USO pide a Ángel Gabilondo que recurra ante el TC los nuevos ERTE por dejar fuera a sindicatos no mayoritarios

El sindicato USO ha pedido al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores que crea el Mecanismo Red, los nuevos ERTE permanentes. En concreto, USO cree que el mecanismo diseñado para las crisis sectoriales –también hay Red cíclicos, como el que se va a aplicar a las agencias de viajes– es contrario a la libertad sindical porque sólo se permite activarlo a los sindicatos “más representativos a nivel estatal”, lo que excluye a USO, entre otras centrales sindicales.

Los Red sectoriales facultan a las empresas solicitar la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada de sus plantillas para recualificarlas y hacer frente así a “cambios permanentes” o “necesidades de transición profesional”. A cambio, los trabajadores reciben prestaciones y las empresas se benefician de descuentos en las cuotas a la Seguridad Social. El mecanismo es autorizado por el Consejo de Ministros, pero las patronales y los sindicatos “más representativos a nivel estatal” pueden instar su activación a través de una comisión tripartita donde se sientan con el Gobierno.

En su reclamación al Defensor del Pueblo, USO argumenta que así diseñado, el mecanismo deja fuera a sindicatos que, aun no siendo más representativos a escala nacional, sí lo son en determinados sectores. Para tener esa representatividad la ley establece que deben obtener el 10% de los delegados o miembros de comité de empresa en las elecciones sindicales celebradas en todo el país. Sólo dos cumplen ese requisito: CCOO y UGT. En el ámbito autonómico, deben alcanzar el 15% de los delegados o miembros de los comités. Son tres: ELA-STV y LAB en el País Vasco y CIG en Galicia.

Pero también los hay que son los más representativos en un sector porque poseen el 10% de los delegados o miembros de comités de empresa. Es el caso de USO entre los tripulantes de vuelo, los vigilantes de seguridad o los trabajadores de la limpieza, asegura el sindicato. Pero también de otros como Satse en la enfermería o de CSIF en las administraciones públicas.

Es decir, advierte USO, puede darse el caso de que CCOO y UGT, aun sin representatividad en determinados sectores o siendo minoritarios en ellos, insten la activación de un Red, mientras que los sindicatos con más delegados queden excluidos del mecanismo.

Además, a estos se les priva del derecho a la información, la que el citado artículo obliga a proporcionar a sindicatos y patronal antes de que decida el Consejo de Ministros, pero también la que sobre el sector afectado y su tejido productivo el Gobierno debe facilitar a los agentes sociales transcurrido un año de la puesta en marcha de un Red, para evaluar posibles modificaciones.

A través del Defensor del Pueblo

USO ha acudido al Defensor del Pueblo porque los sindicatos no pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una ley. Según la Constitución, sólo están legitimados, además del presidente del Gobierno, 50 diputados y 50 senadores. También el Defensor del Pueblo. En cualquier caso, USO pide al organismo encabezado por Ángel Gabilondo que advierta al Gobierno de que, aun reconociendo la legalidad de que los sindicatos más representativos a nivel estatal formen parte de la comisión tripartita, esa mención no es “ni exclusiva ni excluyente” de otras centrales sindicales representativas en otros ámbitos. El Defensor del Pueblo ya ha emitido recomendaciones similares en Cantabria, por ejemplo, donde USO ha conseguido entrar en el Consejo Económico y Social autonómico tras una larga disputa con CCOO, UGT y el Gobierno de Miguel Ángel Revilla.

El Defensor del Pueblo tiene un plazo de tres meses para presentar recurso ante el Tribunal Constitucional desde que la ley en cuestión se publica en el BOE. Por tanto, deberá interponerlo antes de que acabe marzo, puesto que el real decreto-ley de la reforma laboral se publicó el 30 de diciembre.

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El sindicato USO libra una batalla permanente para conseguir acceso a todo tipo de organismos, foros y comisiones públicos donde sólo se sientan CCOO y UGT como sindicatos más representativos. Y ha ganado algunas. La última, el pasado mes de septiembre, cuando la Audiencia Nacional falló a su favor e hizo posible su presencia en el Consejo de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Fomento. “No resulta razonable ni objetivo que se limite la participación a los sindicatos más representativos, cuando las funciones del Consejo de Desarrollo Sostenible exceden de la representación institucional, siendo más correcto, de acuerdo con el derecho fundamental a la libertad sindical, admitir la participación de otras organizaciones sindicales de carácter nacional, aun cuando no tengan el carácter de más representativas”, establece la sentencia de la Sala de lo Contencioso, que alude a la jurisprudencia asentada por el Supremo y el Constitucional en el mismo sentido.

Además, en 2012, USO consiguió que le permitieran abrir el procedimiento para fijar coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación, a lo que sólo tenían derecho CCOO y UGT. Dos años antes, pudo sentarse en el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, dependiente del Ministerio de Trabajo. En 2006, el Supremo reconoció que USO podía participar en la comisión de seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social –la hucha de las pensiones. Pero ya en 1990 el Tribunal Constitucional había permitido al sindicato integrarse en la Comisión Nacional de Elecciones Sindicales, donde hasta entonces sólo estaban CCOO y UGT.

Los argumentos de ambos sindicatos a favor de su participación exclusiva en estos y otros órganos se basa en que la “diferencia de trato” es “constitucionalmente admisible”, porque se basa en “un criterio objetivo e imparcial como es la mayor representatividad”. Ésta, sostienen, les otorga “un régimen particular” con una serie de “prerrogativas” que no se reconocen a los sindicatos que “no gozan de ese nivel de audiencia electoral”.