstamo con Fracciona, una financiera especializada en créditos al consumo propiedad de Evo Banco desde 2014 y que también trabajaba con otra cadena polémica, Funnydent.
Cartel publicitario de iDental en su clínica de Valencia.
Ya no dan “subvenciones”“”
“Un millón de euros de dotación presupuestaria en ayudas y subvenciones dentales para que te puedas arreglar la boca” se podía leer, bajo las fotos de Javier Cárdenas y los actores Carolina Cerezuela y Pepe Ruiz, en la publicidad que hacía iDental cuando la paciente empezó a acudir a la clínica, a finales de 2015 y principios de 2016. También en el presupuesto que se ofreció a la paciente aparecía como “subvención” el supuesto descuento otorgado. La demandante ha aportado al juzgado igualmente el documento de iDental que incluye las “bases reguladoras” para conceder la “asistencia dental”, donde a los descuentos de les denomina “ayudas” y se establece que éstas tienen una validez de 48 horas “por motivos organizativos”. “Transcurrido el citado plazo, la ayuda quedará automáticamente anulada”, advierte, “sin perjuicio del derecho del paciente a solicitar un nuevo presupuesto para el plan de tratamiento dental, así como la correspondiente ayuda”.
Entonces la cadena aún era propiedad de su fundador, el dentista Antonio Javier García Pellicer. En octubre de 2017 la vendió a Weston Hill, que se define como un híbrido de family office –una gestora de grandes patrimonios– y de fondo de capital riesgo especializado en empresas medianas. Pese a su nombre, tiene la sede en Madrid y sus dueños son españoles: Luis Sans y José María Garrido. El precio de la operación que se publicó en ese momento fueron 25 millones de euros.
A preguntas de infoLibre, un portavoz de la cadena de clínicas niega que iDental “publicite subvenciones ni ayudas”. Reconoce que sí lo hizo en el pasado, pero explica que “salían de un fondo al que la empresa dedicaba parte de sus beneficios”. “No tenían nada que ver con financiar un tratamiento, eran independientes”, añade, “el paciente, con total libertad, escogía el método de pago: al contado por tratamiento realizado o con financiación”.
En la demanda, la paciente valenciana denuncia que el presupuesto se elaboró sin un estudio radiográfico previo, “necesario para el tipo de cirugía” que le iban a realizar, y por tanto, sin un diagnóstico adecuado.
“Total negligencia”
Pero lo peor aún estaba por llegar. El día en que debían extraerle todos los dientes de la mandíbula inferior, Rafaela Álvarez sangró tan abundantemente –“no se puede controlar la hemorragia”, se describe en el historial de la paciente– que no se le pudieron colocar los cuatro implantes previstos. En consecuencia, la mujer estuvo sin dientes inferiores, y sin implantes, desde el 25 de enero hasta el 5 de septiembre de 2016, casi nueve meses.
Es más, según el perito dentista cuyo informe se adjunta a la demanda, la mayoría de los dientes no deberían haber sido extraídos, puesto que “podrían haber respondido perfectamente a tratamientos conservadores muchos años”. A su juicio, por tanto, se la sometió a un “sobretratamiento”.
En la demanda se explica también que la mujer padeció una auténtica tortura: la operación se prolongó desde las ocho de la mañana a la medianoche. Cuando pidió ir al cuarto de baño, seguía sangrando “atrozmente” y se desmayó. La encontraron en el suelo de los aseos su hijo y la novia de éste, relata el escrito. En la historia clínica, una de las dos odontólogas que la atendieron escribió: “Paciente molesta por la mala organización de la clínica. Decido reorganizar las citas para que no le vuelva a ocurrir lo de hoy”.
Pero tampoco los implantes, cuando fueron colocados, aliviaron la situación de la mujer. El perito destaca que éstos se pusieron “demasiado juntos, lo que hace inviable usarlos para soportar un arco fijo completo”. A su juicio, “parece evidente que esta cirugía fue realizada por alguien sin la adecuada formación y experiencia, y sin la debida supervisión”. Deberían haberse colocado seis implantes, no cuatro, advierte.
Además, en lugar de extraerle tres dientes de la mandíbula superior y colocarle dos implantes, según lo previsto, se le puso un puente de resina provisional. Pero como no se le hicieron de forma adecuada, la mujer sufre desde entonces una dolorosa “inflamación crónica de las encías”. Tampoco se le colocó el puente de porcelana definitivo”, añade la demanda.
Para arreglar el “daño desproporcionado” que le ocasionó la “total negligencia de los profesionales de iDental”, la paciente valenciana necesita un tratamiento adicional valorado en hasta 24.700 euros, destacan sus abogados. Y ello sin contar con que, en un análisis de sangre que le realizaron en octubre de 2017, dio positivo en hepatitis B. Cuando llegó a iDental, en enero de 2016, “no era portadora del virus”, como confirma otro análisis al que se sometió en julio de ese mismo año. Según la demanda, la única intervención quirúrgica a la que se ha sometido Rafaela Á. D. fue una extirpación de ovarios cuando tenía 42 años. La mujer también pide una indemnización por daños y perjuicios.
Másters en prácticas
El presidente del Consejo de Dentistas de España explica que los alumnos de los másters de implantología que iDental tenía concertados con las universidades de Lleida y Alicante “practicaban” con los pacientes de las clínicas. “Son recién licenciados que están aprendiendo y sus márgenes de error son mayores”, lamenta Óscar Castro, quien resalta que ninguna de esas dos universidades tiene facultades de Odontología. Se trata de títulos propios, no oficiales, “un ejemplo palmario de la poca vigilancia que mantiene la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca)”.
En algunas webs de empleo iDental ofrecía su Máster en Odontología Integrada, Gestión e Implantología, con “60 créditos de Bolonia y avalado por la Universidad de Lleida”, de cuyo coste total la cadena subvencionaba “el 95% a los odontólogos que trabajan en sus instalaciones, haciendo posible compatibilizar la actividad laboral (retribuida salarialmente) con la formación especializada”. El de la Universidad de Alicante costaba 3.780 euros. iDental niega que sus dentistas trabajen en régimen de prácticas. Por el contrario, la clínica asegura que los odontólogos que quisieron pudieron cursar en 2017 un programa de formación gratuito en el que iDental se hacía cargo del pago completo de un máster impartido por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid.
La cadena de clínicas promocionaba también su vertiente social firmando acuerdos de colaboración con instituciones del tipo de Cruz Roja y Cáritas o las fundaciones RAIS para personas sin hogar y Cepaim para inmigrantes. En noviembre de 2016 suscribió un convenio con Cruz Roja para ofrecer durante un año servicio bucodental gratuito “por importe de un millón de euros” a personas sin recursos económicos. Sin embargo, según indica un portavoz de Cruz Roja, el acuerdo no se puso en marcha. “Nunca llegamos a mandarle a nadie, en vista de las noticias sobre posibles prácticas irregulares”, precisa. El acuerdo fue ampliamente publicitado en espacios patrocinados de las webs de El País, Abc, El Español, La Vanguardia, eldiario.es, El Confidencial…
Cierre de clínicas y problemas laborales
Antes de recurrir al juez, Rafaela Á. D. denunció la negligencia ante el Colegio de Odontólogos de Valencia, que apreció una “falta al código ético” por parte de los profesionales que la trataron y del responsable sanitario de la clínica. “Además, si no se han realizado algunos de los tratamientos abonados, ello podría constituir motivo de estafa”, dictamina el órgano. Óscar Castro asegura que los colegios han abierto “varios expedientes” tras recibir las denuncias, que pueden terminar en el cese de la colegiación tanto de los odontólogos como de los responsables de las clínicas. Pero recuerda que son las comunidades autónomas las competentes para vigilar e inspeccionar. iDental replica que reciben inspecciones periódicas, pero que éstas no han tenido consecuencias y los centros “continúan ejerciendo su actividad”. Sólo la clínica de Zaragoza vive “un cierre temporal debido a causas técnicas desde hace muy pocos días”, precisa. Pero lo cierto es que el año pasado iDental decía contar con 26 centros y hoy sólo reconoce 23. El pasado miércoles fue desahuciada la clínica de Santander por impago del alquiler y, según publicó El Independiente, están al borde del desalojo por el mismo motivo al menos una docena de los locales que tiene alquilados iDental en toda España.
En marzo se hizo público que el fondo buitre Cerberusel fondo buitre Cerberus estaba interesado en adquirir la cadena de clínicas low cost. Pero la operación se frustró porque uno de los socios de Weston Hill, Luis Sans, “se niega a vender en este momento”, según aduce la empresa. Sans “espera que el valor de la compañía supere los 350 millones de euros en los próximos años”. Es decir, 14 veces lo que le costó a él en 2017.
iDental, que no quiere hacer públicos sus datos de facturación y beneficios, admite que atravesó “una etapa de inestabilidad económica” que solventó la llegada de Weston Hill en octubre de 2017. Aun así, se suceden las protestas de los trabajadores, que reclaman el pago de sus nóminas. Los de Valencia ya han convocado huelga para los próximos 30 y 31 de mayo y 1 de junio. “Hubo peticiones de amparo a los colegios”, aclara Óscar Castro, “pero nosotros no somos sindicatos”. Aun así, el Consejo General de Dentistas denunció en su día que muchos de los odontólogos de iDental eran falsos autónomos. Y que la rotación de profesionales era muy alta. La paciente valenciana, por ejemplo, sostiene en su demanda que nunca la atendió el mismo dentista en sus sucesivas visitas. La cadena de clínicas lo desmiente. “Todos los trabajadores mantienen una relación laboral, ninguno es autónomo”. También asegura que desde la venta a Weston Hill “se encuentra al corriente del pago de las nóminas”.
La demanda de Rafaela Á. D. la ha interpuesto el despacho valenciano Themis Abogados, que además tramita otra veintena de casos contra iDental. También la plataforma de Afectados por las Cadenas Dentales (Afecade) ha presentado unas 200 sólo contra esta empresa. Belén Gara, de la Plataforma de Afectados de iDental, habla de “cientos” cuando se le pregunta por el número de demandas judiciales de las que se ha hecho cargo. En ambas plataformas, la mayoría de los perjudicados son personas con escasos recursos económicos y, por tanto, con dificultades para contratar, por ejemplo, un perito que elabore un informe sobre el tratamiento recibido. Isabel Palomino, de Afecade, avanza que esta misma semana empiezan a interponer denuncias penales por mala praxis y estafa contra la cadena de clínicas, que se añaden a las civiles presentadas hasta ahora. Belén Gara explica que entre los casos que lleva los hay de infecciones periodontales ocasionadas por los tratamientos empleados. “Muchos pacientes quedan con secuelas psicológicas”, añade.
Prohibido ofrecer rebajas en tratamientos médicos
La Audiencia Nacional asume la investigación contra la clínica iDental debido al gran volumen de la causa
El pasado 26 de abril la Comisión de Sanidad del Congreso aprobó una proposición no de ley que insta al Gobierno a regular la publicidad de las clínicas dentales, para que sea “aséptica y no contenga elementos que inciten al consumo”, además de a prohibir las ofertas y precios rebajados en los tratamientos. La iniciativa la presentó Ciudadanos y la apoyaron todos los grupos. En su intervención, el diputado naranja Francisco Igea Arisqueta citó a iDental como “una bomba de relojería que ha estallado con el pleno conocimiento del Ministerio de Sanidad y de las consejerías de Sanidad”. También cifró en 1.500 las denuncias presentadas por pacientes “que han perdido todos los dientes y a los que incluso se les ha fracturado la mandíbula”. El parlamentario aseguró que 100 estomatólogos han sido expedientados por su propio colegio. Y que muchos de los odontólogos de la cadena de clínicas, con “entre 23 y 26 años, recién salidos de las universidades”, están trabajando en iDental “en condiciones inadecuadas”. Según relató, el Ayuntamiento de Zaragoza había cerrado el 25 de abril la clínica de iDental en la ciudad por carecer de licencia.
La iniciativa de Ciudadanos pedía no sólo que se prohíba la obligatoriedad de firmar acuerdos de financiación para tratamientos no realizados, así como su pago anticipado, sino también que se instruya a la Inspección de Trabajo para que revise la existencia de “falsos autónomos” en las clínicas dentales. Finalmente, se reclama a los colegios de dentistas que abran un registro de reclamaciones.
La cadena de clínicas no confirma la cifra de denuncias y expedientes aportada por el diputado de Ciudadanos en el Congreso ni la amenaza de desahucios y los cierres. Sólo indica a infoLibre que se están operando “cambios en la empresa” y que el nuevo propietario está “trabajando para solucionar las incidencias que se están produciendo tanto con los pacientes como con los empleados”.
Una valenciana de 61 años ha presentado una demanda judicial contra la cadena low cost iDental, a la que acusa de haberle contagiado la hepatitis B tras haberle extraído todos los dientes de la mandíbula inferior y colocado en su lugar una prótesis que le ha causado una inflamación crónica de la encía. La paciente, además, pide la nulidad del contrato que firmó con la clínica dental, puesto que, según dice, firmó engañada un préstamo con una financiera cuando lo que le habían ofrecido era una “subvención” del 77% del tratamiento.