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El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno enviará a Bruselas mantiene la ampliación del periodo de cómputo para calcular la cuantía de la pensión que ya aparecía en la versión del pasado diciembre y que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, definió como un “cálculo intermedio” no definitivo cuando se hizo pública la medida, el pasado mes de enero. “Tenemos que hacer muchos cálculos y muchos estudios más a nivel de microdato y en eso estamos, ésa es la parte más difícil de precisar de todo lo que hay”, aseguró entonces. Tres meses tarde, y es de suponer que hechas las cuentas, la medida se ha asentado en el documento que el Gobierno también enviará al Congreso para su debate este miércoles.
El plan no menciona que se vaya a aumentar el periodo de cómputo –actualmente fijado en 25 años tras la reforma de las pensiones de 2011– a 35 años como sí figuró en un primer momento en las propuestas del ministerio. Según sus propios cálculos, esa extensión de 10 años se traduciría en un recorte medio de la pensión inicial del 6,3%. El texto actual indica que ese plazo se “adecuará a las nuevas carreras profesionales”, para que “refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales”. Así, añade, se reforzarán la progresividad y el carácter contributivo –tanto pagas, tanto recibes– del sistema.
En enero, la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones suscitó el rechazo inmediato tanto de los sindicatos como de Unidas Podemosel rechazo inmediato tanto de los sindicatosUnidas Podemos.
El Plan de Recuperación incluye la derogación no sólo del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) sino también del Factor de Sostenibilidad, las dos creaciones estrella de la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. Aunque no se precisa cómo se va a sustituir el IRP, el documento garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones; es decir, su actualización según suba el IPC. Del Factor de Sostenibilidad, que recorta la cuantía de la pensión inicial de acuerdo con la esperanza de vida de cada generación, se menciona su sustituto: un mecanismo de “equidad intergeneracional” que añade a la esperanza de vida “otros indicadores complementarios” sin más concreción. El Factor de Sostenibilidad, que debería haber entrado en vigor en 2019, estaba en suspenso desde un año antes.
El resto de las medidas incluidas en el plan para reformar el sistema público de pensiones repite el esquema explicado la víspera por el ministro Escrivá en el Congreso, incluidas las destinadas a acercar la edad efectiva y la edad legal de jubilación, incentivando la demora del retiro y penalizando la salida anticipada de la vida laboral. Además, se prevé el destope de las bases máximas de cotización, aunque no se especifica hasta qué punto, con un aumento simultáneo de la pensión máxima. Y la promoción de los sistemas complementarios de pensiones –planes de empresa– así como la creación de un fondo de pensiones públicas a imitación del sistema vasco.
La holgura lingüística de la “modernización”“”
El segundo punto polémico del plan se refería al mercado laboral. Si en la reforma de las pensiones cualquier medida definitiva está supeditada a la negociación en el Pacto de Toledo, en lo que se refiere al mercado de trabajo, el Gobierno deja claro que todas las propuestas se encuentran sobre la mesa de diálogo con la patronal y los sindicatos. De modo que los enunciados de cada una de ellas hacen gala de la mayor holgura lingüística posible. Al menos cinco de las medidas son de “modernización”: de las políticas activas de empleo –formación, reorientación y recualificación de trabajadores–, de la negociación colectiva, de la subcontratación, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los incentivos a la contratación.
Un saco en el que cabe casi cualquier cosa y que le sirve al Gobierno para no hacer sangre en la reforma de la negociación colectiva y de la subcontratación. Son los dos puntos donde mantienen una agria disputa los sindicatos y la patronal en la mesa que debe derogar los “aspectos más lesivos” de la reforma laboral de 2012. La CEOE no quiere ni oír hablar de cambiar la prioridad del convenio de empresa sobre el de sector, ni la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios cuando caducan y mientras se negocia su renovación–. También rechazan modificaciones en la norma que regula la subcontratación. Sin embargo, para los sindicatos esas dos cuestiones son la llave que abre todas las cerraduras del Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI impulsado por el Gobierno.
El documento plantea además la ya anunciada reducción de los tipos de contratos a sólo tres modelos. Uno temporal, otro de formación y un tercero que, en lugar de denominar “indefinido” llaman “estable”.
El plan enviado a Bruselas consagra finalmente los ERTE como mecanismo permanente de ajuste interno de las empresas, “alternativo a la alta temporalidad y al desempleo”, que debería actuar como “amortiguador” de la volatilidad del mercado laboral español, además de orientar y recualificar a los trabajadores con formación. Esos mecanismos actuarán ajustando el tiempo de trabajo ante “caídas cíclicas o extraordinarias de la demanda” o bien como acompañamiento de “procesos estructurales en sectores en conversión”.
UGT y CCOO reclaman al Gobierno que desarrolle un plan de fondos "genérico" mientras la mesa para derogar la reforma laboral sigue atascada
2.363 millones de euros de inversión
El Gobierno promete igualmente a Bruselas utilizar la inteligencia artificial para casar la oferta y la demanda de trabajadores, diseñando “itinerarios personalizados” de formación y reciclaje para los trabajadores. También racionalizará y simplificará los incentivos a la contratación –descuentos de cuotas a la Seguridad Social–. Y digitalizará el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), víctima de recortes de plantilla y de recursos desde la anterior crisis y en entredicho por su gestión de las prestaciones de los ERTE y sus recientes problemas informáticos.
Todas estas medidas se traducirán en un volumen de inversión de 2.363 millones de euros, calcula el Gobierno. Todo el plan de reformas debería reducir en un 5,7% –en términos del índice Gini– la desigualdad entre las rentas salariales de los hogares de aquí a 10 años, según el Ejecutivo. Y recortar la brecha de desigualdad entre España y la Unión Europea en más de dos tercios.
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