La reforma de 2013 hará más pobres a los pensionistas nacidos entre 1965 y 1985

Los nacidos entre 1965 y 1985 perderán bienestar económico de forma creciente a partir de su jubilación por culpa de la reforma de las pensiones aprobada en 2013. La aplicación del llamado Factor de Sostenibilidad a partir de 2019, junto con el índice de revalorización del 0,25% implantado hace tres años –desde entonces las pensiones no se actualizan según sube la inflación–, se van a cebar en quienes se jubilen entre 2032 y 2052, que cobrarán pensiones peores que sus predecesores. Habrá que esperar a que se jubilen los nacidos en el año 2000 para que éstos recuperen la riqueza de quienes nacieron antes de 1965.

Al menos así describen el futuro los ejercicios de simulación realizados por el profesor de la Universidad Complutense, Alfonso R. Sánchez, en un estudio publicado por Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada en cuyo patronato se sienten las principales compañías y bancos de España. Según sus proyecciones, la pensión media permanecerá estancada hasta 2045 –caerá entre 2025 y 2035 y se recuperará algo entre 2035 y 2045– y a partir de ese año crecerá un 1% anual. Las razones de esa frenada estriban en las dos medidas antes citadas de la reforma que aprobó el PP en solitario. También en el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años, que se incluía en la reforma de 2011, aprobada con el Gobierno del PSOE y que se está implantando de forma gradual hasta 2027.

Así, revalorizar las pensiones un 0,25% anual en lugar de según la inflación supondrá para los jubilados más longevos una pérdida del 25% al 30% del valor real de su pensión inicialpérdida del 25% al 30% del valor real de su pensión inicialrespecto del salario medio que percibían cuando trabajaban, según el estudio de Alfonso R. Sánchez. Además, “una vez determinada [la cuantía de la pensión], su poder de compra real se deteriorará inexorablemente”, asegura el autor. Y el efecto será aún “más dañino” para las pensiones más bajas e incluso “podría llevar a una parte apreciable de la población mayor a estar por debajo del umbral de pobreza”, advierte.

El índice del 0,25% se aplicará mientras la Seguridad Social tenga déficit, lo que viene ocurriendo desde 2012 y, según las proyecciones de Fedea, no dejará de ocurrir hasta 2065. Cuando vuelva a cerrar el ejercicio con superávit, la revalorización de las pensiones será de un 0,5% añadido al IPC de ese año, tal y como establece la reforma de 2013.

El Factor de Sostenibilidad, por su parte, recorta la primera pensión que se cobra según vaya a ser la esperanza de vida de la generación del jubilado. A más longevidad de su cohorte demográfica, más recorte. La idea es igualar el monto total de la pensión cobrada desde que se deja de trabajar hasta el fallecimiento. Ambas medidas están pensadas para contener el gasto público en pensiones.

La caída será mayor para los titulados superiores

En conjunto, si la reforma se mantiene tal y como está, las pensiones netas subirán un 30% hasta 2070, pero los salarios crecerán el doble. Además, mientras las pensiones permanecerán estancadas hasta 2045 gracias a la conjunción del Factor de Sostenibilidad y la revalorización topada al 0,25%, en ese tiempo los sueldos habrán aumentado un 30%.

El resultado es que, según las simulaciones del estudio, los nacidos entre 1955 y 1965 mejorarán su “riqueza de ciclo vital” –la medida de bienestar utilizada por el autor– respecto de sus predecesores, pero empeorarán los nacidos entre 1965 y 1985, con una caída mayor para quienes tienen educación superior o educación secundaria de segundo ciclo. Se trata del núcleo central de los llamado baby boomers, resultado de la explosión demográfica ocurrida en España a partir de 1958. En su caso se produce la tormenta perfecta: aumenta el número de pensionistas justo cuando el sistema sufre una crisis de ingresos con un mercado de trabajo en retroceso tras la crisis y mientras la cuantía de las pensiones –el gasto del sistema– no hace más que crecer porque los sueldos de quienes se jubilan son cada vez más altos.

El estudio de Fedea lo traduce en cifras: hasta 2045 el número de pensionistas de jubilación aumentará en 155.000 personas al año, y el de viudedad, en otros 16.000. A partir de ese año, el número de los primeros se reducirá en 53.000 y 29.000 personas, respectivamente. Al tiempo, el dato de afiliados a la Seguridad Social crecerán menos de un 1% al año a partir de 2020 pero disminuirá desde entonces y durante casi dos décadas: se perderán casi dos millones de cotizantes entre 2030 y 2050. A partir de esa fecha, augura el estudio, la afiliación volverá a crecer con picos del 0,8% hasta 2060.

Aumento del gasto

Para el investigador de Fedea, el estancamiento de las pensiones no es un fenómeno negativo, porque contiene el gasto público en estas prestaciones y permite la sostenibilidad del sistema. Según sus cálculos, el máximo gasto en esta partida se producirá en 2048, cuando alcance el 12,7% del PIB. De forma que, pese a sus efectos sobre las pensiones individuales, el autor defiende que la abolición de la reforma de 2013, tal y como reclaman los sindicatos y la oposición de izquierdas, “impondría unos riesgos temibles en las generaciones futuras”. Cifra en un 3,9% del PIB el aumento de la recaudación en impuestos que sería necesario para sostener el mayor gasto en pensiones.

Así que, para paliar los perjuicios de la reforma en la cuantía individual de las prestaciones, el autor defiende que se vuelvan a indexar a la inflación sólo las pensiones mínimas y que el recorte para todas se lleve a cabo al empezar a cobrarlas –bajando la cuantía inicial– para luego mantener su poder adquisitivo. Finalmente, recomienda las llamadas “cuentas nocionales” como el sistema más adecuado al combinar el freno al gasto y la adecuación de la pensión al “ciclo vital individual”. Es el utilizado en Suecia, por ejemplo: el trabajador hace sus aportaciones a una cuenta individual; cuando se jubila, la cuantía de su pensión se calcula en función de lo acumulado en ella a lo largo de toda la vida laboral, de un tipo de interés según una fórmula basada en el PIB o la productividad, y de la esperanza de vida.

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“Parte de un error de base: considerar sólo la sostenibilidad del sistema, no la suficiencia de las prestaciones”, contrapone el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, quien rechaza las “soluciones mágicas” para el sistema público de pensiones. Con el sistema de cuentas nocionales, asegura, la cuantía de la pensión se reduce entre un 35% y un 45%.

Según las simulaciones de Fedea, el aumento de la productividad y de la inmigración ayudaría a recuperar el equilibrio financiero del sistema de pensiones públicas. Pero el estudio rechaza que se “juegue a la lotería de la productividad” y se suprima la reforma de 2013. Carlos Bravo está de acuerdo en que la productividad “ayuda, pero no es suficiente”, por lo que propone una batería de medidas adicionales para aumentar los ingresos de la Seguridad Social: eliminar los topes de las bases máximas de cotización, suprimir las subvenciones de cuotas de los contratos indefinidos, financiar las pensiones con impuestos y equiparar las bases de cotización de los autónomos con las de los asalariados del Régimen General, entre otras. También plantea que se derogue la reforma “sin consenso” de 2013.

UGT, CCOO y CEOE llevan semanas negociando con el Ministerio de Empleo en un grupo de trabajo cómo afrontar la crisis del sistema –el Fondo de Reserva, la conocida como hucha de las pensiones, quedará agotado este año y los Presupuestos del Estado ya han incluido un préstamo de 10.192 millones de euros para pagar la extra de julio–. Al mismo tiempo, los grupos parlamentarios debaten en la Comisión del Pacto de Toledo fórmulas para garantizar tanto la sostenibilidad del sistema como la suficiencia de las pensiones. “La reforma de 2013 se va a corregir”, asegura rotundo Carlos Bravo, “porque ningún gobierno aguantará muchos años con un índice de revalorización que hace perder poder adquisitivo a los pensionistas”.