La crisis “cavó en España un pozo de desigualdad sin precedentes” que la recuperación económica no ha corregido. El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, denunció en el Congreso el pasado lunes que la mejora de la economía no ha llegado a “todos los bolsillos” y el “malestar”, tal y como se revela en las quejas que le presentan los ciudadanos, continúa.
Ese mismo día la OCDE, el club de los 35 países más desarrollados del mundo, corroboraba con datos las críticas del Defensor. “La desigualdad [en España] se mantiene por encima de la media de la OCDE, en parte debido al descenso del porcentaje de ingresos que se destina a los segmentos más pobres de la población, y a varios años consecutivos de moderación salarial”, comienza el capítulo dedicado a España del informe Apuesta por el crecimiento 2018.
La economía nacional lleva cuatro años creciendo, tres de ellos por encima del 3%. En 2017 la mejora del PIB fue superior a las de Alemania, Reino Unido y Francia, incluso duplicó la italiana. Los beneficios de las empresas, medidos en términos de contabilidad nacional como el excedente de explotación bruto –que incluye otras partidas como las rentas de los autónomos, rentas inmobiliarias o inversión de las empresas–, aumentaron un 4,8% en 2017. Las ganancias de las 125 compañías que cotizan en Bolsa superaron los 49.000 millones de euros, un 67% más que el año anterior. Sólo las que integran el ÍBEX 35 dispararon sus resultados un 19,4%, la mayor alza desde 2010.
Ampliando un poco más el foco, la Agencia Tributaria recopila datos de las 26.200 empresas que sobrepasan los seis millones de euros de facturación. En 2017 sus ventas aumentaron un 4%. Es el cuarto año consecutivo en que los ingresos crecen.
Además, la euforia de resultados se ha trasladado inmediatamente a los dividendos. En 2017 las empresas cotizadas repartieron 27.844 millones de euros entre sus accionistas, un 2,6% más que un año antes. La rentabilidad por dividendo del parqué español lleva ya 11 años por encima del 4%, una de las mayores del mundo, según el último Informe de mercado de Bolsas y Mercados Españoles (BME). En Alemania es del 2,5% y en Estados Unidos, del 1,9%. La agencia Bloomberg prevé que este año los dividendos que distribuirán las 35 mejores de la Bolsa española crezcan un 6% y la sociedad de valores Link Securities cree que el aumento será aún mayor, un 9%.
Salarios congelados
Por el contrario, la remuneración de los asalariados, otro de los componentes de la contabilidad nacional, creció el pasado ejercicio un 3,3%, un punto y medio menos que el excedente de explotación bruto antes citado. Lo hizo gracias a que el empleo aumentó un 2,9%, puesto que se crearon 506.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Pero los costes laborales unitarios se quedaron congelados. Según la contabilidad nacional, terminaron 2017 en el 0%. La última Encuesta de Coste Laboral, que elabora el INE, cifra el alza del coste salarial por trabajador en sólo un 0,5% en el último año, 2.020,14 euros al mes. Una cifra parecida arroja también la estadística de la Agencia Tributaria para las 26.200 mayores empresas: crearon 329.967 empleos, por lo que sus plantillas medraron un 6,7%, pero los salarios con que les pagaron sólo subieron un 0,3%, hasta los 26.020 euros anuales Además, ese aumento salarial es una décima inferior al de 2016 y dos décimas por debajo del de 2015.
La anemia de los sueldos se agrava si se tiene en cuenta que los salarios pactados en los convenios colectivos se quedaron el año pasado en el 1,43%; es decir, ni han rozado el máximo del 1,5% fijado en el Acuerdo de Negociación Colectiva que sindicatos y patronal firmaron para 2016 –en 2017 no consiguieron sellar un pacto–.
Finalmente, hay que considerar que la inflación cerró el año en el 1,1%, aunque la media del ejercicio es superior, del 1,96%. Por tanto, los salarios perdieron poder adquisitivo. CCOO calcula que un 7% desde 2008 si se mide según el nuevo Índice de Precios del Trabajo (IPT), una especie de IPC pero aplicado a una cesta de puestos de trabajo en lugar de productos. Otro tanto ha ocurrido con las pensiones, que llevan cuatro años subiendo el mínimo legal del 0,25%.
¿Por qué la economía está creciendo por encima de la inflación, los beneficios empresariales multiplican casi por cinco el alza de los sueldos y se retribuye a ritmos de récord a los accionistas pero no a las plantillas?
“La recuperación de los salarios está tardando más de la cuenta”, diagnostica Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, quien asegura que ese retraso “desconcierta” a los analistas. Pero también apunta como motivo inicial que la recuperación se basa en el empleo de baja calidad y en que los nuevos contratos tienen remuneraciones más bajas. La reforma laboral de 2012, el cambio tecnológico, la globalización, el menor poder de negociación de los sindicatos, la aparición de nuevas formas empresariales como las plataformas tecnológicas o las empresas multiservicios, son algunas de las opciones que los economistas ofrecen para explicar la brecha entre la macroeconomía y la economía a pie de calle.
Inversión empresarial tampoco
Con la recuperación, las empresas han saneado sus cuentas, reduciendo la deuda, regresando a los números negros y repartiendo generosos dividendos. Pero ni han trasladado esa alegría a las nóminas ni han aumentado sus inversiones. La inversión empresarial ha caído un 32,25% en los últimos 10 años, al reducirse del 31% al 21% del PIB, según el informe La demanda de inversión en las economías desarrolladas de la agencia de rating Axesor. Pese a que la capacidad de financiación no ha dejado de mejorar –creció casi un 17% en 2016–, las empresas prefieren “ahorrar o devolver el dinero a los accionistas”, asegura el estudio, antes que gastarlo en crecer o en recompensar a sus plantillas.
Manuel Alejandro Hidalgo achaca este comportamiento en parte a la aparición de nuevas formas de propiedad en las grandes empresas, que priman el rendimiento y la retribución. Así, los fondos de inversión extranjeros ya son los dueños de más del 43% del mercado bursátil español, según los datos de BME.
La baja productividad, que determina el salario a largo plazo, también explica la atonía de las nóminas. Y en España la productividad crece poco “por defectos estructurales que se mantienen”, apunta el economista: el escaso tamaño de las empresas, que haya pocas compañías exportadoras y que éstas sean de escaso valor añadido, el predominio de sectores con un uso intensivo de mano de obra, como la hostelería y el turismo, la falta de cualificación profesional adecuada, la baja innovación empresarial, la elevada tasa de empleos temporales…
Más calidad en el empleo
“La crisis ha dejado cicatrices que menoscaban el bienestar, siendo las más visibles unos niveles todavía muy elevados de desempleo, pobreza y desigualdad”, subraya la OCDE en su informe. El documento insta a España a “centrarse en la calidad del empleo”, de forma que “las ventajas del crecimiento se compartan en mayor medida entre la población” y puedan crearse “mejores oportunidades para las generaciones futuras”. También alerta de que la elevada proporción de trabajadores temporales, “jóvenes y empleados con sueldos bajos”, que son los que más sufren el desempleo, así como de parados de larga duración, “afianzan las desigualdades”, perjudican el crecimiento y amenazan la cohesión social. El alto número de empleados a tiempo parcial involuntario –que buscaban un empleo a jornada completa pero no lo encontraron– y el de quienes alternan periodos de paro y subempleosubempleo aumentan el riesgo de pobreza al condenarlos a menores ingresos.
La OCDE entiende la calidad del empleo como la suma de ingresos, seguridad y calidad del entorno de trabajo. Y concluye que se ha deteriorado en España. Los españoles eran quienes más probabilidades tenían de perder sus trabajo en 2013, también su tiempo en el paro era de los más elevados de la organización. Además, su tasa de transición de un empleo temporal a uno indefinido era la más baja de toda la OCDE, el 10,2%. La media de la UE alcanza el 23%, en Alemania llega al 31,1% y la más elevada es la británica, con un 57,8%.
Si a este conjunto de deterioros laborales se le añade que España sufrió entre 2009 y 2016 el mayor recorte de la inversión pública de la UE, un 61%, según el último informe sobre finanzas públicas de la Comisión Europea, el riesgo de pobreza aumentó en especial en los hogares con desempleados, sobre todo si tienen hijos, por encima de la media de la OCDE.
Los mecanismos de redistribución no funcionan
La reducción del gasto público, en sanidad y educación, “debilita la transferencia de rentas”, destaca Manuel Alejandro Hidalgo, que junto con los impuestos debería ayudar a reducir la desigualdad de ingresos y la pobreza. Sin embargo, en España ambos mecanismos de redistribución no son eficaces. Las transferencias, dice la OCDE, “son bajas y benefician generalmente a la población más acomodada”. Las personas encuadradas en el nivel más bajo de renta reciben sólo el 4% de las transferencias. Únicamente en Italia y Grecia el porcentaje es inferior. En Estados Unidos llegan al 9,5%, en Reino Unido al 14% y en Finlandia al 22,7%. Por el contrario, quienes se sitúan en el nivel más elevado de ingresos perciben en España el 20,4% de las transferencias de renta, entendidas como ayudas de la Seguridad Social.
El informe de la OCDE fulmina las políticas de protección social españolas: las ayudas públicas para las familias son escasas, el gasto social por niño es inferior a la media de la organización, y muy bajo en la primera infancia, lo que dificulta la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Además, los parados de larga y muy larga duración, que llevan más de un año y más de dos sin trabajo, agotan las ayudas existentes y se arriesgan a la pobreza y la exclusión social. Las rentas mínimas de las comunidades autónomas son “escasas y tienen un alcance y una eficacia limitados”. Tan sólo el 1,5% de los hogares recibió en 2014 este tipo de ayudas. Así que la OCDE recomienda que se aumenten tanto el alcance como la cuantía de las rentas mínimas de inserción, “en especial en el caso de familias pobres con niños”. También pide que se rediseñen, supeditándolas a la búsqueda activa de empleo.
En España, el 41% de los desempleados no percibe ningún tipo de subsidio. Y más de la mitad de los 3,76 millones de parados son parados de larga duración. El 72% de éstos llevan más de dos años sin trabajar: 1,36 millones de personas. El informe de la OCDE resalta que el gasto español en programas activos de empleo es muy bajo, equivalente al 3,9% del PIB. Sólo es menor en Letonia, Chile, Estados Unidos, Eslovaquia y México. Portugal casi lo dobla –6,1%–, la media de la OCDE asciende al 14,5%. Francia dedica el 20,2% de su PIB a políticas activas de empleo; Alemania, el 23,7% y Dinamarca, el país más generoso, llega al 49,4%.
Hidalgo está de acuerdo en que los mecanismos de redistribución no funcionan como debieran, entre otras razones porque al menos un tercio de las transferencias monetarias van a parar a las pensiones. A su juicio, deberían redirigirse a las familias en situación precaria con niños, por ejemplo. O incluir una renta mínima “condicionada, porque la universal está lejos de ser posible”, así como prestaciones de desempleo según los ingresos de la unidad familiar, sugiere.
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Negociación salarial
Con carácter inmediato, los sindicatos y la patronal debaten de nuevo este año subidas salariales. UGT y CCOO reclaman alzas de hasta el 3,1% ligadas a la productividad. Además, piden que los salarios más bajos de los convenios sean de 1.000 euros al mes. La patronal no quiere más del 2% con una parte variable de un punto adicional, según la situación de cada empresa. “Los salarios deben participar en el crecimiento económico del país”, argumentan.
“Quizá un 3% en un solo año sea excesivo”, responde el economista de la Pablo de Olavide, “pero los sindicatos tienen aquí más razón, porque los salarios se moderaron muchísimo en los últimos años y, con un crecimiento del PIB superior al 3%, es razonable que suban como mínimo un 2%, al nivel del IPC [para este año está prevista una inflación del 1,8%]”. “De ese 3% que ha mejorado la economía, los salarios no se han llevado nada”, lamenta.
La crisis “cavó en España un pozo de desigualdad sin precedentes” que la recuperación económica no ha corregido. El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, denunció en el Congreso el pasado lunes que la mejora de la economía no ha llegado a “todos los bolsillos” y el “malestar”, tal y como se revela en las quejas que le presentan los ciudadanos, continúa.