CCOO, UGT y CGT han impugnado ante la Audiencia Nacional el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Tragsatec, la filial de la empresa pública Tragsa, apenas 48 horas después de que los dos primeros sindicatos lo hicieran con el presentado en la matriz. Los despidos planteados por la empresa, el mayor número en un grupo público hasta el momento, comenzarán a ejecutarse el día 10 de enero. Sin embargo, los sindicatos reclaman la nulidad de la medida en ambas sociedades; en el caso de Tragsatec, por fraude de ley y abuso de derecho: mientras pretende despedir a 610 personas, ha subcontratado a 133 trabajadores en lo que va de año y durante la negociación del ERE se negó a reducir la jornada y los sueldos de los directivossueldos de los directivos, cuya masa salarial suma 8,5 millones de euros. Ni siquiera aceptó quitar a los mandos el ticket restaurante.
Pese a ser filial y matriz, las demandas presentadas ante la Audiencia Nacional son sustancialmente distintas. Coinciden en rechazar las causas económicas, organizativas y productivas que alegan ambas empresas, también en poner en entredicho los criterios “genéricos y subjetivos” de selección de los trabajadores a quienes quieren despedir. Además, los sindicatos destacan el carácter de “administración pública” del grupo, puesto que “carece de autonomía para aceptar o rechazar trabajos encomendados por la Administración, reporten beneficios o pérdidas”. Su “libertad para perseguir el beneficio económico” es “escasa o nula”.
Cúpula sobredimensionada con sueldos inflados
Pero la demanda de Tragsatec pone el foco en el hecho de que, en contradicción con sus propios informes, el grupo apenas toque en el ERE a una cúpula directiva cúpula directivaque reconoce como “sobredimensionada”. Mientras los sindicatos propusieron una rebaja salarial del 50% en los bonus que cobra el personal de mando –más de la mitad de esos 8,5 millones de euros de masa salarial–, la empresa sólo aceptó un recorte del 3%, asegura la demanda.
Sólo en las gerencias de Tragsatec hay 688 personas con puestos de responsabilidad, el 72,5% de los cuales cobran retribuciones variables (Dirección por Objetivos o DPO). Esos puestos, explican los sindicatos, han sufrido una reducción de sólo el 5,1% desde marzo de 2010. Además, esa rebaja se realizó este año en la sede central “desplazando hacia posiciones inferiores” a subdirectores y gerentes, por lo que no sufrieron despidos. Según la demanda, las gerencias cobran a las delegaciones autonómicas de la empresa en función del número de trabajadores que tienen en ellas. Es decir, “los trabajadores de las delegaciones autonómicas tienen que mantener con su producción tres estructuras diferenciadas: la propiedad unidad territorial y delegación, la gerencia a la que están adscritos y la estructura de los servicios horizontales proporcionados por la matriz, Tragsa”.
A pesar de todo ello, la primera propuesta de la empresa fue despedir a 114 directivos y 912 trabajadores. Aunque el porcentaje de despidos sobre cada uno de estos estratos es similar, matizan los sindicatos, los de la cúpula superior les parecen “insuficientes” puesto que en los dos últimos años fueron despedidos 3.500 personas del resto de la plantilla.
Pago de bonus con pérdidas y sin paga extra
CCOO, UGT y CGT también ponen en cuestión el pago de las retribuciones variables entre los puestos de mando, que consideran “injustificado” en una empresa pública como Tragsatec. En 2012, los directivos y mandos intermedios cobraron sus primas al tiempo que el resto de la plantilla se quedaba sin paga extra en diciembre, como el resto de los empleados públicos. Según revelan los sindicatos, “la supresión de la paga extra fue destinada a engordar los resultados de la empresa y, por tanto, a aumentar el importe de la DPO”. “La paga extra suprimida en 2012 fue destinada a mantener el nivel retributivo de los directivos”, denuncian. Y en junio de este año la empresa volvió a repartir primas entre sus mandos pese a tener “previsiones de pérdidas de varios millones de euros”.
No es la única incoherencia retributiva que advierten los sindicatos. Al mismo tiempo que la empresa reparte esos bonus, “no abona la subida del 0,8% que marca el convenio de ingenierías ni los atrasos, ni la reclasificaciones de personal productivo”. Pero sí promociona a puestos de mando, insisten.
Personal de baja ocupación
Por el contrario, la dirección de la empresa pública “se negó a facilitar el dato real de personal con baja ocupación”. Fue la existencia de este perfil de trabajadores una de las razones esgrimidas por el grupo público durante la negociación con los sindicatos para justificar los despidos. Para los sindicatos, esos empleados no son más de 30. A su juicio, además, no tiene sentido aducir que hay personal desocupado al tiempo que se rechaza su propuesta para reducir la jornada diaria una hora a toda la plantilla. La empresa alegó que, si se aplicaba a más de 528 trabajadores, no se podrían atender los encargos. Pero sí se podía despedir a 610 por improductivos, se quejan los demandantes.
CCOO, UGT y CGT piden la nulidad del ERE también porque la empresa se negó a proporcionarles durante la negociación toda la información pertinente. Y la que se les facilitó era “incompleta e incoherente”. La demanda destapa una discrepancia de más de 730.000 euros en las partidas de ingresos y de 18,6 millones en las de gastos entre las cuentas analíticas desglosadas por gerencias y unidades territoriales, a septiembre de 2013, y las cuentas de pérdidas y ganancias en esa misma fecha. Según las primeras, Tragsatec ganaba 10 millones de euros; según las segundas, perdía 8,3 millones. “La empresa no puede plantearse este procedimiento de despido colectivo ya que, en realidad, no sabe ni lo que ingresa ni lo que gasta”, resumen los sindicatos.
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Previsiones incompletas
Los demandantes también reprochan al grupo público que no haya tenido en cuenta, a la hora de calcular los excedentes de personal, más de una treintena de encomiendas –los encargos que le hacen las administraciones públicas– “sin trabajadores asignados” y otro centenar de actuaciones para 2014, así como 39 encomiendas más para ese mismo año, por valor de 3,38 millones de euros, que ya se han contabilizado este ejercicio. Otros 14,4 millones ingresará Tragsatec entre finales de 2013 y principios de 2014, en virtud del plan de pagos a proveedores. Las administraciones públicas adeudaban a la empresa un total de 98,3 millones de euros el pasado mes de agosto.
Hasta 2012 la filial de Tragsa ha tenido beneficios –3,5 millones ese ejercicio– y los 8,1 millones que prevé perder este año “no alcanzan ni el 5,5% de su patrimonio neto”. En suma, a los sindicatos les parece que la “visión catastrofista e irreal” que muestra la empresa en sus informes “desafía de plano las previsiones macroeconómicas del Gobierno” para el “año de la recuperación”.
CCOO, UGT y CGT han impugnado ante la Audiencia Nacional el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Tragsatec, la filial de la empresa pública Tragsa, apenas 48 horas después de que los dos primeros sindicatos lo hicieran con el presentado en la matriz. Los despidos planteados por la empresa, el mayor número en un grupo público hasta el momento, comenzarán a ejecutarse el día 10 de enero. Sin embargo, los sindicatos reclaman la nulidad de la medida en ambas sociedades; en el caso de Tragsatec, por fraude de ley y abuso de derecho: mientras pretende despedir a 610 personas, ha subcontratado a 133 trabajadores en lo que va de año y durante la negociación del ERE se negó a reducir la jornada y los sueldos de los directivossueldos de los directivos, cuya masa salarial suma 8,5 millones de euros. Ni siquiera aceptó quitar a los mandos el ticket restaurante.