El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esgrimió este jueves ante las cámaras de laSexta las medidas tributarias pactadas en el acuerdo con Unidas Podemos para anunciar una reforma fiscal que presentó como “inevitable”. Para cuadrar las cuentas con las que hacer frente a la debacle económica pospandemia, con un gasto público que alcanzará cifras récord –el 51,5% del PIB–, para sostener el Estado de bienestar y para avanzar en la “justicia fiscal”.
Además, como argumento para sostener la conveniencia de “recalibrar la cesta de los impuestos”, Sánchez destacó la brecha que separa la recaudación tributaria en España de la media europea. Según los últimos datos de Eurostat, la oficina estadística de la UE, los ingresos tributarios en España equivalen al 35,4% del PIB, mientras que la media de la zona euro alcanza el 41,7%. Un diferencial de 6,3 puntos porcentuales que aumenta si se compara con Alemania –41,5% del PIB–, Italia –42%–, Bélgica –47,2%– o Francia, el país que mayor presión fiscal soporta, con un 48,4% del PIB.
Ese desajuste se produce, además, en todos los impuestos. Según Eurostat, que utiliza datos de 2018, el diferencial con la eurozona en la recaudación del IVA –6,6% del PIB– es de tres décimas de punto con la media del euro y de cinco décimas con la media comunitaria. En el IRPF, la brecha se eleva a 1,7 puntos porcentuales tanto con la zona euro como con la UE. En el impuesto sobre sociedades, la recaudación es dos décimas inferior. Y en cotizaciones sociales, 3,8 puntos menor que la eurozona y nueve décimas menor que la media de la UE. Si se pone la vista en Dinamarca, los ingresos por IRPF triplican a los de España en relación con el PIB. Con Alemania y Francia la distancia roza los dos puntos. En el impuesto sobre sociedades, la brecha es menor: dos décimas con Francia y cuatro con Alemania.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, defendió la víspera el carácter “insoslayable” de la reducción del déficit público, que se va a disparar hasta niveles históricos –por encima del 10% según todas las previsiones– como consecuencia del alza del gasto. Redujo a dos las opciones para controlarlo: reducir gasto o aumentar ingresos. Lo que evitó precisar es qué impuestos deben subirse: “Hay un componente ideológico muy alto y es una discusión a la que el Banco de España no puede entrar”, eludió, no sin apuntar las diferencias impositivas entre países “con un mismo nivel de desarrollo y protección”.
En la entrevista, Pedro Sánchez no hizo más que repetir las medidas fiscales del acuerdo de gobierno firmado con Unidas Podemos. Es decir, una subida del IRPF a las rentas más altas –dos puntos para rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros–, un tipo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes corporaciones, alzas en los impuestos medioambientales y especiales –tabaco, alcohol–. Pero también desechó el impuesto a las grandes fortunas propuesto por su socio de gobierno para financiar el gasto extraordinario ocasionado por el covid-19. Aunque dijo que “intelectualmente” no puede estar en contra de que quien más tiene más pague, tachó de “fetiche” la figura planteada por Unidas Podemos, y se decantó por aumentar el impuesto sobre el patrimonio para gravar la riqueza. Según el diseño que ha hecho la formación morada, tributarían sólo las fortunas superiores a un millón de euros, tras quedar exenta la vivienda habitual hasta los 400.000 euros: un 2% para patrimonios netos a partir de un millón de euros, un 2,5% a partir de 10 millones, un 3% a partir de 50 millones y un 3,5% desde 100 millones de euros. Permitiría una recaudación de 11.000 millones de euros.
A Sánchez se le preguntó si iba a tocar el IVA, pero no contestó. Un documento publicado por el Banco de España y elaborado por David López-Rodríguez y Cristina García Ciria, señala el menor peso de los impuestos indirectos, básicamente el IVA, como la principal particularidad de la estructura impositiva española respecto a la UE, que cifra en 4,2 puntos con datos de 2016. Según sus cálculos, la menor recaudación del IVA y de los impuestos especiales explican hasta en un 75% ese diferencial con Europa. La causa de estos bajos ingresos se debe, a su vez, a que el tipo general del impuesto afecta a un porcentaje más reducido del gasto en consumo que en la mayor parte de los países de la UE. Es decir, a la amplia cobertura del tipo reducido. El problema para subirlo, según señalan los expertos, estriba en que los impuestos al consumo no discriminan entre compradores ricos y pobres, además de que un alza penalizaría la demanda interna, precisamente la que necesita ser resucitada cuanto antes.
También es inferior la recaudación de los impuestos sobre hidrocarburos, transporte, tabaco y alcohol, a los que se aplican tipos inferiores en comparación con los europeos. Sólo en los impuestos medioambientales, el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) calcula una brecha de recaudación con la UE de 6.200 millones de euros. Equiparar los impuestos de gasóleo y gasolina se traduciría en unos ingresos adicionales de 670 millones, mientras que el impuesto sobre plásticos de un solo uso reportaría 1.100 millones más.
Unidas Podemos no renuncia a su impuesto
En estos momentos se están tramitando en el Congreso las tasas Google –a las tecnológicas– y Tobin –a las transacciones financieras–, que igualmente forman parte del programa de gobierno. Dos impuestos que la Unión Europea también quiere aplicar, no sin polémica. El primero se ha topado con la oposición frontal de Donald Trump y el segundo, con el rechazo de Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos.
Tal como figura en el proyecto del Gobierno, la tasa Tobin sólo gravará, con un 0,2%, las compras de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros, pero no las de acciones de pymes y empresas no cotizadas. Tampoco tributarán las salidas a Bolsa de una compañía, las operaciones necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal. Con esta nueva tasa el Ejecutivo quiere ingresar 850 millones de euros.
La tasa Google gravará a empresas digitales que facturen más de 750 millones de euros, de los cuales más de tres millones deben proceder de España. Con el impuesto el Ejecutivo espera recaudar unos 900 millones de euros al año.
Al traer al primer plano la reforma fiscal, el Gobierno desoye las peticiones de las grandes empresas para que no suba impuestos. Fue ése el hilo que unió casi todas las intervenciones de los mayores empresarios del país hace escasamente una semana en la cumbre organizada por la CEOE para “liderar el futuro”. El líder del PP, Pablo Casado, también aboga en sus declaraciones públicas por bajar impuestos, mientras que su responsable económica, Elvira Rodríguez, limita al turismo la petición de reducciones fiscales en la Comisión para la Reconstrucción. Por su parte, Ciudadanos ya ha renunciado a reclamar rebajas fiscales como parte de su nueva política para facilitar los acuerdos.
En cualquier caso, y pese a la declaración del presidente del Gobierno, Unidas Podemos no renuncia a su propuesta de gravar a los muy ricos, que confía en hacer realidad más adelante, según las fuentes consultadas por infoLibre. Porque lo más probable es que quede fuera de los acuerdos a los que llegue la Comisión para la Reconstrucción, donde los asuntos económicos están resultando los de más difícil consenso.
La “debilidad de las bases fiscales” españolas
Fue precisamente el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro quien levantó una gran polvareda cuando aseguró en enero de 2017 que las grandes empresas tributaban en sociedades con tipo efectivo de “entre el 7% y el 8% [sobre su resultado contable]”, mientras que las de menor tamaño lo hacían por hasta un 16%, el doble, y el tipo nominal se elevaba hasta el 25%. Incluso pidió a las mayores compañías que contribuyeran más para mantener “la cohesión social”. Con el suelo del 15% que quiere implantar el Gobierno para estas corporaciones, la recaudación crecería 1.776 millones de euros.
Aun así, el impuesto de sociedades quedaría lejos de las cifras que alcanzó en 2007, en pleno apogeo económico inducido por el ladrillo. Es el único tributo que no ha recuperado los ingresos precrisis financiera, a diferencia del IRPF y el IVA, cuando alcanzó los 44.800 millones de euros. En 2019, antes de que estallara la pandemia, recaudó 23.733 millones de euros, la mitad que 12 años antes, pese a que sí se han recuperado los beneficios empresariales. Los expertos fiscales lo atribuyen a la ingeniería que pueden practicar las grandes corporaciones pero les está vedada a las pymes.
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Gestha cifra en 24.300 millones de euros el pago que han conseguido eludir las grandes empresas entre 2015 y 2018, sobre todo gracias a las exenciones y deducciones. A evitar ese agujero es hacia donde se encamina la aplicación del tipo del 15% para las mayores compañías –18% para los bancos y empresas de hidrocarburos–, limitando las exenciones de dividendos o plusvalías de sociedades que participen en otras y rebajando del 25% al 23% el tipo para las empresas que facturen menos de un millón de euros, aseguran sus defensores.
También el documento del Banco de España citado más arriba señala que, si bien los tipos nominales españoles son superiores a la media de la UE, los tipos efectivos quedan por debajo. Y recuerda que si el auge económico permitió reducir el diferencial de recaudación con Europa entre 2002 y 2007 fue únicamente por el ladrillo y la especulación inmobiliaria, “factores transitorios”. La “brusca” caída de los ingresos tributarios sufrida con la crisis de 2008, –6,6 puntos porcentuales– sostienen sus autores, desveló entonces la “debilidad de las bases fiscales” españolas.
La nueva crisis será la ocasión para comprobar su comportamiento. Según los cálculos del Gobierno, los ingresos tributarios caerán este año un 5%, unos 25.711 millones de euros respecto a los de 2019. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) duplica el desplome hasta los 50.000 millones si el shock económico se prolonga.