El Gobierno ha acordado con los sindicatos y la patronal subir 50 euros este año el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por lo que quedará en 950 euros brutos mensuales –en 14 pagas–. Según han explicado fuentes del Ejecutivo a infoLibre, esa alza no se repetirá en esa misma cuantía los próximos años, sino que ésta se ajustará según se comporte la coyuntura económica. En cualquier caso, el Ejecutivo mantiene como objetivo para el fin de la legislatura que el SMI alcance el 60% del salario mediocomo objetivo para el fin de la legislatura que el SMI alcance el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea. Es decir, que dentro de cuatro años supere los 1.000 euros.
Al término de la reunión que han celebrado esta tarde, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que “hoy es un gran día para la democracia” con este primer “gran acuerdo social” alcanzado con los agentes sociales. La subida se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero, pero la ministra no ha querido precisar si será posible aprobarla en el próximo Consejo de Ministros. “Hemos dado un paso firme un un horizonte estratégico”, se felicitó Yolanda Díaz, quien avanzó que el acuerdo alcanzado este miércoles en el Diálogo Social “no será el último”. La titular de Trabajo, que calificó el SMI de “pequeña herramienta para afrontar la desigualdad”, cifró en más de dos millones de trabajadores los que resultarán beneficiados por la medida, entre asalariados del régimen general de la Seguridad Social, trabajdores del hogar y del sector agrario, pero a falta de cuantificar los empleados a tiempo parcial –“un cómputo más complejo”, dijo– que cobrarán el aumento.
En principio, aseguran las mismas fuentes consultadas por infoLibre, la CEOE estaba dispuesta a aceptar una subida de 33 euros mensuales, pero finalmente ha aceptado la propuesta de Trabajo de subir hasta 50 euros. “Nos habría gustado que fuera algo menos”, confesó su presidente, Antonio Garamendi, a los periodistas tras la reunión. “Pero nos preocupaba más esa cantidad de 1.000 euros [que se compromete el Gobierno a alcanzar al final de la legislatura], que no nos parece adecuada”, añadió. Garamendi esgrimió también su “voluntad de diálogo” y su apuesta por “trabajar por el país” para justificar su apoyo a la propuesta del Ejecutivo. A cambio, además, la patronal ha conseguido que el Gobierno acepte modificar la Ley de Desindexación del Sector Público, aprobada en 2015 por Mariano Rajoy y que impide trasladar a los contratos las subidas en el SMI. Tanto los sindicatos como el Ejecutivo coinciden en que debe eliminarse y de forma “urgente”, recalcó Garamendi.
Por su parte, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, insistió en que “subir el salario mínimo a 950 euros no es bueno para la pyme, pero es menos malo que subirlo hasta 1.000”. “Hay que construir”, aseguró Cuerva para defender su apoyo al alza del SMI y adelantando que “queda aún mucho por negociar” en un Diálogo Social que espera sea “sincero, leal y sosegado” y “tenga en cuenta a la empresa”. “Para proteger a los trabajadores hay que proteger a la empresa”, subrayó.
Los sindicatos saludan el acuerdo para subir el salario mínimo, no sólo como la apertura de una nueva fase del Diálogo Social después de muchos meses de parálisis, sino también como un paso que facilitará la consecución del objetivo marcado en el Acuerdo de Negociación Colectiva firmado con la CEOE en julio de 2018. “Ahora puede ya desarrollarse sin interferencias, de forma que el 1 de enero de 2021 todos los convenios colectivos establezcan un salario mínimo de 1.000 euros, hay el tiempo necesario”, se congratuló el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. El número uno de CCOO, Unai Sordo, se felicitó también por “la responsabilidad y madurez” que han mostrado los agentes sociales con este acuerdo, un buen “ejercicio de pedagogía”, dijo, del que “debería aprender” la política para “bajar la polarización”.
Niegan el impacto en el empleo
Los líderes sindicales y la propia ministra negaron “categóricamente" el impacto negativo que la subida del SMI tiene en el empleo. “Es una buena noticia económica para España”, resaltó Unair Sordo. El aumento de los salarios se traslada al consumo y el crecimiento de éste impulsa la actividad económica y ésta, a su vez, mejora el empleo, explicó. Subir el SMI y los salarios medios “es bueno no sólo para distribuir la riqueza sino también para hacer frente a la ralentización económica”, esgrimió. A su juicio, apostar la productividad de una economía a salarios de 800 euros es “una apuesta de país fallido”.
Yolanda Díaz desmintió también a quienes achacan al alza del SMI de 2019 de la bajada de afiliación de las empleadas domésticas: “Lleva 44 meses consecutivos bajando”, aseguró, por tanto desde antes de que se subiera el salario mínimo un 22,3% el año pasado. Y atribuyó los problemas con el SMI en el sector agrario a sus “debilidades estructurales”, a los bajos precios que pagan las cadenas de distribución a los agricultores.
Los sindicatos consiguieron este miércoles el inesperado apoyo a sus tesis de la agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings. Su director de Ratings Soberanos, Marko Mrsnik, defiende que España cuenta aún con margen para subir el salario mínimo “sin perjudicar la evolución del empleo en España”, puesto que es “muy inferior al de otros países y aún está lejos del 60% del salario medio”, incluso después del alza del 22,3% aprobada el año pasado.
El analista de S&P ha recordado el importante aumento de los beneficios empresariales registrado en España durante los últimos años y ha subrayado la necesidad de tener en cuenta la realidad social del país, informa Europa Press. No obstante, Mrsnik cree que la subida del SMI afectará directamente a un porcentaje muy pequeño de trabajadores: sólo cobran el salario mínimo entre el 5% y el 6%.
Por el contrario, el gabinete de estudios del BBVA, BBVA Research, hace una interpretación mucho menos entusiasta y cifra el impacto de la subida aprobada el año pasado en entre una y cuatro décimas menos de creación de empleo. Es decir, calcula que la economía dejó de crear unos 45.000 cotizantes por el alza del 22,3% en 2019. De ahí que sus responsables reclamen que los nuevos aumentos sean “graduales” y se hagan lo “suficientemente despacio” como para que las empresas puedan adaptarse. Antes incluso, el Banco de España había alertado de un impacto del 0,8% en la creación de empleo, lo que habría equivalido a 125.000 empleos menos. En ambos casos, se trata de previsiones que deberán corroborar o desmentir las estadísticas laborales cuando se cierre el ejercicio.
La derogación del despido por bajas médicas, aún no
Sindicatos, patronal y Gobierno no trataron este miércoles la subida del IPREM, el índice que sirve como referencia para conceder subsidios y que lleva prácticamente congelado desde 2011. Tampoco debatieron sobre la derogación de la reforma laboral o el despido de los trabajadores que encadenen bajas médicas justificadas, cuyo texto, no obstante, ya está redactado, apuntó Yolanda Díaz, pero no podrá ir aún al próximo Consejo de Ministros para su aprobación. Pero la ministra se comprometió a cumplir el programa de gobierno acordado entre el PSOE y Unidas Podemos al respecto. “Vamos a correr”, adelantó. La próxima reunión con sindicatos y patronal se celebrará la semana próxima.
Pero sobre los aspectos concretos que se eliminarán de la reforma laboral de 2012 no quiso precisar, sólo avanzó que la primera fase “será muy rápida, pero con Diálogo Social” y que en la segunda, también negociando con los agentes sociales, se tratarán los temas más complejos: “Contratación, causalidad, modificación sustancial de condiciones de trabajo y despido”.
Se ha duplicado desde 2000, pero está lejos de Europa
El importe mensual del SMI se ha más que duplicado en los últimos 20 años: era de sólo 424,8 euros en 2000. El mayor aumento anual fue el aprobado el año pasado, un 22,3%, aunque en la década de los 80 disfrutó de subidas superiores al 10%. Por el contrario, fue congelado en 2012 y 2014.
Aun así, el SMI español se encuentra lejos de las cuantías establecidas en muchos países de la Unión Europea, como ha indicado el analista de S&P. El mayor importe lo cobran en Luxemburgo, con 2.071 euros, seguido de Irlanda, con 1.656 euros; Países Bajos, con 1.635 euros; Bélgica, con 1.593; Alemania, con 1.557 y Reino Unido, con 1.524. En Francia alcanza los 1.521 euros, según los datos de Eurostat, la Oficina Estadística de la UE.
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Propuesta para un salario mínimo europeo
Precisamente este mismo mes, la Comisión Europea ha comenzado el procedimiento para redactar una propuesta de SMI europeo y enviarla al Parlamento Europeo antes del verano. No se tratará de un sueldo igual o siquiera armonizado para todos los países, sino que respetará la autonomía de los agentes sociales en cada país. No todos los países de la UE tienen un salario mínimo y algunos recelan de que se establezca uno para todos los Estados miembros. La Comisión Europea lo concibe como una manera de proteger a los trabajadores con sueldos más bajos, cuya situación es la que más ha empeorado durante la crisis, y de luchar contra el aumento de la desigualdad.
No está claro cuál es el importe que corresponde exactamente al 60% del salario medio establecido en la Carta Social de la UE. Ni siquiera UGT y CCOO se ponen de acuerdo en cómo debe calcularse. El sindicato de Pepe Álvarez utiliza el salario medio bruto según aparece en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral que elabora el INE, y el de Unai Sordo, el neto a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). En ambos casos la cifra resultante supera los 1.000 euros brutos al mes.
El Gobierno ha acordado con los sindicatos y la patronal subir 50 euros este año el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por lo que quedará en 950 euros brutos mensuales –en 14 pagas–. Según han explicado fuentes del Ejecutivo a infoLibre, esa alza no se repetirá en esa misma cuantía los próximos años, sino que ésta se ajustará según se comporte la coyuntura económica. En cualquier caso, el Ejecutivo mantiene como objetivo para el fin de la legislatura que el SMI alcance el 60% del salario mediocomo objetivo para el fin de la legislatura que el SMI alcance el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea. Es decir, que dentro de cuatro años supere los 1.000 euros.