Los petroestados extienden su millonaria telaraña en la economía española en medio de la opacidad

El movimiento de la empresa Saudí Telecom Company (STC) para hacerse con el 9,9% del capital social de la española Telefónica en septiembre de 2023 fue para muchos como recibir un impacto y obligó al Gobierno a tomar decisiones y a volver a la compañía, 27 años después de su privatización. Provocó además un debate sobre el desembarco de fondos extranjeros en entidades nacionales. Los investigadores del Real Instituto Elcano Haizam Amirah Fernández y Judith Arnal se han adentrado en las relaciones económico-financieras entre España y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, integrado por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Kuwait, Omán y Bahréin -ordenados de mayor a menor Producto Interior Bruto (PIB)-; y han sacado algunas conclusiones.

Para arrancar, han constatado que “la abundante riqueza generada por los hidrocarburos es uno de los elementos que determinan la importancia geopolítica de este bloque de países, así como su capacidad financiera para realizar cuantiosas inversiones fuera de su región a través de los fondos soberanos”. Las exportaciones de petróleo sobresalen respecto al resto de las asociadas a mercancías en esos estados, con la excepción reciente de Bahréin, que prácticamente “se ha quedado sin reservas”, según anotan los autores del análisis. Y hay otros indicadores que confirman la fuerte dependencia económica que tienen de los hidrocarburos, como el porcentaje que las rentas del crudo suponen sobre el global del PIB, aunque “ha ido cayendo en los últimos años”. De ahí que algunos de esos territorios se hayan embarcado en “planes para la diversificación de sus economías con el objetivo de reducir dicha dependencia” y se hayan fijado como meta “la sustitución gradual de la producción de petróleo y gas" por la de "bienes y servicios que no dependan de forma directa o indirecta del sector energético”. Buscan el reemplazo de "los ingresos estatales provenientes de los hidrocarburos por otras fuentes” de riqueza. Fue Emiratos el primero en iniciar ese camino y ya “se ha convertido en un hub comercial, logístico y financiero de la región”.

Amirah y Arnal explican en su informe que esas estrategias de diversificación económica están plasmadas en las llamadas “visiones nacionales” y “planes nacionales de desarrollo económico” con plazos temporales concretos hasta 2040 y algunos objetivos comunes. Desde el punto de vista financiero, “la mayor muestra del intento de diversificación son los fondos soberanos creados a partir de los ingresos obtenidos de la venta de hidrocarburos”, indican. En ese sentido, apuntan que seis de los 15 mayores fondos soberanos a nivel mundial pertenecen a países árabes del Golfo y concentran más de 3,4 billones de dólares -más de dos veces el PIB anual español y casi tres veces el volumen de activos del mayor fondo soberano del mundo, el China Investment Corporation-. El papel de esa herramienta para el avance económico es doble: por un lado, “realizan una función de banco de desarrollo local financiando proyectos estratégicos y participando en el capital de algunas empresas públicas que hacen de tractores de ciertos sectores”; y, por otro, “las actividades de inversión internacional de estos fondos están cobrando cada vez mayor relevancia por el creciente y cuantioso volumen de recursos que gestionan”, resumen los investigadores.

Las inyecciones de los fondos soberanos se producirían, a su vez, con otros dos fines: “La pura rentabilidad financiera” o “avanzar una visión estratégica, sea de índole política o económica”. Entre ellas hay que situar la maniobra de STC, cuya propiedad mayoritaria es del Public Investment Fund (PIF), sobre el 9,9% del capital social de Telefónica. Pero esa operación no ha sido la única que se ha producido en territorio español. “Otros fondos del Golfo ya habían adquirido participaciones relevantes en otras empresas estratégicas españolas. Por ejemplo, Mubadala y Qatar Investment Authority (QIA) son los principales accionistas de las empresas estratégicas Cepsa e Iberdrola, respectivamente”, se afirma en el análisis consultado por Infolibre. Es más, los artífices de este deducen, a partir de datos del Registro de Inversiones del Ministerio de Economía, que “en términos de stock de inversiones en 2021, EAU es el principal inversor con 5.635 millones”, seguido de Qatar “con 3.357”. Y les llama la atención que Arabia Saudí, pese a contar con la mayor economía de la región con diferencia, sea el tercero, "con un stock de 1.009 millones”.

Las cifras reseñadas sólo reflejan la inversión extranjera directa “en la que se ha tomado al menos el 10% del capital social de una empresa”. En relación a ese punto, Arnal expone que la Unión Europea (UE) “se está planteando la posibilidad de explorar un control de inversiones salientes”, que por ahora “no existe”; y respecto a las entrantes, “hay un reglamento de inversiones directas extranjeras que se aprobó en 2020, pero que simplemente es un sistema de coordinación para que haya un cierto control por parte de la Comisión en operaciones que se consideren de carácter transfronterizo”. Se ha propuesto una revisión de éste para “hacer que todos los estados miembros tengan que contar con un régimen de control de inversiones porque hay algunos como Grecia, Chipre, Irlanda o Bulgaria que ni siquiera lo tienen todavía”, desvela. En definitiva, es una materia que, a su juicio, “sigue estando bastante en manos de los estados miembros y con requisitos propios de cada país”. En España, para la investigadora, “como se vio con Telefónica, la normativa ofrece interpretaciones diversas y otorga al Gobierno bastante poder a la hora de decidir si una empresa como STC entra en el capital de otra española o no”.

¿Qué intenciones tienen estos países al introducirse en entidades que pueden ser estratégicas? “Hablando con personas que están sobre el terreno allí –asevera Arnal– nos dicen que a su modo de ver no persiguen tanto un interés de control de la empresa con arreglo a motivos geopolíticos, sino que tienen tal cantidad ingente de fondos soberanos que muchas de las inversiones se llevan a cabo con criterios de rentabilidad”. Amplía el argumento: “Si consideraron que la acción de Telefónica estaba a un precio razonable, que, lo está, no hay más que ver la evolución de la cotización de la compañía en los últimos tiempos, pues es probable que haya sido una decisión guiada por criterios estrictamente de rentabilidad financiera y que no haya ningún motivo geopolítico por detrás”. Pero también cree “importante” señalar que “es difícil conocer con exactitud cuáles son las inversiones reales de estos países en España porque el Registro de Inversiones Extranjeras sólo recoge las que suponen la toma de al menos del 10% del capital de una empresa”. Es más, la llegada de STC a Telefónica, aún no autorizada plenamente por el Ejecutivo, “aunque lo hubiera estado, al ser el 9,9%, no hubiera quedado capturado en esas estadísticas”, avisa. Y añade: “Por eso decimos que sorprende que Arabia Saudí sea el tercer país inversor en España, a pesar de que es el que tiene mayor peso económico”.

En definitiva, “todo lo que cae por debajo del 10%, que puede ser mucho, no se refleja. Ahí hay un agujero de información bastante significativo”, por eso recomiendan “tener datos granulares para conformar una imagen completa y poder ver cuáles son los motivos reales por los que países que, en principio tienen unos valores alejados de los de España, están invirtiendo”. A su entender, si sólo se manejan “datos del más del 10% o de operaciones sonadas como pueden ser las de Telefónica o Iberdrola” cabe "pensar que es una cuestión de rentabilidad financiera”, pero al no tener “todo el dibujo”, no se puede “saber qué sectores les interesan más, por ejemplo”. Y conocer dónde están depositando capital, “puede dar pistas”, lanza. “Si se ve que lo están haciendo en transición ecológica o en determinados tipos de tecnologías, puedes empezar a tener indicios de qué es lo que les interesa, pero esa información no la tenemos”, lamenta. Es más, se plantean pedir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) “datos hasta el 3% del capital social en empresas cotizadas”. Si bien, en cualquier caso, “todo lo que sean participaciones por debajo del 10% del capital social en empresas no cotizadas” seguiría siendo un agujero negro. Y ello, en España, “con todo el mapa empresarial que hay, en el que las empresas habitualmente tienden más a la financiación bancaria que a la alternativa a través de mercados”. “Es un hueco de información importante", recalca la investigadora.

Es capital público, no privado, y se reparte por España

En esa telaraña, de acuerdo al informe desgranado, “más del 86%” de las inversiones de los países árabes “procede del sector público”, lo que encaja con la relevancia que “tienen los fondos soberanos”. Dentro del mapa nacional y desde una perspectiva regional y sectorial, los dos investigadores destacan que “la Comunidad de Madrid recibe más del 80% de los flujos de inversión públicos" de Emiratos, que "se concentran en más de la mitad en el sector de coquerías y refino de petróleo”. De su lado, Cataluña “se beneficia de más del 90%" de la oleada qatarí, "focalizados principalmente en el sector de servicios de alojamiento”. Y la Región de Murcia “es destinataria de más del 90%" del dinero público procedente de Arabia Saudí, que va a parar a "la fabricación de productos de caucho y plásticos”. Los flujos de Kuwait se los reparten entre Madrid y Cantabria y se centran "en el sector del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”.

En términos de seguridad jurídica y riesgo país, la puntuación varía, aunque Arabia Saudí, EAU y Kuwait “obtienen buenas puntuaciones, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, a la luz del documento diseccionado. Más allá de esos parámetros, y a pesar de que se ha progresado, estos países suelen aparecer en estudios de organizaciones como Amnistía Internacional vinculados a vulneraciones de derechos como el de la libertad de expresión y de asociación, a abusos de trabajadores migrantes, o a discriminación de las mujeres y las personas LGBTI.