La Seguridad Social hace gala de tener como uno de sus “objetivos irrenunciables” el reconocimiento “inmediato” del derecho a las prestaciones que le solicitan los ciudadanos, para evitar la “interrupción de rentas”: que entre el cobro del último salario y de la primera pensión no transcurra más de un mes. Desde el año 2004 al menos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) cumplió ese propósito con creces, recortando los plazos de trámite y resolución de los expedientes de jubilación hasta situarlos en apenas un par de semanas. Hasta el año pasado. Entonces empezaron a coincidir el cada vez mayor aumento de las solicitudes de pensiones con una falta de personal que se está revelando crítica.
Aunque ambos factores no son nuevos, llevan tiempo desplegando sus efectos: por un lado, las altas de pensiones, tanto de jubilación como de incapacidad permanente, han crecido un 7% desde 2012 –e irán a más según se vayan retirando los miembros de la generación del baby boom– y por otro, la congelación de la oferta de empleo público durante toda la crisis ha reducido la plantilla de la Seguridad Social en un 15% en seis años.
Según los datos publicados en el último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, referidos a enero de 2018, la Seguridad Social ha perdido desde 2012 4.565 funcionarios, de los que 1.709 corresponden al INSS. Al tiempo, la falta de reposición de las plazas ha envejecido la plantilla hasta niveles alarmantes. Si en 2012 la Seguridad Social empleaba a 186 funcionarios con menos de 30 años, seis años más tarde el número había caído a sólo 62, el 0,2% de su personal. Por el contrario, en 2012 el 57,7% de sus empleados tenía más de 50 años; en 2018 el 81,6% habían superado esa edad.
De forma que una plantilla cada día más escasa tiene que afrontar una carga de trabajo en continuo crecimiento. Según datos del propio INSS, el año pasado abrió un total de 693.285 expedientes, un 10% más que en 2013. De ellos, 347.491 corresponden a pensiones de jubilación y 174.195 a prestaciones de incapacidad permanente. Si las primeras han crecido un 8,6%, las segundas se han disparado un 18,5%. Así, en 2018 los funcionarios del INSS tardaron una media de 11 días en resolver cada solicitud –verificar los requisitos, calcular el importe, fiscalización y transmisión de la orden de pago a la Tesorería de la Seguridad Social (TGSS)–, algo que no ocurría desde 2004.
La consecuencia no sólo ha sido una demora en el reconocimiento, y por tanto también en el pago de las pensiones, sino también la formación de una “bolsa de expedientes muy superior a la normal”, al tiempo que está resultando imposible para los funcionarios asumir el total de las nuevas solicitudes. Lo reconoce sin rodeos la propia directora general del INSS, Gloria Redondo Rincón, en el plan extraordinario que la Seguridad Social acaba de aprobar para desatascar la resolución de expedientes en 12 de sus 52 direcciones provinciales. Hasta el 30 de junio, a los funcionarios que voluntariamente se apunten se les pagarán horas extraordinarias para que tramiten por las tardes las solicitudes de pensiones de jubilación e incapacidad permanente. A razón de 15 euros la hora. De esta forma el INSS pretende reducir a nueve días la pendencia de las jubilaciones y a 55 días la de las incapacidades permanentes.
Madrid, la dirección provincial más atascada
El Plan Extraordinario de Trabajo, al que ha tenido acceso infoLibre, cifra en 6.465 expedientes de jubilación la bolsa que quedó pendiente en diciembre de 2018 en las direcciones provinciales con mayor atasco: Alicante, Girona, Guipúzcoa, Madrid, Murcia, Navarra y Sevilla. De ese total, 2.807 corresponden a Madrid, la que mayor bloqueo sufre y donde desde 2012 la plantilla del INSS se ha reducido en casi un 24%. En expedientes de incapacidad permanente, el plan se aplicará en Cádiz, Jaén, Navarra, Murcia Toledo. Su coste total ascenderá a 94.185 euros.
En 2017 el INSS ya tuvo que repartir entre varias direcciones provinciales los expedientes de incapacidad permanente de Madrid, que los funcionarios resolvieron haciendo horas extraordinarias, según han explicado a este periódico fuentes del organismo. Es en Madrid donde mayor carga de trabajo afronta los funcionarios que gestionan las solicitudes de pensiones. Según los datos detallados en el propio plan, cada uno de ellos tiene a su cargo 106,3 expedientes; es decir, casi el doble de la media nacional, situada en 65,4 expedientes por funcionario. En Girona son 97,8 y en Barcelona, 97. Le siguen Guipúzcoa y Navarra, con 84,7 y 82,7, respectivamente.
En Sevilla –79,1 expedientes por funcionario– se optó por recompensar con días libres adicionales a los funcionarios de la propia dirección provincial que quisieron aumentar su jornada para aligerar el exceso de solicitudes. Pero es la primera vez que se ejecuta un plan de esta amplitud. Con ocasión de otros atascos burocráticos, como el que sufrió el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en lo peor de la crisis por el aumento de los impagos a los trabajadores y los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), la Administración recurrió a uno de sus entes instrumentales, la empresa pública Tragsa, para acelerar las tramitaciones. También se la contrató en 2017 para prestar “atención telefónica y apoyo” en el seguimiento de los partes de Incapacidad Temporal y tramitar las incidencias.
En el INSS, de momento, además del plan recién aprobado, la falta de personal ha propiciado la paralización de, por ejemplo, las solicitudes que hacen muchos ciudadanos próximos a la jubilación para que se les calcule cuál será su pensión. “Si su vida laboral presenta alguna complicación, el informativo queda paralizado”, aseguran las mismas fuentes.
La Seguridad Social vende un complejo residencial para funcionarios porque subcontratarlo le sale muy caro
Oferta de empleo público
Pero no sólo en Madrid coinciden elevadas cargas de trabajo con las mayores pérdidas de personal. Lo mismo ocurre en Girona, que ha reducido su plantilla en un 25,6%, o Navarra y Guipúzcoa, donde quedaron recortadas en un 21,3% y un 20,2%. La Dirección Provincial del INSS cuyo personal ha menguado más porcentualmente es Cuenca, un 33%.
El Ministerio de Trabajo califica el plan de “medida de carácter coyuntural” y “para el corto plazo”. Como solución a la elevada edad media de la plantilla y de la falta de reposición durante la última década, menciona la oferta de empleo público que el Gobierno aprobó en 2018, 7.764 plazas para la Administración General del Estado, así como un plan “más amplio” para este año que superará esa cifra. De ese total, 184 son plazas de acceso libre para la Seguridad Social. Aparte, se convocan 467 plazas de promoción interna. Además, el departamento anuncia la puesta en funcionamiento a partir de junio de una aplicación informática, nueva versión de la que ya se utiliza para tramitar los expedientes, que “automatizará un porcentaje elevado de la casuística de jubilación” y, por tanto, reducirá la carga de trabajo de los funcionarios.
La Seguridad Social hace gala de tener como uno de sus “objetivos irrenunciables” el reconocimiento “inmediato” del derecho a las prestaciones que le solicitan los ciudadanos, para evitar la “interrupción de rentas”: que entre el cobro del último salario y de la primera pensión no transcurra más de un mes. Desde el año 2004 al menos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) cumplió ese propósito con creces, recortando los plazos de trámite y resolución de los expedientes de jubilación hasta situarlos en apenas un par de semanas. Hasta el año pasado. Entonces empezaron a coincidir el cada vez mayor aumento de las solicitudes de pensiones con una falta de personal que se está revelando crítica.