El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, propuso este jueves en el Congreso impulsar los planes de empresa como una de las medidas para conseguir un sistema público de pensiones sostenible y suficiente. Ese impulso, dijo, debe ser fiscal. Ahora este tipo de planes de pensiones tiene las mismas ventajas a la hora de tributar que los planes individuales: una reducción del 30% de los rendimientos netos del trabajo hasta un tope de 8.000 euros. Pero muchos analistas critican que estos incentivos fiscales benefician más a quienes tienen rentas más altas, que son también quienes pueden ahorrar más. De acuerdo con los cálculos que incluye en su libro ¿Cobraremos la pensión? el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri, mientras que más de la mitad de la población sólo consigue deducirse unos 300 euros en el IRPF por sus planes de pensiones, los más ricos logran un ahorro fiscal superior a los 4.000 euros.
La idea de Escrivá es “trasladar progresivamente” los beneficios fiscales de los planes individuales a los que se construyen en los convenios colectivos de empresas y sectores. Tal y como consta en la memoria de beneficios fiscales de 2018, Hacienda dejó de recaudar 770,88 millones de euros ese año por las reducciones de las que se beneficiaron 2,73 millones de contribuyentes.
Según expuso el ministro, los planes de empresa están “estancados” respecto a los individuales, a pesar de que los primeros son más rentables y sus comisiones –que se comen la rentabilidad de los segundos–, menores. Los datos de Inverco, la patronal de los fondos de pensiones, lo corroboran. A 31 de diciembre de 2019, el patrimonio de los planes colectivos ascendía a 35.710,1 millones de euros, menos de la mitad de los 79.849,8 millones de los planes individuales. Es más, no sólo están menos desarrollados, sino que su volumen anual ha crecido la mitad –5,6%– que el de los individuales –10,5%–. Los planes de pensiones asociados, aquéllos que sostienen asociaciones, sindicatos y organizaciones, medran mucho menos aún, un 3,6% el último año.
Si se miden las prestaciones que cobransus partícipes, resulta que han caído un 22,1% sólo el último año, siete veces más que los planes individuales –un 3,16%–. Tampoco lucen mejor las aportaciones a los planes de empresa, cuya cuantía se redujo en 2019 un 2,16% respecto al ejercicio anterior, mientras que las aportaciones a los individuales aumentaron un 11,2%. Para hacerse una idea de las diferencias entre ambos tipos de previsión social complementaria, basta decir que en España el número de personas con un plan de pensiones individual alcanza los 7,51 millones, mientras que quienes tienen suscrito un plan a través de su empresa no llegan ni a los dos millones: 1,98 millones de trabajadores. Con planes asociados, sólo hay 55.460 personas, un 11% menos que el año anterior. “Los planes de empleo llevan sin registrar más aportaciones que prestaciones desde 2010, lo que demuestra que, por ahora, no están funcionando”, lamentó este jueves el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama.
Un negocio en manos de las grandes entidades financieras
A su juicio, este tipo de esquemas colectivos deberían ser “obligatorios o semiobligatorios”, a imitación de lo que ocurre en Suecia, Suiza, Países Bajos o Reino Unido. Actualmente, subrayó, los planes de empresa apenas cubren al 10% de los trabajadores españoles.
También es cierto que, sin embargo, la rentabilidad de los planes de empresa es muy superior a la de los individuales. Según las cifras de Inverco, la rentabilidad de los segundos es del 3,21% a 26 años, por un 4,64% la de los primeros. A medio plazo, cinco y 10 años, la rentabilidad de los planes de empresa se eleva al 2,83% y al 3,98%, respectivamente, mientras que la de los individuales se queda en el 1,88% y el 2,84%.
Los planes de pensiones sustentados en convenios colectivos son gestionados por las mismas entidades privadas que los individuales. Los cinco mayores gestores de fondos de empresa en España por su patrimonio son Caixabank, BBVA, Ibercaja, Fonditel Fonditely Bankia. Copan casi el 78% de los 35.710,1 millones de activos. Sólo Caixabank administra 248 planes y el 26,77% del patrimonio que suman estos planes –9.560,6 millones de euros–. BBVA gestiona aún más, 344, pero con un patrimonio menor –8.405,8 millones–. Fonditel es la gestora de planes de pensiones y fondos de inversión de Telefónica, que controla un 70%, mientras que el 30% restante se lo reparten CCOO y UGT a partes iguales. Otro tanto ocurre en Gestión de Previsión y Pensiones (GPP), del BBVA en un 60%, con los dos grandes sindicatos sumando el 40% restante. GPP tiene a su cargo el plan de pensiones de los funcionarios de la Administración del Estado. Fonditel, además del plan para la plantilla de Telefónica, se encarga de los de Microsoft, Hewlett-Packard, Morgan Stanley o Procter & Gamble.
Un escollo: los bajos salarios
“La misión del ministro son las pensiones públicas, el sistema privado es complementario y primarlo o no tiene que ver con las políticas fiscales”, respondió este viernes el secretario general de UGT, Pepe Fernández, a la propuesta de José Luis Escrivá la víspera. No obstante, aplaudió que se eliminen las bonificaciones fiscales a los planes individuales de pensiones, “teniendo en cuenta que quien se aprovecha de esa fiscalidad no son los trabajadores con un nivel medio de poder adquisitivo, sino personas con uno altísimo”.
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La reacción de José Manuel Inchausti, consejero delegado de Mapfre, la sexta mayor gestora de planes privados, con 5.129 millones de euros de patrimonio –de los que 759,9 millones son planes de empresa–, fue más negativa. Si bien consideró “una muy buena noticia” que el Gobierno quiera incentivar los planes de empresa, también criticó que se vaya a hacer “a costa de los individuales”. “No entendemos qué tiene que ver fomentar una cosa con quitarle fuerza a la otra, son dos pilares completamente complementarios: cuanto mayor ahorro privado en España, mejor”, aseguró tras presentar la estrategia de Mapfre para este año, informa Europa Press.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha defendido en diferentes ocasiones el impulso de los planes de pensiones de empleo, “siempre que no cuestionen la viabilidad del sistema público o aspiren a sustituirlo, y no supongan un coste fiscal al conjunto del país”. Pero al tiempo advierte de un obstáculo añadido en un modelo que casi los ha convertido en un artículo de lujo limitado a las grandes empresas: los bajos salarios. “En un país donde el sueldo más habitual está en 16.000 euros anuales, es casi imposible plantearlo [los planes de pensiones empresa] en la negociación colectiva [para las empresas más pequeñas]. Porque si tengo un salario de 900-930 euros, o de 1.000-1.100 euros netos, y estoy cotizando a la Seguridad Social, que me está generando un derecho de pensión, es casi imposible que acceda a que un 1,5% de mi masa salarial, aunque la empresa aporte otro 1,5%, vaya a nutrir un fondo de pensiones de empleo”, detalló en una entrevista al periódico digital 65yMÁS el pasado mes de julio.
Una de las recomendaciones incluidas en el último borrador de acuerdo de Pacto de Toledo –que decayó en febrero de 2019 y no llegó a materializarse– instaba al Gobierno a “fomentar los planes de pensiones de empresa vinculados a organismos sin ánimo de lucro, sin descartar incentivos fiscales”. En esa recomendación se apoya ahora el Ministerio de Seguridad Social para que sindicatos y empresarios se presten a incluirlos en la negociación de los convenios colectivos.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, propuso este jueves en el Congreso impulsar los planes de empresa como una de las medidas para conseguir un sistema público de pensiones sostenible y suficiente. Ese impulso, dijo, debe ser fiscal. Ahora este tipo de planes de pensiones tiene las mismas ventajas a la hora de tributar que los planes individuales: una reducción del 30% de los rendimientos netos del trabajo hasta un tope de 8.000 euros. Pero muchos analistas critican que estos incentivos fiscales benefician más a quienes tienen rentas más altas, que son también quienes pueden ahorrar más. De acuerdo con los cálculos que incluye en su libro ¿Cobraremos la pensión? el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri, mientras que más de la mitad de la población sólo consigue deducirse unos 300 euros en el IRPF por sus planes de pensiones, los más ricos logran un ahorro fiscal superior a los 4.000 euros.