Los partidos son incapaces de llegar a un acuerdo en el Pacto de Toledo y pierden otro año para reformar las pensiones

Los grupos parlamentarios dieron este martes por rotas las negociaciones del Pacto de Toledo entre acusaciones mutuas de “irresponsabilidad”, “falta de respeto al consenso”, “traición a los pensionistas” y obediencia a “intereses partidistas”. “El 28 de abril se nos ha echado encima”, resume el diputado de Compromís Ignasi Candela, en referencia al adelanto electoral. Las prisas fueron el argumento que esgrimió Unidos Podemos para dejar el pacto sobre el sistema público de pensiones “para la próxima legislatura”. “En el último borrador todas las recomendaciones seguían muy abiertas y habría sido muy forzado debatirlo todo antes del jueves [por mañana]”, explica a infoLibre Aina Vidal, diputada de En Comu Podem, integrado en el grupo de Unidos Podemos.

Después de una reunión de sólo una hora y cuando la mayoría de los grupos acariciaban un acuerdo buscado durante más de dos años, los portavoces de la comisión parlamentaria han puesto punto final a sus trabajos. Ni PP ni Unidos Podemos quieren ya que se celebre este jueves el debate de las 23 recomendaciones –21 más dos nuevos apartados bis dedicados a la economía digitalizada y la juventud– que deberían servir de guía al Gobierno para mantener en el mejor estado de salud posible el sistema público de pensiones.

La diputada de la formación morada Yolanda Díaz había sorprendido al resto de los miembros de la comisión con el anuncio de que su grupo iba a presentar votos particulares a todas las recomendaciones, no sólo a las tres que había adelantado previamente: edad de jubilación, contributividad y sistemas complementarios de pensiones. Una enmienda a la totalidad de un texto que estaba avanzado, “pero no tanto como para dejarlo cerrado en cuatro días”, precisa Aina Vidal. Así que, añade, Unidos Podemos ha preferido aparcarlo hasta la próxima legislatura antes que “aprobar vaguedades”. Ni en la definición de lo que es una pensión “suficiente”, ni en las pensiones de las mujeres, ni en la confianza del sistema de los jóvenes ni en las fuentes de financiación, el contenido del borrador satisfacía a la formación morada, apunta. “No se ha roto ningún pacto, porque aún no existía”, ha rebatido por su parte la diputada Yolanda Díaz. “Para traicionar a los pensionistas, con nosotros que no cuenten”.

En el argumento ha coincidido el PP. Su portavoz, Gerardo Camps, repite que las recomendaciones no estaban “lo suficientemente maduras como para cerrar deprisa y corriendo el Pacto de Toledo” y que el acuerdo “corresponderá a otro Congreso”, el que salga de las urnas el 28 de abril. “El PP se ha encontrado cómodo en la posición que ha traído Podemos por sorpresa”, interpreta por su parte el diputado de Ciudadanos Sergio del Campo, quien no duda en acusar a la formación morada de llegar con la “intención dinamitar el pacto”. “Lo han roto los extremos”, zanja.

Reunión extraordinaria

Pese a lo que parece una fractura definitiva, PSOE, PNV, PDeCAT, Compromís quieren aún que se celebre una última sesión para que cada grupo “se retrate”. Sin embargo, el resto de los partidos no lo ven apropiado. En todo caso, la Mesa de Portavoces se reunirá este miércoles para votar si se reúne una comisión extraordinaria o no. “No tiene lógica celebrarla si no hay acuerdo, reunirnos para acuchillarnos no tiene sentido”, rebate Sergio del Campo. Otro tanto dicen PP y Unidos Podemos. Y ambos suman la mayoría en la comisión. Ignasi Candela, en cambio, sí que considera necesario “dar explicaciones sobre lo que ha pasado, después de dos años y medio de trabajo”. Carles Campuzano, del PDeCAT, lamenta que Unidos Podemos esté dando “razones a quienes defienden que las políticas de pensiones hay que dejarlas en manos de los tecnócratas, que miran por la eficiencia del sistema y no por su equidad y suficiencia”. Íñigo Barandiaran, del PNV, ha criticado que la falta de acuerdo genere intranquilidad en los pensionistas y dudas sobre el propio sistema público.

“Todos hemos cedido, hemos sacrificado una parte de nuestras propuestas y hemos sido constructivos”, explica Mercè Perea, la portavoz del PSOE. Por ejemplo, detalla, evitando pedir la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 para sumar al PP. Pero el adelanto electoral lo ha trastocado todo. “Ahora no se trata de PP o PSOE, sino del futuro colectivo”, subraya, tras criticar a Unidos Podemos por ponerse del mismo lado que PP y Ciudadanos y al PP por “esconderse detrás de Podemos”.

¿Decreto del Gobierno para salvar la recuperación del IPC?

Desde que se constituyera la comisión en noviembre de 2016, y después de una treintena de comparecencias de expertos y un arduo trabajo para acercar planteamientos a menudo antitéticos, los grupos anunciaron el pasado septiembre un preacuerdo en una de las recomendaciones, la segunda, para revalorizar las pensiones según suba el IPC. Fue el resultado, también, de la presión que desde la calle ejercieron miles de jubilados, que protestaron en toda España durante meses reclamando “pensiones dignas”. Ya antes, el Gobierno del PP había pactado con el PNV subir las pensiones un 1,6%, dejando aparcado el 0,25% que le marcaba el Índice de Revalorización de las PensionesÍndice de Revalorización de las Pensiones (IRP) creado en la reforma de 2013. Además, el factor de sostenibilidad, la otra creación de esa ley, aprobada en solitario por el PP, quedó en suspenso, igualmente por decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy, hasta 2023, cuando debiera haber empezado a aplicarse este año para recortar las nuevas pensiones en función de la esperanza de vida de cada generación.

Ahora ese preacuerdo puede quedar como papel mojado. Para evitarlo, Unidos Podemos, así como los sindicatos CCOO y UGT, se han apresurado a pedir al Gobierno que apruebe por decreto la vinculación de las pensiones al IPC. Este mismo lunes, en una entrevista en Telecinco, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se mostró dispuesta a hacerlo. “Ha sido incapaz de aprobarlo en estos ocho meses de Gobierno”, critica Aina Vidal. Sergio del Campo no concede su apoyo a la medida sin haber leído primero la letra del posible decreto. “La subida según el IPC tenía sentido en un marco genérico que incluía otras reformas paramétricas –retraso de la edad de jubilación, aumento del periodo de cálculo de la pensión–, pero por sí misma es una medida complicada”, opone.

Es decir, puede que del trabajo realizado por el Pacto de Toledo en estos más de dos años no quede ni rastro. Ni siquiera está garantizado que sirva para la comisión que se forme tras las próximas elecciones. Y cuya composición puede ser muy distinta a la actual. Puede que esos nuevos diputados quieran empezar de cero. En cualquier caso, 2019 será un año perdido a efectos de reformar el sistema de pensiones, mientras el déficit de la Seguridad Social continúa encaramado en máximos históricos: 18.650 millones de euros es la previsión para este año incluida en los Presupuestos del Estado recién rechazados en el Congreso. 

Por eso era fundamental un acuerdo, sobre todo para revisar los ingresos del sistema, más aún si la previsión de gastos va a seguir aumentando, debido al aumento del número de pensionistas, a la mayor cuantía de sus prestaciones y a su revalorización anual según la inflación.

Así, el Pacto de Toledo había redactado un borrador donde se instaba al Gobierno a pagar con impuestos –en lugar de con cotizaciones como ahora– los incentivos a la contratación indefinida, los subsidios asistenciales y las prestaciones de maternidad, además de a homologar los regímenes especiales con el régimen general de los asalariados y equiparar las cotizaciones de los autónomos con sus ingresos reales, entre otras medidas para mejorar los ingresos del sistema y reducir sus gastos.

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Ésta es la primera vez, desde la firma del Pacto de Toledo en 1995, en que la revisión de las recomendaciones sobre pensiones se cierra sin acuerdo. La comisión tiene el encargo de realizar ese trabajo cada cinco años. Lo hizo en 2003 y en 2010. Y en cada una de esas ocasiones se tomó su tiempo. La primera revisión se prolongó desde junio de 2000 hasta el 30 de septiembre de 2003, y amplió las 15 recomendaciones iniciales hasta 21. Pese a que hubo elecciones generales en marzo de 2004 –y autonómicas en Madrid y Cataluña–, el envite se solucionó con una redacción genérica que limó oposiciones.

También la revisión que concluyó el 29 de diciembre de 2010 había comenzado dos años antes y se enfrentaba a otra múltiple convocatoria electoral en 2011: municipales en mayo, elecciones autonómicas en 13 comunidades y generales en noviembre. Pero la tensión política no impidió el acuerdo. Eso sí, entonces hubo 27 votos particulares, entre ellos uno a la totalidad del texto firmado por IU, ERC, BNG y Nafarroa Bai. La diputada de UPyD Rosa Díez presentó 21 votos particulares. En la anterior revisión de las recomendaciones, en 2003, el número de votos particulares se quedó en 11.

La diferencia esta vez estriba en que entonces la Seguridad Social tenía superávit: 7.400 millones de euros en 2003, en pleno auge económico, y 2.383 millones en 2010, cuando ya la crisis había empezado a hacer mella en las cotizaciones.