Primer plante de Díaz en el Gobierno: dice no al recorte 'a lo Meloni' de los 480 euros del subsidio del paro

Que el Gobierno no es monolítico se ha evidenciado sólo ocho días después de que los ministros tomaran posesión de sus cargos. El detonante de la primera grieta considerable de la legislatura, entre carteras gestionadas por el PSOE y otra de Sumar, ha sido la reforma del subsidio por desempleo. Hace más de un año que equipos de cuatro ministerios, Trabajo, Economía, Hacienda e Inclusión, se intercambian documentación al respecto, al tratarse de un asunto “de calado” ligado al objetivo de alcanzar el pleno empleo marcado por el presidente, Pedro Sánchez, según aseguran fuentes del Ejecutivo. Y hay otra razón de peso: Bruselas mira y espera. El marco de trabajo es el Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que no llegó a materializarse por el adelanto electoral, y la modificación que atañe a esos equipos forma parte de las condiciones que debe cumplir España para acceder en concreto al cuarto pago de fondos europeos.

Pese a la cierta urgencia, los trabajos técnicos no han concluido, “se están puliendo cosas”, según aseveran desde varios de los ministerios mencionados, por lo que todavía no hay un documento que elevar primero al Consejo de Ministros y luego a Bruselas. Lo que sí se ha producido ya es un cruce de reproches, que bien pudiera relacionarse con trucos discursivos para marcar espacios.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha garantizado que desde su área no se va a “propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo” y ha querido dejar claro al Ministerio de Economía que lidera Nadia Calviño que los cambios del subsidio por desempleo son "una competencia” de su ministerio. Todo después de que, horas antes, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, en el contexto de una conferencia, sostuviera que el cambio normativo pretenderá, además de incentivar la reinserción laboral de quienes perciben esa ayuda, "potenciar" el compromiso de actividad para la búsqueda y aceptación de un empleo.

Detrás de ese aparente desencuentro hay, sin embargo, bastantes coincidencias. Desde Trabajo detallan que la intención es “simplificar el acceso a los subsidios, eliminando, por ejemplo, el mes de espera y compatibilizando la ayuda con la incorporación al trabajo durante el primer mes”. Se ampliará también la cobertura a “colectivos como el de 45 años sin cargas familiares que hasta ahora carecían de protección”, lo que alcanzaría a unas 152.000 personas -en la actualidad se benefician unos 800.000, con lo que sería elevarlos hasta los 952.000-; y las revisiones “pasarán a ser trimestrales”. Se trata de las ayudas que reciben quienes no tienen acceso a las prestaciones contributivas generadas por haber cotizado y se sitúan en unos 480 euros mensuales. El 80% de los perceptores no llegan a agotar el subsidio.

Desde el Ministerio de Trabajo han defendido que la apuesta sigue siendo “ampliar derechos dejando atrás los recortes, como ha ocurrido, desde el principio de este año, al aumentar al 60% de la base reguladora de las prestaciones por desempleo a partir de los primeros 180 días” y continuar con la renovación de las políticas que nutren la Ley de Empleo. Ambicionan, asimismo, que las personas perceptoras de las prestaciones tengan derecho a “una cartera de servicios” y a acordar con sus orientadores “itinerarios formativos y laborales adecuados a su perfil y situación personal”.

¿Qué defiende el ministerio de Calviño? Pues fuentes de éste afirman que están en línea con Trabajo en que la prestación sea compatible con la aceptación de un empleo, en que se incluya a colectivos como el de 45 años sin cargas familiares, “que hasta ahora no tenían protección”, o en que “haya una cartera de servicios e itinerarios formativos y laborales adecuados al perfil y situación personal del desempleado”. En resumen, dicen compartir el que “todo el sistema se oriente a apoyar el empleo” e indican que el fin último pasa por lograr “la mejor reforma posible”, en sintonía con la laboral, y con la vista puesta en “el pleno empleo en esta legislatura”.

Tras lo expuesto, la discrepancia de fondo parece radicar en la alusión de García Andrés de “potenciar" el que los desempleados se activen en la búsqueda de empleo y desde Economía se preguntan si “de verdad Díaz se va a oponer a eso”. Entienden que es compatible “ampliar coberturas y ganar en eficiencia” y las ayudas con “encontrar un trabajo”. Si bien, fuentes del entorno de Díaz vinculan ese “incentivar” la búsqueda de trabajo con otra cuestión que sería la clave: una poda progresiva de la prestación que implique cobrar completos los 480 euros al principio, para ir menguando luego esa cuantía. Es una de las recomendaciones que se incluyen en el informe Panorama económico de España de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), junto a otras como que se pueda conjugar con un empleo, pero los de Díaz se oponen con rotundidad.

“No puede haber una rebaja en la prestación por desempleo, como parece haber propuesto Economía por las informaciones periodísticas, porque es lo que hizo Meloni -Giorgia, la primera ministra italiana- al llegar al Gobierno”, lanza tajante el economista y diputado de Sumar, Carlos Martín Urriza. La política italiana ha incluido en la Ley de Presupuestos suprimir el subsidio de paro a quienes rechacen una sola oferta de trabajo. A juicio de Martín Urriza, “Economía tiene que reflexionar más al respecto y dejar al Ministerio de Trabajo, que es el que sabe del ramo”. Se muestra convencido de que “una regulación laboral o una protección por desempleos precarios genera malas empresas y peores trabajos. El eslogan del PP de que ‘cualquier empleo es mejor que ninguno’ es falso. Ha sido elevar los estándares laborales, homologarlos más con Europa, normalizando el salario mínimo y evitando el abuso de la contratación laboral; lo que está mejorando nuestro tejido productivo”, argumenta. Cree que gracias a esa senda recorrida en los últimos años “están desapareciendo malos negocios y esos recursos, tanto de capital como de empleo, se están recolocando en actividades más productivas. El empleo que se ha generado desde 2019 se está ubicando en ocupaciones de cualificación alta o media alta y el tamaño de las empresas está aumentando”, cierra.

De momento, fuentes de los ministerios del ala socialista del Ejecutivo niegan que vaya a haber recortes y enfatizan que la propuesta final está por abotonarse, por lo que les ha “sorprendido” las “airadas” palabras de Díaz, que ligan a la idea de “marcar territorio”.

Ya te pueden quitar la ayuda, si no aceptas ofertas

En paralelo a lo narrado, hay quienes han interpretado que el Gobierno baraja retirar la prestación del paro a quienes rechacen ofertas laborales, aunque no se llegue al extremo de Italia. Esa opción ya existe en la actualidad, aunque desde los sindicatos aseguran que “es minoritaria”. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no publica estadísticas específicas sobre las personas que pierden las ayudas por este motivo. Una falta de información que fuentes sindicales asocian a que “a principios de año no llegaba al 2% las colocaciones que surgieron de una oferta gestionada por las oficinas de empleo del país”.

En cualquier caso, en la página web del SEPE se puede comprobar que una de las obligaciones del perceptor es “participar en los programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales”, que establezcan los servicios públicos del ramo o “las agencias de colocación (cuando estas desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquellos). Así como aceptar la colocación adecuada” que éstos “le hayan ofrecido”. Decir “no” a “una oferta de empleo adecuada”, ofrecida por los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación, es considerada una “infracción grave”, salvo causa justificada. La primera vez que una persona se niegue a aceptar un empleo, perderá tres meses de prestación. La segunda vez, conllevará seis y, si hay una tercera, se extinguirá el subsidio. Aunque las ofertas del Servicio Público de Empleo Estatal, de su lado, deberán cumplir unos criterios como que el puesto ofertado sea acorde con el solicitado por la persona desempleada, que el sueldo sea igual o superior al salario mínimo o que el puesto de trabajo esté a una distancia máxima de la localidad de residencia habitual de quien aspira a ocuparlo. Esto ya es una realidad, sin alteración alguno.

Que el Gobierno no es monolítico se ha evidenciado sólo ocho días después de que los ministros tomaran posesión de sus cargos. El detonante de la primera grieta considerable de la legislatura, entre carteras gestionadas por el PSOE y otra de Sumar, ha sido la reforma del subsidio por desempleo. Hace más de un año que equipos de cuatro ministerios, Trabajo, Economía, Hacienda e Inclusión, se intercambian documentación al respecto, al tratarse de un asunto “de calado” ligado al objetivo de alcanzar el pleno empleo marcado por el presidente, Pedro Sánchez, según aseguran fuentes del Ejecutivo. Y hay otra razón de peso: Bruselas mira y espera. El marco de trabajo es el Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que no llegó a materializarse por el adelanto electoral, y la modificación que atañe a esos equipos forma parte de las condiciones que debe cumplir España para acceder en concreto al cuarto pago de fondos europeos.