A principios del pasado verano una obra en los servicios centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en Madrid desveló la existencia de amianto debajo de la fachada, en las bajantes de aguas pluviales y en las tuberías de las torres de refrigeración. El amianto es un mineral que se utilizaba como aislante en la construcción y es cancerígeno. España lo prohibió en junio de 2002.
Los delegados de Prevención de los sindicatos fueron informados de la presencia del amianto meses después, el 19 de octubre, pero no se comunicó nada a la plantilla para evitar “alarmas sin justificación”: los responsables de la TGSS les aseguraron que no había ningún riesgo para los trabajadores porque el amianto se hallaba en “zonas inaccesibles para los funcionarios”. Aun así, los delegados solicitaron toda la documentación sobre el asunto, incluidas las mediciones realizadas. En ese momento aún faltaba por inspeccionar el 20% del edificio, situado en la calle de los Astros de Madrid. Construido en los años 70, el inmueble, conocido como Apolo XI, aloja a unos 900 trabajadores.
El pasado enero, la Junta de Personal del Ministerio de Empleo presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo porque la TGSS no proporcionaba a los sindicatos la documentación sobre el hallazgo. Este miércoles, ambas partes se han reunido a instancias de los inspectores. Según fuentes de CGT, sindicato mayoritario en el ministerio, la Tesorería accedía a entregar los informes si el sindicato desconvocaba la concentración que ha organizado para este jueves. El sindicato, que considera la propuesta “una encerrona”, ha rechazado desconvocar la medida. Por su parte, la Inspección, añaden las mismas fuentes, ha decidido requerir a la Tesorería que entregue la documentación sobre el amianto a los sindicatos. Además, ha instado a ambos a elaborar un comunicado conjunto para informar a la plantilla.
Al día siguiente, UGT, CCOO, CSIF, Fedeca, CSIT-UP y USO consensuaron con la Tesorería un comunicado en el que explican que “se están realizando las últimas pruebas para terminar de identificar todos los elementos afectados, y posteriormente se procederá a la contratación necesaria para su sustitución”. Los firmantes reiteran la “ausencia de riesgo para la salud el personal”. CGT no ha firmado el escrito.
“La ley obliga a la TGSS a entregar físicamente, en mano, y sin ninguna limitación temporal, los documentos necesarios”, explican fuentes del sindicato a infoLibre. Sin embargo, la Tesorería sólo les permite “ver” los informes en el Servicio de Prevención y Salud Laboral. “Queremos los documentos para que los técnicos del sindicato comprueben si es cierto que no hay peligro”, argumentan.
Según CGT, hay “más zonas con amianto” de las que se localizaron en un principio”. De hecho, añaden, “este mismo viernes se van a señalizar más puntos” donde se encuentra el mineral cancerígeno y se van a hacer nuevas mediciones. La Seguridad Social no ha contestado a este periódico cuando le ha preguntado por los resultados de la inspección de ese 20% del edificio que faltaba por comprobar el pasado mes de octubre.
El sindicato también denuncia que la Tesorería no ha informado del hallazgo a los trabajadores de las consultoras de informática subcontratadas que trabajan en el edificio, como Atos, Indra, o Connectis. Ni a los empleados de las sucursales del BBVA, Bankia y Santander que comparten locales con la Seguridad Social.
Los trabajadores de la TGSS se enteraron de la presencia del amianto el pasado 27 de enero, cuando la CGT les envió un comunicado y convocó una asamblea informativa. La TGSS respondió entonces con otra nota donde insistía en la ausencia de riesgo para la plantilla y anunciaba la retirada del amianto y su sustitución por “agentes inocuos”, pese a que la ley no obliga a hacerlo “si no hay riesgo de manipulación o de accidentes que provoquen una fuga de fibras al medio ambiente”. También apunta que los delegados de Prevención a los que informó en octubre discreparon entonces “abiertamente sobre la oportunidad de realizar comunicados que alarmaran sin justificación a las personas que trabajan en el complejo Apolo XI”.
Contratos pendientes
A los delegados sindicales la TGSS les comunicó que iba a contratar a una empresa para efectuar “un control dos veces al año” del amianto encontrado detrás de las fachadas, que no puede ser retirado por integrar la estructura del edificio. Igualmente iba a contratar a otra empresa especializada para eliminar el mineral de las bajantes y los conductos. Entonces los responsables de la Tesorería anunciaron que la contratación sería efectiva en enero o febrero de 2017. Pero, hasta el momento, asegura la CGT, aún no se ha contratado a ninguna empresa.
infoLibre ha preguntado a la Seguridad Social por estas contrataciones, así como por el coste que va a tener toda la operación, pero no ha recibido respuesta. Fulton es la firma que se encarga de las tareas de mantenimiento en el edificio. Sus trabajadores sí corren riesgo, según reconoció la propia TGSS en octubre, puesto que ellos tienen acceso a las zonas donde se ha encontrado el amianto. La empresa que está inspeccionando y localizando el mineral cancerígeno es la multinacional suiza SGS (Société Générale de Surveillance).
La Tesorería también se comprometió a elaborar un Plan de Control y Gestión del amianto, que según la Seguridad Social se centra en la prevención y que ya se está aplicando. CGT dice que ese plan no existe.
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Sólo reconoce el 1,88% de los casos
Más de la mitad de los cánceres con origen laboral se atribuyen al amianto, en concreto a la inhalación de las fibras de este mineral. Y es la Seguridad Social la que debe pagar a los afectados la incapacidad temporal por enfermedad profesional, un proceso que suele demorarse años en los tribunales.
En 2015, el sistema Cepross, por el que se comunican las enfermedades profesionales a la Seguridad Social sólo registró 23 partes por agentes cancerígenos, de los cuales 19 correspondieron a exposiciones al amianto. Los sindicatos se quejan de la “infradeclaración” de cánceres originados en el trabajo. Aún más en el caso del amianto. El último informe del Programa Integral de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Expuestos al Amianto (Pivistea), del Ministerio de Sanidad, es de 2014. Tiene carácter bianual y el de 2016 aún no ha sido publicado. Según este documento, la Seguridad Social sólo reconoce el 1,88% de los casos de enfermedades derivadas del amianto, es decir, de los 3.384 diagnosticados hasta esa fecha, sólo ha reconocido 64.
A principios del pasado verano una obra en los servicios centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en Madrid desveló la existencia de amianto debajo de la fachada, en las bajantes de aguas pluviales y en las tuberías de las torres de refrigeración. El amianto es un mineral que se utilizaba como aislante en la construcción y es cancerígeno. España lo prohibió en junio de 2002.