Era ministro de Trabajo Juan Carlos Aparicio cuando en febrero de 2002 el secretario de Estado de Seguridad Social Gerardo Camps presentó ante los medios de comunicación la maqueta del futuro centro de formación permanente para funcionarios del organismo de previsión. Una gran parcela en Pozuelo de Alarcón, cerca de Madrid, que iba a albergar en 22.221 metros cuadrados no sólo aulas de formación sino también una biblioteca y un complejo residencial para alojar a los cursillistas, todo ello distribuido en tres grandes edificios. Además de formación, el recinto podría incluso acoger “actos multitudinarios”. Su inauguración, anunció Camps, estaba prevista en 2005. Iba a costar 25,57 millones de euros.
En agosto de ese mismo año se adjudicó el diseño del proyecto por 2,06 millones de euros. Pero no fue hasta julio de 2007 cuando se adjudicaron las obras, a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), por 28,78 millones de euros. Tres años más tarde se proyectaron “obras complementarias” por otros 619.204 euros, que entonces ejecutó de nuevo FCC a cambio de 7,73 millones más. En 2012 se licitó el suministro del mobiliario y el mantenimiento de las instalaciones. Pero no fue hasta octubre de 2013, casi 12 años después de la maqueta de Camps, cuando por fin el “complejo residencial” abrió sus puertas, una vez adjudicada su explotación a Touractive, una empresa hostelera.
Hasta ese momento, el recinto le había costado al erario público un total de 40,38 millones de euros, un 58% por encima del presupuesto inicial. Dos años y cuatro meses después, el pasado mes de febrero, el centro está cerrado y la empresa que lo explotaba prepara una querella criminal por abuso de derecho contra la Seguridad Social. Este organismo público, a su vez, presentó el pasado 4 de mayo una demanda civil contra el adjudicatario.
“Es un hotel de lujo”
Finalmente, el centro de formación de Pozuelo incluye un auditorio con aforo para 480 personas, una sala de juntas, ocho aulas que pueden albergar hasta 110 cursillistas, además de un hotel con 124 habitaciones y 27 suites, una cafetería con capacidad para 112 personas, un restaurante y un autoservicio para otros 195 comensales. Sin olvidar la piscina climatizada y un gimnasio. “Es un hotel de lujo”, destaca Justo Domingo Blanco, el administrador de Touractive.
Todo ello dispuesto para alojar a los funcionarios de la Seguridad Social que reciben cursos de formación o a los directivos que celebran jornadas o encuentros internacionales, según publicita el centro la propia página web del organismo público. También está destinado a los familiares de los funcionarios “hasta segundo grado inclusive” –abuelos, hermanos y nietos– durante los fines de semana –los cursos sólo se celebran de lunes a viernes– y a otros clientes “pertenecientes a empresas, instituciones sin ánimo de lucro y cualquier otro tipo de organización”. Estos últimos siempre que lo autorice previamente la Tesorería General de la Seguridad Social. Así consta en el pliego de condiciones del concurso licitado en julio de 2013. Cuando la web de la Seguridad Social presentó el recinto, en enero de 2014, se anunciaba que “en el futuro” el uso del recinto “podría extenderse al sector privado”.
El precio de la habitación doble aparece fijado en el citado pliego de condiciones: 40 euros la noche para los funcionarios de la Seguridad Social de lunes a viernes y 52 euros los fines de semana. Si el funcionario pertenecía a cualquier otro departamento de la Administración pública, debía pagar 52 euros. Para los clientes “externos”, la tarifa podía fijarla libremente el adjudicatario.
Touractive consiguió el contrato para la “explotación patrimonial” del complejo residencial en un concurso publicado el 25 de julio y cuyo plazo para presentar ofertas terminaba el 19 de agosto. Fue la única empresa candidata. Ofreció un canon anual de 27.000 euros, sin IVA, más del doble de los 12.000 euros que establecían los pliegos de condiciones del contrato. “Nos pareció una buena combinación”, explica Justo Domingo Blanco, “completar con ocupación turística los periodos en que no había ocupación con los cursos y la actividad de la Seguridad Social: los fines de semana, las navidades y todo el verano”.
Así, el “hotel residencia Pozuelo” aparecía en las webs de las principales centrales de reservas, booking.com, letsBookHotel.com, rumbo.es, o en Groupalia. Se podía reservar hasta una suite nupcial. En el vídeo promocional que aún se puede encontrar en internet, el hotel ofrece “tecnología domótica” y “materiales nobles” en todas las habitaciones, un chef para diseñar menús a petición del cliente, “yoga, pilates y fitness”fitness e incluso talleres de cata de gin tonics y vinos. “Ideal para eventos familiares, bodas y celebraciones” o para reuniones empresariales, proclama.
De esta manera estuvo funcionando, y “muy bien”, los primeros meses, relata el administrador de Touractive, quien también posee otros tres establecimientos de hostelería en Guipúzcoa, Cáceres y Valladolid. Asegura que lo hizo “con el total conocimiento de la Administración”. “Les pregunté y me dijeron que no había ningún problema”. Hasta que en diciembre de 2013 el director general le envió una carta donde le prohibía aceptar como cliente a nadie que no fuera funcionario de la Seguridad Social. “Ni siquiera funcionarios de otros departamentos”, asegura. Tenían que pedir autorización, tal y como consta en los pliegos del contrato. Y nunca se la dieron.
Ni policías ni Orange
Por ejemplo, no pudieron alojar a un grupo de policías antidisturbios de Zaragoza que había hecho una petición en firme. Tampoco una convención de la operadora de telefonía Orange, que quería reservar tres fines de semana. “Ni otra de una empresa de telecomunicaciones que trabaja para Telefónica”, enumera Justo Domingo Blanco.
Todas las negativas, añade, fueron “verbales”. Ni una sola vez la Seguridad Social contestó por escrito. El gerente del centro, Julio Gómez, era el encargado de comunicarle las desautorizaciones, apunta.
Entonces comenzaron los problemas. Los cursos de formación de la Seguridad Social no cubrían “ni el 50% de las fechas”. Sólo en noviembre y diciembre, y entre febrero y mayo, la actividad con los funcionarios permitía una ocupación sostenible. “Ni nos garantizaban la ocupación ni nos dejaban completarla”, resume el dueño de Touractive.
En una de las múltiples cartas que Justo Domingo remitió a la Seguridad Social explicando lo apurado de su situación se quejaba de que la ocupación en 2015 estaba siendo “incluso inferior a la de 2014”, un tema, decía, que “depende exclusivamente de ustedes”, de la Seguridad Social. Los pliegos del contrato obligaban al organismo público a proporcionar a la empresa con un mes de antelación la programación de los cursos.
“En un momento dado nos permitieron ofrecer el auditorio a empresas y nos aseguraron que el precio sería más barato que cualquier otro de la competencia por ser un centro público, pero nos lo tarifaron en 8.000 euros el día, que probablemente sea el más caro de Madrid”, continúa el adjudicatario. “No hacían más que ponernos palos en las ruedas”.
La Seguridad Social no se pronuncia
Preguntada por infoLibre, la Seguridad Social no ha querido hacer “ningún pronunciamiento” sobre su relación con Touractive, “a la espera de que exista el correspondiente pronunciamiento judicial” y por “respeto a la justicia”. En cualquier caso, asegura que las afirmaciones del adjudicatario “no coinciden en modo alguno con los documentos obrantes en el oportuno expediente administrativo”.
Según Justo Domingo, al impedirle alojar clientes que no fueran funcionarios, tuvo que “recolocar” en otros hoteles cercanos a cerca de 300 personas con reserva y asumir la diferencia de precio entre sus habitaciones y las de los establecimientos ofrecidos en alternativa.
“Si no se aportan actos y clientes, se nos impide comercializar la instalación para terceros y se nos retienen los pagos, será imposible que esta empresa pueda cumplir el contrato”, se quejaba en una de las cartas. Porque, al tiempo, los pliegos del contrato le obligaban a garantizar “la estabilidad en el empleo” de su veintena de trabajadores, pese a que el centro se quedaba inactivo todo el verano o en navidades.
El adjudicatario también acusa a la Seguridad Social de remitirle unas facturas de gas desorbitadas e imposibles. Por contrato, estaba obligado a pagar tanto el 80% del consumo de agua como el 100% del gas y el teléfono. Pero asegura que al año y medio de funcionamiento le dijeron que debía pagar un suplemento por un segundo contador que multiplicaba hasta por 300 el consumo de gas que había tenido hasta entonces. Hasta el punto de que cuando el centro estaba cerrado en verano, su factura de gas era superior a la del mes de febrero, cuando se encontraba a pleno rendimiento y con la calefacción encendida las 24 horas.
La Seguridad Social dedicará a pagar las pensiones 113 millones que espera obtener de la venta de edificios
Volverá a ser explotado por una empresa privada
El penúltimo capítulo de la historia se escribió el pasado mes de febrero, cuando la Seguridad Social comunicó a Touractive la resolución del contrato, en principio de tres años prorrogables a 54 meses, “por incumplimiento culpable de la empresa tanto en la prestación del servicio como en el abono de los gastos de gas y del canon de 2016”: 121.878 euros por el primer concepto y 25.682 euros por el segundo. También le exigía 20.000 euros como indemnización por daños y perjuicios, al haber suelto de forma unilateral el contrato. Justo Domingo dice que, excepto la factura del gas, el resto ya le ha sido descontado y, por tanto, no debe nada por el canon al organismo público. Tampoco se le ha notificado aún la demanda civil de la que habla la Seguridad Social. Ésta, por su parte, anuncia que va a volver a licitar la explotación del complejo residencial, aunque no precisa cuándo y si va a cambiar las condiciones en que lo adjudicó la primera vez, en vista del resultado.
En uno de los tres edificios del complejo sólo queda ahora un puñado de funcionarios de la Seguridad Social, además de su gerente –hasta septiembre no se imparten cursos–. Uno de ellos es Antonio de Guindos, hermano del ministro de Economía y funcionario del Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Seguridad Social. Recaló en el centro de Pozuelo tras dimitir como concejal de Seguridad del Ayuntamiento al ser imputado en el caso del Madrid Arena.caso del Madrid Arena
Era ministro de Trabajo Juan Carlos Aparicio cuando en febrero de 2002 el secretario de Estado de Seguridad Social Gerardo Camps presentó ante los medios de comunicación la maqueta del futuro centro de formación permanente para funcionarios del organismo de previsión. Una gran parcela en Pozuelo de Alarcón, cerca de Madrid, que iba a albergar en 22.221 metros cuadrados no sólo aulas de formación sino también una biblioteca y un complejo residencial para alojar a los cursillistas, todo ello distribuido en tres grandes edificios. Además de formación, el recinto podría incluso acoger “actos multitudinarios”. Su inauguración, anunció Camps, estaba prevista en 2005. Iba a costar 25,57 millones de euros.