El PP veta en el Senado las preguntas del PSOE sobre los 'enchufados' de Tragsa

Los parlamentarios no pueden preguntar al Gobierno cuánto ganan los directivos de las empresas públicas ni sobre los contratos de una de ellas, Tragsa, con dos de las firmas del caso Gürtel. Tampoco sobre las vinculaciones con el PP de cuatro cargos contratados por ésta mientras negociaba un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con 1.336 despidos. Al menos es lo que considera la Mesa del Senado, que con los votos del PP, rechazó tres de las ocho preguntas que el socialista José Miguel Camacho presentó el pasado mes de enero sobre Tragsa. Otras dos de esas preguntas aún siguen pendientes de la respuesta del Ejecutivo, cuatro meses después. Y las tres restantes, pese a haber sido contestadas, no han aportado la información requerida por el senador.

En vista del “ninguneo continuado” del Gobierno al Parlamento y del “paradójico” comportamiento de la Mesa, José Miguel Camacho ha reformulado como “solicitud de información” las tres preguntas rechazadas, a la espera de que con ese formato sean atendidas. Además, el 29 de abril pidió “amparo” a la propia Mesa. Finalmente, el pasado martes, ésta cambió de criterio y aceptó instar al Ejecutivo a dar una respuesta, esta vez satisfactoria, a las peticiones del senador.

En su solicitud de amparo, José Miguel Camacho reparte críticas e indignación a partes iguales entre la Mesa del Senado y el Gobierno. Compuesta de siete senadores, la Mesa es el órgano que organiza el trabajo de la Cámara. Con la mayoría del PP, éste decide qué escritos se admiten o cómo se tramitan las iniciativas. Pero su función, destaca el senador socialista en su escrito, debe ser “defender el interés parlamentario”, no el del Gobierno, que es lo que Camacho cree que ha ocurrido en ésta y en otras ocasiones. Tantas que el grupo socialista está elaborando un informe sobre las preguntas que la Mesa rechaza e incluso sobre el tiempo que el Ejecutivo se toma para contestar. Cuando contesta.

Porque no es la primera vez que el Gobierno oculta al Congreso o al Senado información sobre las empresas públicas. IU y CiU, por ejemplo, llevan meses intentando averiguar los sueldos de la cúpula directiva de AENA, sin demasiado éxito. Entre ambos suman casi un centenar de preguntas. El Ejecutivo responde, pero no proporciona ni una cifra concreta: da un rodeo de tres páginas llenas de porcentajes, un auténtico acertijo, para eludir la respuesta.

“No se exige más que tres cifras”

Es lo mismo que le ha ocurrido a José Miguel Camacho, pero con mucha menos literatura. “Las preguntas que formula este senador son tres, claras, concisas y de fácil respuesta”, subraya en su escrito a la Mesa, “no se exige más que cifras, en este caso, tres”, como las que publica el BOE sobre la retribución anual del presidente del Gobierno o la página web del Senado sobre los sueldos de sus miembros, añade. “Una cifra es lo que se ha de responder a una pregunta relativa al salario de un servidor público”.

Sin embargo, en su lugar el Gobierno practica “un juego de imprecisiones”, reprocha el senador. La única respuesta concreta sobre el sueldo del presidente de Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, es que no cobra como consejero como consejero de la sociedad pública La Almoraima, una finca de 14.000 hectáreas que el Ejecutivo quiere poner a la venta. Sobre su sueldo fijo y sus retribuciones variables, el Gobierno se limita a invitar al senador a consultar la ley que reguló los salarios de los directivos públicos –curiosamente la reforma laboral– y el real decreto 451/2012 real decreto 451/2012que la desarrolla en este aspecto. Sólo que, además, la disposición final octava que cita es errónea –se refiere a la formación profesional para el empleo– y menciona una orden del ministro de Hacienda de 30 de marzo de 2012 que no ha sido publicada en el BOE porque se trata de una “orden comunicada”: un procedimiento administrativo de carácter interno.

“O el Gobierno ha mentido, no sólo al Parlamento sino también a los ciudadanos, o sencillamente se niega a someterse al control efectivo parlamentario”, concluye el senador. Camacho también muestra su estupor ante el hecho de que el Ejecutivo hurte a las Cámaras “una información que ya se encuentra en Internet”, porque fue facilitada al comité de empresa de Tragsa durante la negociación del ERE, como publicó en su día infoLibre.

Ni la 'Gürtel' ni la Confederación Hidrográfica del Duero

Además de las retribuciones de Giménez de Córdoba, José Miguel Camacho preguntó al Gobierno por los criterios que Tragsa siguió para contratar, en pleno ERE, al exalcalde de El Escorial por el PP Javier de Miguel; a Joaquín Miguel Gonzalo Sánchez-Arjona, yerno del histórico diputado del PP Gabino Puche; a Carmen Morenés Allendesalazar, hija de un exsocio de bufete de Miguel Arias Cañete, y a Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, primo del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura.

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También quería conocer el senador qué contratos había firmado la empresa pública entre 1999 y 2005 con dos empresas de la red Gürtel: Special Events y Orange Market. Y, finalmente, cómo Tragsa había elegido a dos consultoras, Reinforce Consulting y KPMG para asesorarla en el ERE.

En su solicitud de amparo, el senador también critica a la Mesa por el argumento que ésta emplea para rechazar sus preguntas. Porque extendió a las preguntas escritas la prohibición de incluir “consultas jurídicas” que sólo existe para las preguntas orales de los senadores. “Al Gobierno sí se le permite responder con imprecisas fórmulas de remisión jurídica, cuyo objetivo es no facilitar el dato que se le demanda”, protesta José Miguel Camacho.

O sus contestaciones se acercan a la tomadura de pelo: a otro senador socialista y como repuesta a una pregunta sobre la actividad de la Confederación Hidrográfica del Duero, el Gobierno le invitaba a visitar la sede del organismo de cuenca en Valladolid y solicitar la información a un funcionario a quien identificaba con nombre y apellidos.