El Consejo Económico y Social (CES) ha propinado un segundo varapalo al Gobierno en poco más de tres meses. El primero fue el 26 de septiembre, cuando emitió un dictamen contra el anteproyecto de ley de las pensiones, y el segundo esta tarde, esta vez contra el anteproyecto de ley de mutuas de la Seguridad Social. En ambos casos, el “no” del CES ha sido posible gracias al voto en contra de la CEOE. En septiembre, el Gobierno había aumentado las bases máximas de cotización, y ahora acaba de ampliar la obligación de cotizar a las retribuciones en especie. Ambas medidas han despertado el enojo indisimulado de la patronal.
Aunque el CES es un órgano meramente consultivo, resulta significativo el voto en ambos proyectos legislativos de la CEOE, alineada con el rechazo de los sindicatos. En el consejo se sientan también las cofradías de pescadores, las organizaciones de agricultores, las cooperativas, las empresas de la economía social, los consumidores y la Administración. Su dictamen, pedido por el Gobierno, es preceptivo pero no vinculante.
No obstante, a diferencia de lo ocurrido con el anteproyecto de ley de pensiones, en el caso de las mutuas la CEOE emitirá un voto particular. El dictamen final del CES critica que se dejen en manos de las mutuas las altas médicas en los casos de incapacidad temporal por enfermedad común, precisamente el punto más polémico de la norma. Según la intención del Gobierno, si en cinco días la propuesta de alta de las mutuas no ha sido contestada por el médico de atención primaria del trabajador, éste tendrá que reincorporarse. Los sindicatos critican que este silencio administrativo atenta contra la seguridad jurídica y creen que el sistema público de salud ya tiene mecanismos suficientes y eficaces para controlar estos procesos.
La CEOE no está de acuerdo y su voto particular destacará que las mutuas serán igual de competentes a la hora de gestionar las enfermedades comunes que lo son ya ocupándose de las profesionales. A la propuesta de dictamen se presentaron dos enmiendas, una de la patronal y otra del grupo de expertos. Uno de estos últimos se pronunció a favor de la venta de las sociedades de prevención de las mutuas, que según el anteproyecto de ley deberá completarse antes del 31 de diciembre de este año. A partir de ese día, las que queden serán liquidadas. La enmienda no salió adelante por la oposición de la CEOE y los sindicatos, según las fuentes consultadas.
Ahorro y cautelas
Varapalo del CES al Gobierno por no garantizar el poder adquisitivo de las pensiones
El dictamen aprobado por el CES también pide al Gobierno que establezca “mecanismos eficaces de gobierno y participación de los representantes de las empresas y los trabajadores” en la dirección de las mutuas. Además, defiende la extensión de la obligatoriedad de la prestación por cese de actividad a los autónomos.
El Gobierno asegura que, gracias a su anteproyecto de ley, la Seguridad Social se ahorrará 511,36 millones de euros en el pago y gestión de prestaciones por incapacidad temporal. El texto también equipara las retribuciones de los directivos de las mutuas a las correspondientes del sector público –lo que redundará en un ahorro adicional de 25 millones de euros– y prohíbe a éstos y sus familiares hasta el cuarto grado mantener cualquier tipo de relación comercial o contractual con estas entidades.
Además, les obliga a vender antes del 31 de diciembre sus sociedades de prevención, lo que supondrá la salida simultánea al mercado de un paquete de 18 empresas, el 55% del sector, con un volumen de negocio de 545 millones de euros.
El Consejo Económico y Social (CES) ha propinado un segundo varapalo al Gobierno en poco más de tres meses. El primero fue el 26 de septiembre, cuando emitió un dictamen contra el anteproyecto de ley de las pensiones, y el segundo esta tarde, esta vez contra el anteproyecto de ley de mutuas de la Seguridad Social. En ambos casos, el “no” del CES ha sido posible gracias al voto en contra de la CEOE. En septiembre, el Gobierno había aumentado las bases máximas de cotización, y ahora acaba de ampliar la obligación de cotizar a las retribuciones en especie. Ambas medidas han despertado el enojo indisimulado de la patronal.