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Todos los actores que protagonizan la contrarreforma laboral miran a Bruselas. “Necesitamos europeizar el mercado de trabajo”, declaraba este lunes al Financial Times la vicepresidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño, cuya carrera se ha desarrollado en las instituciones comunitarias. En abril, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acudió a la capital belga, se reunió con el comisario de Diálogo Social, Valdis Dombrovskis y celebró la “acogida muy positiva” de la Comisión Europea “a la propuesta española de modernización del mercado laboral”. Y la CEOE insiste de manera recurrente en que las propuestas que Díaz lleva a la mesa de diálogo en materia laboral ponen “en juego en último extremo la recepción ágil de los fondos europeos”, tal como advirtió la patronal este verano.
Pero, ¿qué dice realmente Bruselas al respecto? Más allá de que las instituciones europeas no le dictan a España qué medidas concretas debe adoptar –es al revés, los estados miembros proponen y Bruselas evalúa–, la respuesta de junio a las iniciativas contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dejan claro que el Ejecutivo comunitario ve de momento con buenos ojos los planes del Gobierno con el mercado de trabajo. “El plan representa una respuesta equilibrada a la situación económica y social de España”, rezaba la valoración. “Contiene medidas destinadas a mejorar el empleo juvenil y a reducir aún más la tasa de abandono escolar prematuro. También propone una simplificación de los contratos para reducir el abuso de la contratación temporal”, se subrayaba.
Es decir, que España lo está haciendo bien más allá de las cuitas internas del Gobierno sobre aspectos muy concretos de la reforma laboral, como está sucediendo estos días a costa de las diferencias en torno a los convenios sectoriales y de empresa, indican las fuentes consultadas. La Comisión no ha respondido a las preguntas de infoLibre, pero Dombrovskis fue bastante claro hace cuatro meses. “El plan plantea un enfoque positivo en la creación de empleo y en las futuras generaciones, con medidas para abordar el desempleo juvenil”. En los documentos y borradores del Consejo Europeo y de la Comisión siempre se apunta a dos cuestiones: atajar el paro, sobre todo el juvenil, y combatir la temporalidad. Esto es lo que hasta ahora ha manifestado Bruselas sobre la reforma laboral en marcha:
Temporalidad
"Uso generalizado de contratos temporales" como "debilidad estructural". Así se puede leer en el borrador que el Ejecutivo comunitario elaboró en junio para analizar el Plan de Recuperación remitido por España un par de meses antes, en abril. Ciertamente, la temporalidad rebasa el 30% de la población activa. La respuesta la avanzó el Gobierno, y más concretamente el Ministerio de Trabajo, en el componente 23 del plan: "Para que se reduzca la temporalidad es necesario simplificar los tipos de contratos, reduciéndolos a tres. Estable, temporal y de formación/prácticas". La Comisión Europea celebra en su valoración que la medida apunta "a reducir el abuso" de esta modalidad contractual.
Pero Yolanda Díaz ha dado pasos más allá del componente 23 que, si no están plasmados en los planes de resiliencia, es porque aún no han cuajado en el diálogo social: el primer bloque de la reforma laboral aún no se ha pactado. Así, la vicepresidenta segunda ha puesto sobre la mesa en los últimos meses que las empresas tengan un porcentaje máximo de contratos temporales, limitar la duración de éstos a un año como máximo y a dos años en caso de que los empleados cubran una baja, un censo con trabajadores fijos discontinuos que permita analizar el grado de implantación de estos contratos en las empresas o poner coto al uso abusivo de la subcontratación, limitando el recurso al contrato de obra y servicio, asociado a la precariedad.
CEOE ha rechazado todas las ofertas anteriores, acusando a Díaz "de partir de la desconfianza y la sospecha hacia la empresa". Y ha dicho que de esta manera peligra la recepción de fondos europeos, algo que directamente no es verdad: nadie en Bruselas ha indicado lo contrario.
A las medidas de Díaz hay que sumar las de Miquel Iceta en su breve paso por el Ministerio de Función Pública: el plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, una de las lacras más lacerantes.
PARO JUVENIL
"España tiene que reducir las muy elevadas tasas de desempleo juvenil", concretamente las más altas de Europa según Eurostat. En esta cuestión es muy importante el punto anterior, la reducción de la temporalidad –que estructuralmente afecta a los menores de 35 años– pero no solo: las autoridades bruselenses valoran el Plan de Choque del Gobierno, dotado con 750 millones de euros y que gravita sobre tres "programas innovadores" que van de la "formación profesional en las escuelas públicas", un "primera experiencia" laboral en las administraciones públicas y "oportunidades para jóvenes investigadores". Este plan está contemplado en la última decisión de aplicación del Consejo de la Unión Europea e implica a más ministerios además de Trabajo, como Educación (Pilar Alegría), especialmente por el impulso que se quiere dar a la formación profesional.
Y aquí viene la segunda pata de la problemática juvenil: la supresión o reformulación por parte del Ministerio de Trabajo, previa discusión con los agentes sociales, de los incentivos y bonificaciones fiscales a la contratación para los empresarios, algo que ahonda aún más en la temporalidad y la lacra del paro de los jóvenes, especialmente en empleos de baja cualificación. Así lo recoge el Consejo de la UE: "Las reformas e inversiones en el ámbito de las políticas activas de empleo deben dar prioridad a los grupos vulnerables, especialmente a través del plan de acción contra el desempleo juvenil y la racionalización de los incentivos a la contratación". Yolanda Díaz ha destacado muchas veces que la proliferación de los llamados contratos supercortos tiene mucho de cultural, además de insistir en que hay que rediseñar los incentivos sobre las cotizaciones sociales para atajar el mal endémico.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
"Un enfoque global que equilibre la necesidad de flexibilidad y seguridad en el mercado de trabajo". Europa no ha dicho a España qué tiene que hacer con la ultraactividad –el convenio que prevalece al caducar–. Ni si deben prevalecer los convenios sectoriales sobre los de empresa en la negociación colectiva. Ambas cuestiones están en estos momentos sobre la mesa del diálogo social y en el centro de la polémica en el seno del Gobierno entre Calviño y Díaz. Y sin embargo, Bruselas no ha manifestado ninguna opinión al respecto: más bien al contrario, la Comisión Europea, el Consejo y las instituciones pertinentes se pronunciarán una vez Trabajo envíe el texto a Bruselas, antes del 31 de diciembre como pretende la titular de Trabajo de Unidas Podemos.
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En otras ocasiones, Bruselas se refiere a "modernizar" la negociación colectiva. La pelota, por lo demás, está en el campo del Gobierno y del diálogo social: "Varias de las reformas del mercado laboral previstas en el plan están aún sujetas al resultado del proceso de diálogo social, por lo que su diseño final está aún por determinar", resalta la Comisión. No parece que el Ejecutivo europeo demonice los encuentros entre agentes sociales, sino más bien al contrario. "Los hitos deberían especificar que estas reformas deben llevarse a cabo respetando el diálogo social y como parte de un enfoque global que equilibre la necesidad de flexibilidad y seguridad en el mercado de trabajo".
Se han dado pasos específicos, igualmente bien valorados por la Unión Europea: la Comisión que preside Úrsula Von der Leyen destaca "el nuevo mecanismo de flexibilidad y estabilización" previsto por el Gobierno español. ¿A qué se refiere? A la intención declarada públicamente tanto por Yolanda Díaz como por Nadia Calviño de desarrollar un sistema de ERTE permanentes. En este punto, no hay ninguna fricción. Según diversas fuentes consultadas, las disonancias en el seno del Ejecutivo de coalición emanan de la predilección de Economía de conservar la prevalencia de los convenios de empresa en las pymes y de extender los convenios sectoriales a las grandes, lo que se resolverá en las próximas semanas.
La necesidad de ERTE permanentes se puso de manifiesto en las recomendaciones al inicio de la pandemia dirigidas por el Consejo a los países miembros: tras destacar que "los nuevos desempleados" derivados de las restricciones del estado de alarma eran "los trabajadores temporales con contratos de muy corta duración, que constituyen la inmensa mayoría" de los parados, "entre los que se encuentran muchos trabajadores jóvenes", se hace necesario "a fin de respaldar una recuperación sostenible y la cohesión social", es preciso "garantizar cuanto antes que todos los trabajadores, incluidos los temporales y los autónomos, tengan acceso a una protección social adecuada" en el futuro.
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