La multinacional Alcoa, dedicada a la producción de aluminio, amenaza con cerrar las plantas de Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia) si el Gobierno no facilita una rebaja de la factura eléctrica, que supone un 35% de sus costes. Alcoa ha iniciado expedientes para despedir a 1.000 trabajadores a partir del 1 de enero de 2015 después de que las dos plantas quedaran fuera de la denominada subasta de interrumpibilidad, que abarataba su factura energética y que se celebró el 24 de noviembre. La presión sobre el Ministerio de Industria ha tenido un primer éxito: el ministro José Manuel Soria ha anunciado que se celebrará otra subasta. Está en juego el reparto de 200 millones más.
La presión de las industras con consumo intensivo de electricidad para lograr descuentos en la factura no es nueva. En 2012, en plenas elecciones autonómicas gallegas, Alcoa –con la mediación del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo– logró que el Gobierno elevara de 550 millones a 750 los pagos por interrumpibilidad para la propia Alcoa (la antigua Inespal privatizada), para Asturiana de Zinc y para ArcelorMittal. Sobre aquella presión y el papel de Feijóo una portavoz de Alcoa se limitó a señalar que la compañía "habla con las instituciones de los lugares en los que trabaja".
Precios favorables
La historia se repite. En 2008 desapareció la tarifa eléctrica industrial (G4), con precios de favor para las grandes multinacionales y muy mal mirada por Bruselas. Entonces se renegociaron los pagos por interrumpibilidad. Con esos pagos, a cambio del compromiso de desenchufar la instalación en caso necesario –algo que no ha sucedido en la península desde 2009–, grandes consumidores como Alcoa, Acerlor Mittal, Ercros, o Cemex pagan menos en la factura.
"No se trata de ayudas", sostiene Alcoa. "Tampoco es una subvención. Las empresas cobran [interrumpibilidad] por producir durante la noche, consumir en horas valle y asegurar el funcionamiento de la red en caso necesario", puntualizan fuentes de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica (Aege).
El debate sobre el término por el que cobran las empresas tiene sentido. Bruselas no admite ayudas y, por ello, las empresas, como la propia Alcoa, prefieren hablar de "compensación" para trabajar "en las mismas condiciones que en otros países europeos".
Un asunto caro
Terminología al margen, el asunto no es barato. El apoyo a la producción ha costado a todos los consumidores –vía peajes de la factura eléctrica– 3.000 millones de euros desde 20083.000 millones de euros desde 2008. Ha sido el particular Plan Pive de las multinacionales. Más caro si cabe porque los sucesivos planes de ayuda a la venta de automóviles "sólo" han costado 3.600 millones en 20 años.
El problema con Alcoa ha saltado con los cambios introducidos por Soria y el secretario de Estado Alberto Nadal en el mecanismo para repartir las ayudas. Con un sistema eléctrico en apuros, obligado a cuadrar ingresos y gastos (el déficit de tarifa tiene que ser cero este año), Industria ideó un sistema de subasta a la baja, similar a la que se celebra en las lonjas de pescado, para remunerar la disposición a desenchufar bloques de la red planta por planta.
A la subasta acudieron industrias que en otras ocasiones no se habían presentado (alimentarias por ejemplo) y que son menos sensibles al precio de la energía. La operación se cerró con un éxito desde el punto de vista del ahorro y con un fracaso desde el punto de vista de la "paz industrial".
Subasta ciega
Donde Industria preveía gastar un máximo de 550 millones, se iban a gastar en torno a 350. Con subastas ciegas e individualizadas por instalción –no por empresas– se quedaron fuera muchas plantas. Según los datos de Red Eléctrica de España (REE), la encargada de organizar la subasta, asistieron 139 pujadores y obtuvieron precio 113.
Varias plantas de Alcoa se quedaron fuera. En el caso de Avilés, explica la compañía, eso supone que apartir del 1 de enero el coste de producir una tonelada de aluminio pasará de 1.750 euros a 2.270 euros, un 30% más. "Es algo inasumible", aseguran los portavoces de la multinacional.
La amenaza de Alcoa de cerrar plantas ha encendido todas las alarmas. El PSOE, partido de Gobierno en Asturias, ha solicitado la comparecencia de Soria en el Congreso. La diputada Mariví Monteseirín destaca la gravedad que tendría el cierre de la planta de Avilés en una comarca golpeada por la crisis industrial, "que ha perdido ya 13.000 empleos director en la siderurgia". "El Gobierno", sostiene Monteseirín, "en lugar de arreglar la situación, la ha emperorado con las subastas".
"La subasta competitiva y la entrada de nuevos ofertantes" asegura el expresidente asturiano y actual senador Vicente Álvarez Areces "ha dejado en mala situación a Alcoa. Para Asturias es una cuestión vital y el Gobierno puede arreglarlo con la segunda subasta".
Es la misma opinión que sostiene el exconsejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y presidente de Economistas Frente a la Crisis, Jorge Fabra. En su opinión, la interrumpibilidad "es un servicio que tiene precio y está admitido por la Unión Europea, aunque lo que es un disparate es el sistema de subasta elegido para determinar ese precio".Alcoa, en Arabia Saudí
Con la espada de Damocles sobre un tercio de las plantas de Alcoa en España, la multinacional niega que exista relación entre el anuncio de despidos y los planes que desarrolla la compañía en otros lugares del mundo.
Alcoa ha empezado a producir en Arabia Saudí. La compañía llegó al país al final de 2009 y formó una empresa conjunta con la Compañía Minera de Arabia Saudita, Ma'aden. El proyecto, destaca la propia multinacional, "aprovecha la eficiencia de la integración de la mina, refinería, fundición y de laminación, y de los costos de energía bajos".
Es justo lo que Alcoa dice que no encuentra en España y lo que explica, según su portavoz, que "la producción de aluminio en Europa se haya reducido y se esté importando la mitad del aluminio que se precisa". El traslado de la producción es algo más que una hipótesis, según temen en el Principado de Asturias.
Industria paga 500 millones de subvención eléctrica a cien empresas por un servicio que no prestan desde 2009
Rebaja a la industria vasca
La idea de favorecer la actividad industrial está también tras la decisión de congelar los peajes –la parte del recibo que cubre los costes regulados– a partir del 1 de enero. La congelación, según Europa Press, se acompaña de una categoría nueva de peaje para altas tensiones especialmente habituales en la industria vasca, que disfrutará de una rebaja del 15% en el término de potencia y del 12% en el término de energía.
En un último gesto de prestidigitación contable, los 550 millones destinados a la interrumpibilidad que abarata la factura de la gran industria cambiará de ubicación. Pasará de figurar en la parte de los peajes –la parte regulada que tantos quebraderos da al Gobierno– a figurar en el apartado de energía. Y ya se sabe que el precio de la energía lo determina... el mercado.
La multinacional Alcoa, dedicada a la producción de aluminio, amenaza con cerrar las plantas de Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia) si el Gobierno no facilita una rebaja de la factura eléctrica, que supone un 35% de sus costes. Alcoa ha iniciado expedientes para despedir a 1.000 trabajadores a partir del 1 de enero de 2015 después de que las dos plantas quedaran fuera de la denominada subasta de interrumpibilidad, que abarataba su factura energética y que se celebró el 24 de noviembre. La presión sobre el Ministerio de Industria ha tenido un primer éxito: el ministro José Manuel Soria ha anunciado que se celebrará otra subasta. Está en juego el reparto de 200 millones más.