El Estado pagará a las agencias privadas de colocación de 300 a 3.000 euros por cada parado a las que éstas encuentren trabajo. El acuerdo marco que establece las bases del nuevo modelo de colaboración de las agencias con los Servicios Públicos de Empleo, tanto el estatal como los autonómicos, está aún en fase de redacción, pero muy avanzado. Debería estar listo antes del verano para que el nuevo sistema comience a funcionar en octubre. El último borrador fija una escala de compensación según el éxito que la agencia privada tenga con el desempleado. Así, por conseguir un contrato de seis meses a uno mayor de 45 años que lleve más de dos años sin trabajo, el Estado pagará 3.000 euros. Por conseguir empleo a uno menor de 29 años, sólo 300.
Según fuentes conocedoras del texto, el modelo copia el sistema británico. El Estado pagará un fijo por cada parado y una parte variable adicional en función del tipo de empleo o contrato que se le proporciona. El Ejecutivo ya ha explicado que pagará a las agencias privadas en función de sus resultados, según “las características del desempleado y de la duración del empleo facilitado”. Por ejemplo, si en el periodo de un año ha estado trabajando un determinado número de meses.
Las agencias privadas se encargarán de conseguir empleo a los grupos de trabajadores que les proporcionen los servicios de empleo autonómicos: “Mujeres mayores de 45 años”, “jóvenes con estudios básicos”. Entonces serán objeto de un plan “casi diario de búsqueda de empleo”, que incluirá formación y orientación laboral. Fuentes de Asempleo, la patronal de las agencias privadas de empleo –antiguas ETT–, creen que, una vez en el circuito del empleo temporal, los sucesivos contratos de corta duración –15 días, un mes, tres meses– se transformarán en una “colococación permanente”.
ETT y subcontratas
Eso sí, según consta en el borrador, el Gobierno pretende mantener separados el negocio tradicional de las Empresas de Trabajo Temporal y de las agencias privadas de colocación. Una posibilidad que rechaza su patronal, porque supone “prescindir de la potencia de las ETT en contratación temporal”. Esa "potencia", según destacan, se traduce en los 1,5 millones de contratos que firman cada año, el 16%, según destacan, y en que intermedian en el 12% de las ofertas de trabajo, frente a sólo un 3% de los servicios públicos de empleo. Desde la reforma laboral, a las ETT les basta una “declaración responsable” para conseguir la autorización que las convierte en agencias de colocación. Hasta el momento hay unas 700 autorizadas en toda España, según el listado del Sistema Nacional de Empleo.
El modelo que está diseñando el Ministerio de Empleo permitirá, en principio, la subcontratación de la intermediación laboral. Otro punto que tampoco satisface a las agencias privadas. “Puede ocurrir que la intermediación laboral termine en manos de operadores no profesionales”, empresas de formación, por ejemplo, explican las fuentes de Asempleo. “Es un riesgo y un error”, apuntan, “porque el responsable último de la cadena es el Servicio Público de Empleo”. Asempleo agrupa a las 42 mayores ETT, que suman una red de 700 oficinas en toda España.
Sin dinero para los servicios públicos
El recurso a las empresas privadas se produce mientras el Ejecutivo “debilita las plantillas de los servicios públicos de empleo”, se queja UGT. En dos años, recuerda, Empleo ha despedido a 1.500 orientadores y 1.500 promotores de empleo. El presupuesto destinado a las políticas activas de empleo –formación– se ha recortado un 34,6% este año, tras sufrir otra rebaja del 21% en 2012. En España hay un funcionario para atender a 200 parados, mientras que en el resto de Europa cada empleado público se ocupa de no más de 50.
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La responsable de Empleo de CCOO, Paloma López, califica de “despropósito” que no haya dinero para potenciar unos servicios públicos de empleo “bajo mínimos en recursos materiales y humanos” y sí para las agencias privadas de colocación. Más aún cuando se les va a pagar “sólo por conseguir seis meses de trabajo, incluso con varios contratos”, a cada desempleado.
López tampoco ve con buenos ojos que, tal como apareció en algún borrador del acuerdo marco, se permita a las agencias privadas de empleo iniciar el procedimiento sancionador contra los parados que incumplan sus obligaciones formativas o de búsqueda activa de trabajo.
El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, pone el foco en el hecho de que “sin actividad económica” previa no habrá empleos que ofrecer por mucho que se les pague a las agencias privadas de colocación.
El Estado pagará a las agencias privadas de colocación de 300 a 3.000 euros por cada parado a las que éstas encuentren trabajo. El acuerdo marco que establece las bases del nuevo modelo de colaboración de las agencias con los Servicios Públicos de Empleo, tanto el estatal como los autonómicos, está aún en fase de redacción, pero muy avanzado. Debería estar listo antes del verano para que el nuevo sistema comience a funcionar en octubre. El último borrador fija una escala de compensación según el éxito que la agencia privada tenga con el desempleado. Así, por conseguir un contrato de seis meses a uno mayor de 45 años que lleve más de dos años sin trabajo, el Estado pagará 3.000 euros. Por conseguir empleo a uno menor de 29 años, sólo 300.