El repunte inesperado de la inflación rompe la previsión del gasto en pensiones y empuja al alza salarios y alquileres

La inflación, que llevaba desde abril encaramada por encima del 2%, ha despegado en agosto hasta colocarse en el 3,3%en agosto hasta colocarse en el 3,3%, una cifra que los registros no conocían desde octubre y noviembre de 2012, en plena crisis financiera, cuando superó el 3,4%. El IPC se une así a los indicadores económicos inquietantes. O no tanto. Los expertos llevan casi una década dándole vueltas a las inflaciones incluso negativas que se sucedían durante meses y que ponían al mundo al borde de la deflación, un paisaje de terror que la parálisis económica impuesta por la pandemia agudizó en 2020. Un año después, sin embargo, la reactivación de la demanda ha empujado inevitablemente al alza los precios, pero sobre todo ha sido la energía –el crudo por las nubes y la electricidad batiendo récords históricos– la culpable de la escalada del IPC.

“Ahora no hay tensiones inflacionistas, sino un repunte [de la inflación] por motivos muy identificados”, tranquiliza Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. España, y Europa, aún están lejos, asegura, del 5,4% que ha marcado el IPC en Estados Unidos el pasado mes de julio. Hidalgo confía en que los precios de la energía se vayan moderando en los próximos meses y la inflación regrese al entorno del 2%, por lo que, sumando las cifras del primer trimestre, sólo un poco por encima del cero, la inflación media se contenga. Es el escenario que considera más probable también el director del Gabinete Económico de CCOO, Carlos Martín Urriza, quien no cree que al acabar el año llegue siquiera al 2% de media. “El IPC no me asusta porque las causas están perfectamente identificadas: el 80% se debe al precio de la energía y no va a seguir disparándose porque tiene unos componentes muy temporales”, explica Hidalgo.

No obstante, ese rebote que en principio se percibe como alarmante –“llevamos en el ADN décadas de inflación elevada, muchas de ellas motivadas por shocks de demanda”, apunta Manuel Hidalgo– tiene otros efectos económicos inmediatos. El primero lo sentirán las pensiones, que desde 2018 han vuelto a actualizarse según el IPC, después de cinco años en que se aplicó el alza mínima del 0,25% consagrada en la reforma del PP. Como la inflación al final del año superará el 0,9% previsto en los Presupuestos Generales, la factura aumentará en los más de dos puntos en que ahora ya se sitúa el índice de precios. Es decir, el gasto crecerá unos 4.735 millones de euros si se calcula sobre los 163.297 millones presupuestados para 2021 y en noviembre el IPC alcanza el 3,8% previsto por Funcas, el instituto de estudios de las cajas de ahorro.

En todo caso, si el Congreso aprueba el proyecto de ley de reforma de las pensiones en los mismos términos en que lo ha redactado el Gobierno, las prestaciones pasarán a actualizarse el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior, en lugar de con el IPC de noviembre como hasta ahora.

Después, el alza del IPC se dejará notar en los salarios. Este miércoles los sindicatos esgrimirán como argumento la reciente subida de la inflación para reclamar al Ejecutivo un aumento “significativo” del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ya ha advertido de que no aceptarán una subida “testimonial o estética” del suelo salarial en la reunión donde el Gobierno les trasladará su propuesta de SMI para lo que queda de año. El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, le pone una cifra concreta: 25 euros –hasta los 975 euros mensuales, por tanto– este ejercicio, además de exigir un compromiso añadido para 2022 y 2023. La meta para entonces son los 1.050 euros en que ellos calculan el 60% del salario medio establecido como cuantía adecuada en la Carta Social Europea.

El regreso de las cláusulas de revisión

Pero para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores con la inflación por encima del 3% hará falta mucho más que subir el SMI –que perciben 1,5 millones de asalariados–. Los sindicatos también quieren abrir cuanto antes la mesa que debe renovar el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) con la patronal, el marco que establece los criterios para fijar los salarios, entre otras cuestiones. Este tendría que ser ya el sexto acuerdo. Pero desde la primavera, en que CCOO y UGT instaron a los empresarios a sentarse a esa mesa, nada se ha movido. Según subraya Carlos Martín, porque la patronal está “encastillada en una postura ideológica”. La CEOE, por su parte, cree que no es el momento de aumentar costes laborales que puedan entorpecer la creación de empleo en plena recuperación.

En principio, los sindicatos reclamaban subidas salariales por encima de las pactadas dos años antes –un 2% fijo y un variable del 1% adicional vinculado a “la evolución de la productividad, los resultados, el absentismo injustificado y otros indicadores “cuantificados, medibles y conocidos por ambas partes”– en línea con la reactivación económica. Hasta el momento, las subidas pactadas en los convenios han sido tímidas: 1,44% en 2017, 1,72% en 2018, 2,24% en 2019 y 1,83% en 2020. En lo que va de 2021, no se supera el 1,54%. “Nuestra posición en las mesas ha estado hasta ahora muy condicionada por la pandemia”, explica Mariano Hoya la moderación de sus peticiones. Aun así, con la inflación en mínimos, el poder adquisitivo de los sueldos estaba al resguardo. Con las últimas subidas, en cambio, la pérdida pasa a ser notable.

Y las cláusulas de revisión salarial, que antes servían precisamente para compensar las alzas inesperadas de la inflación, son ahora casi un vestigio del pasado. Mientras en 2008 el 54,4% de los convenios contaban con esas salvaguardas, que protegían al 74% de los trabajadores, hoy ya no las incluyen ni el 20% de los convenios y amparan a menos del 20% de los trabajadores, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo. Aunque algo han crecido en los últimos años, tras hundirse en un mínimo del 13% de los convenios en 2015.

Mariano Hoya dice que UGT aún no ha puesto cifra al aumento salarial que propondrá a la patronal si finalmente se abre la mesa para renovar el ANC, pero sí que va a exigir la inclusión de cláusulas de salvaguarda como forma de mantener el poder adquisitivo en caso de que la inflación continúe desbocada. En la misma dirección apunta el director del gabinete económico de CCOO.

También resultarán afectados por la subida del IPC los salarios de los funcionarios públicos. Si bien este año crecerán sólo el 0,9% en que situó el Gobierno la inflación prevista, a partir de 2022 su compromiso, tal y como aparece en la última actualización del Plan de Estabilidad, es aumentarlos en función del IPC. La nómina anual de los empleados públicos supera asciende a 140.000 millones de euros, repartidos entre 3,44 millones de trabajadores.

Las previsibles subidas de salarios, tan contenidos durante los últimos años, pueden provocar, eso sí, un “efecto de segunda ronda”, advierte Manuel Alejandro Hidalgo: la inflación aumenta los salarios, como consecuencia de la negociación de los convenios y la aplicación de las cláusulas de revisión, y éstos a su vez permiten un aumento del consumo y los precios suben, por lo que la inflación crece más aún.

“No es una noticia macroeconómica, pero sí un problema micro”

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Pero ni Carlos Martín ni Manuel Hidalgo creen que la sangre llegue al río. Tampoco van a elevarse los tipos de interés, augura el director del gabinete económico de CCOO. Aunque el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, acaba de decir que la inflación en el 5,4% es un “motivo de preocupación”, también ha precisado que, a su juicio, se trata de una subida temporal. Y que no va a subir los tipos de interés hasta 2023 y mientras no se recupere por completo el empleo perdido por el covid. Por tanto, en Europa no se esperan tampoco grandes cambios.

“Que el IPC esté en el 3,3% no es una noticia macroeconómica, pero sí un problema micro”, resume Manuel Hidalgo. Por ejemplo, el Gobierno de Pedro Sánchez topó en marzo de 2019 la subida de los alquileres en un decreto que impide aumentar su cuantía por encima del IPC. Pero para hacer el cálculo se utiliza el índice del mes en que se renueva el contrato, por lo que a los arrendatarios que les toque actualizarlo en septiembre, se les subirá un 3,3% la renta. O más si la inflación continúa aumentando y hay que actualizar el alquiler en los próximos meses. Con el IPC en mínimos, los alquileres afectados por el decreto han estado prácticamente congelados. O incluso pueden haberse reducido en los meses en que el índice fue negativo. Si la inflación sigue al alza, los incrementos pueden alcanzar cifras no vistas desde 2019.

Abundando en las repercusiones microeconómicas del alza de la inflación –con unos salarios que apenas crecen un 1,5% este año–, Carlos Martín desvía el foco hacia las causas de ese 3,3%, con un IPC subyacente, que excluye los precios de la energía, muy bajo, en el 0,7% tras aumentar sólo una décima. “La medida más efectiva es que el Gobierno remunere las fuentes de energía según sus costes de generación, lo que no significa poner un precio máximo, que está prohibido por la UE, y hacerlo mediante un real decreto ley, que puede utilizar de forma automática por tratarse de una situación de emergencia”.