El preacuerdo alcanzado entre ERC y el PSC para sacar adelante la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat pivota en torno a varios pilares y uno de ellos es la financiación singular para Cataluña y la soberanía fiscal. Si, de un lado, en el documento armado por ambas formaciones, que tienen que validar las bases del primero, se apunta a que Cataluña pase a recaudar, liquidar e inspeccionar la totalidad de los impuestos soportados por la comunidad, como sucede en las comunidades de Régimen Foral, País Vasco y Navarra; de otro, se garantiza que seguirá siendo solidaria.
En el preacuerdo se fija que la aportación catalana a los gastos del Estado se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos y se recoge que la Generalitat deberá “contribuir a la solidaridad con las otras comunidades autónomas, a fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares”, siempre que lleven a cabo un “esfuerzo fiscal” igualmente “similar”. Si bien pretenden que ese aporte “sea conocido y reconocido” y que tenga un límite: la “ordinalidad”.
¿Qué es ese principio? “Según éste, tiene que haber una correspondencia, una relación directa, entre lo que recauda cada comunidad en términos per cápita y lo que recibe del sistema de financiación en términos per cápita, esto es, por habitante ajustado. Las más ricas, que recaudan más, deberían recibir más financiación del sistema autonómico”, explica Diego Martínez López, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). ERC y el PSC defienden en concreto que las contribuciones de las comunidades por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, “deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben” y si esto no se logra en 2025 “requerirá medidas compensatorias”.
La ordinalidad es un concepto que “ya aparece en el Estatut catalán, pero allí está mal definido en términos de Producto Interior Bruto (PIB), lo que es un disparate”, apunta Martínez López. Asegura que este elemento que ahora invocan ERC y PSC “no se cumple en la actualidad”. “Si el sistema se hubiera quedado en el fondo de garantía y de suficiencia -une-, sí estaba diseñado para respetarlo. Pero como luego se añadieron en la negociación política otros dos fondos adicionales, el de cooperación y el de competitividad, eso rompió cualquier criterio de ordinalidad”. El catedrático señala que en estos momentos "el sistema de financiación no tiene ningún criterio explícito de reparto. Se parece a, como dice Ángel de la Fuente, tirar el dinero encima del mapa y donde caiga ahí se queda”, desliza.
"Habría que mirarlo en conjunto"
El propio De la Fuente, director ejecutivo de Fedea, confirma a infoLibre que “la ordinalidad no se da en el sistema de financiación autonómico actual”, pese a ser “muy razonable”. “No parece lógico –sostiene– que comunidades que aportan menos adelanten a otras que aportan más y terminen estando mejor financiadas en relación con sus necesidades –por habitante ajustado–". “Si la vecina de enfrente gana un 20% menos que nosotros en bruto y después de pagar el IRPF acaba con un 20% más, seguramente no nos parecería bien”, ejemplifica.
En cualquier caso, a su juicio, “no tiene sentido” el planteamiento de que la aportación catalana futura “haya de generar que eso se cumpla”, ya que “habría que mirarlo en conjunto y que se aplique para todos”. Cree que la ordinalidad “es marginal” en la propuesta de ERC y PSC y que “el núcleo de la cuestión es que se quieren quedar con más del que consideran su dinero”. “El acuerdo busca reducir la aportación catalana al sistema y eso plantea problemas”, remata.
Martínez López comparte que “Cataluña pide la ordinalidad no para garantizar la solidaridad, sino para reducirla”. Y suma: “En el preacuerdo parece que se da una de cal y otra de arena: queremos el concierto económico vasco o navarro, recaudar todos los impuestos; pero metemos un poco de solidaridad, aunque no demasiada, e introducimos la ordinalidad. Es un paso para adelante y otro para atrás y como no sabemos las cantidades de las que estamos hablando, desconocemos cuál será el resultado neto. No obstante, se supone que su implicación con la solidaridad del país será inferior, porque, si no, para qué este viaje”, se pregunta.
¿Aporta Cataluña más de lo que recibe?
Los partidos artífices del acuerdo político aseveran que Cataluña “aporta al sistema de financiación más de lo que recibe”, debido a que “cuenta con un mayor nivel de renta y consumo que otros territorios". El catedrático de la Pablo de Olavide afirma que en el ámbito estricto del sistema de financiación autonómica, esto no es así y “la única comunidad que aporta más es Madrid”. Es más, indica que “el Estado haría negocio con la salida de Cataluña” en el sentido de que “no va a tener que pagar 1.550 millones de euros”, aunque, “es cierto que perderá por otro lado, como por lo que se puedan llevar en impuestos”, finaliza.
Por su parte, Jorge Onrubia, profesor de Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid, se adentra en el asunto para aportar que “sólo en el sistema australiano todas las comunidades reciben lo mismo por habitante. Ni siquiera en el alemán, que tiene un grado de nivelación más elevado que el español, pasa”, expone. En su opinión, “si se quiere llegar ahí, a un modelo que a todos les dé los mismos euros por habitante ajustado”, ello “no sería incompatible con respetar la ordinalidad”, entendida ésta como que “el orden de las comunidades de mayor a menor capacidad fiscal se mantenga al colocarlas por recursos del sistema por habitante ajustado, disponibles para financiar competencias homogéneas de gasto”.
Pero, “en el caso español, se ha diseñado un sistema que beneficia a unas comunidades más que a otras”, de ahí que ese precepto “no se cumpla”, constata, en línea con lo comentado por el resto de expertos. En ese punto anota que acaba de publicar un artículo ligado a los relatos que se han esgrimido para justificar la ruptura de la ordinalidad, junto a Julio López-Laborda y Andoni Montes-Nebreda, en el que concluyen que “la sobrefinanciación respecto a la media de algunas comunidades no ha contribuido a la convergencia regional”.
Menos capacidad de reducir desigualdades
Con todo, Onrubia comprende el revuelo que ha causado lo anunciado por ERC en las demás regiones del Régimen común. “Es como si en el IRPF, Amancio Ortega acaba pagando menos tipo medio que yo, no tendría justificación”, dice, para engarzar: “Y si se pretende que lo que él deje de pagar lo cubra el resto, no van a ser los neozelandeses los que lo hagan. Se va a tener que cambiar el patrón de redistribución entre los que tienen menos renta que Amancio Ortega, entre las comunidades que tienen menos renta que Cataluña”, avisa. “Ya País Vasco y Navarra no contribuyen a la solidaridad, si sacas a otra comunidad del sistema de financiación común, va a haber menos capacidad de reducir las desigualdades. Esto es así. Todo ello sin perjuicio de la más que dudosa constitucionalidad, por razones de igualdad y solidaridad, que supondría, por mucho que se pretenda vestir como una singularidad justificada”, abrocha.
Las fuentes consultadas, incluidas otras del ámbito político, coinciden en la “dificultad” de que lo recogido en el documento del PSC y ERC “salga adelante” y en que, de lograrse, “Cataluña pueda gestionar" lo que implica ya en 2025 "con los medios que tiene, como el personal de Hacienda”. "Se está jugando a ganar tiempo en un escenario político muy complejo", lanzan.
El preacuerdo alcanzado entre ERC y el PSC para sacar adelante la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat pivota en torno a varios pilares y uno de ellos es la financiación singular para Cataluña y la soberanía fiscal. Si, de un lado, en el documento armado por ambas formaciones, que tienen que validar las bases del primero, se apunta a que Cataluña pase a recaudar, liquidar e inspeccionar la totalidad de los impuestos soportados por la comunidad, como sucede en las comunidades de Régimen Foral, País Vasco y Navarra; de otro, se garantiza que seguirá siendo solidaria.