El Supremo da la razón a Tragsa y considera “ajustado a derecho” el mayor ERE presentado en una empresa pública

El Tribunal Supremo (TS) ha enmedado la plana a la Audiencia Nacional y declarado ajustado a derecho el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Tragsa, el mayor presentado en una empresa pública, que implica el despido de 1.336 trabajadores.

La Audiencia Nacional lo anuló en abril de 2014 porque consideró que el grupo no había respetado los criterios de mérito y capacidad para seleccionar a los empleados que fueron despedidos. Por el contrario, el Supremo, por unanimidad aunque con votos particulares, desecha todos los argumentos de la Audiencia Nacional y hace suyos tanto los de la Fiscalía como los alegados por la dirección Tragsa para justificar la medida.

Así, el TS considera que la documentación aportada por la empresa durante el periodo de consultas del ERE fue suficiente y, aunque hubo datos contables que no fueron facilitados a los representantes de los trabajadores, éstos podían “deducirse de las cuentas” y otros papeles sí proporcionados. Sólo la falta de la documentación necesaria es motivo para declarar nulo un ERE, de acuerdo con la reforma laboral.

Además, el Supremo cree “suficientes” los criterios de selección de los despedidos que utilizó Tragsa, porque “no fueron cuestionados durante la negociación” y porque “estaban referidos a un cuadro geográfico y funcional de amortización de puestos de trabajo”.

En octubre de 2013 Tragsa presentó un ERE para despedir a 1.639 trabajadores –836 en Tragsa y 803 en la filial, Tragsatec–, hasta el momento el mayor despido colectivo en una empresa pública. Los sindicatos –CCOO, UGT, CSI-F y CGT– lo recurrieron ante la Audiencia Nacional, que lo declaró nulo porque el grupo seleccionó a los despedidos según criterios “imprecisos” y “no transparentes”. Para el tribunal, las administraciones y empresas públicas deben respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad para elegir a quién despiden, lo mismo que están obligadas a hacer cuando contratan. Además, la sentencia anuló el ERE porque la empresa no entregó a los representantes sindicales los documentos contables exigidos por la ley.

¿Negociación?

Tragsa recurrió al Tribunal Supremo, para después presentar a sus comités de empresa un plan de viabilidad que incluye recortes salariales de 80,3 millones de euros y una reducción de plantilla de 358 trabajadores para los próximos cinco años. Su intención era alcanzar un acuerdo con los sindicatos antes de que el TS dictara sentencia. No lo consiguió.

Ahora los representantes de los trabajadores aseguran que la sentencia “no soluciona los problemas de Tragsa”. “Tendrán que negociar”, resume Claudio Landeira, portavoz de CCOO en la filial, Tragsatec. Para el sindicato, la sentencia del Supremo es “lesiva” para los trabajadores de la empresa pública, por lo que se reserva el derecho a tomar las acciones legales que crea oportunas. 

Ahora, dos años después de presentar el ERE, “la realidad de la empresa es distinta”, explica Rafael Fernández, representante de CSI-F, “la producción ha aumentado un 60% respecto al año pasado y en este tiempo han contratado 1.000 eventuales; es decir, la empresa no necesita que la gente se vaya, sino gente para trabajar”.  Jesús Colino, de CGT, también cree que la empresa negociará pero “con la presión de 1.336 balas”, los despidos del ERE.

Para UGT, el problema estriba en que la empresa no ha ofrecido “soluciones de consenso” desde el comienzo del despido colectivo por “la política de ajustes y de reducción drástica del empleo público que está llevando a cabo el Gobierno”. A su juicio, es el Ejecutivo “el auténtico responsable de la nula capacidad de solución” que han exhibido los gestores la empresa. Su representante en Tragsa, José María Piñero, protesta por “la lentitud de la justicia”, que ha demorado la sentencia definitiva dos años. Y manifiesta su extrañeza por que el Supremo haya “entrado a juzgar las causas económicas del ERE, unas causas que ya no existen”. “Los fundamentos del despido colectivo no se ajustan a la realidad de la empresa, y ella misma lo ha reconocido”, subraya. 

Rafael Fernández confía en que “el sentido común se imponga” y la empresa negocie con medidas voluntarias los excedentes laborales. En la última reunión con los sindicatos, sin embargo, Tragsa advirtió de que no negociaría ni aplicaría el plan de viabilidad si ganaba el recurso de casación. No obstante, en un comunicado hecho público nada más conocerse el fallo del TS, el grupo asegura que “siempre ha estado abierta a la negociación, con la firme voluntad de alcanzar acuerdos beneficiosos que reviertan la situación negativa [de Tragsa], permitiendo la sostenibilidad de la empresa y de sus puestos de trabajo, como ya demostró en el periodo de consultas, y con la presentación de un nuevo plan de viabilidad que no contemplaba ningún despido forzoso”.

Tanto CCOO como CSI-F manifiestan su sorpresa y decepción por el fallo del Supremo. “Hemos perdido el partido en el último minuto y de penalti”, describe gráficamente Rafael Fernández. “No es lo habitual que el TS contradiga en todo a la Audiencia Nacional”, lamenta.

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 72 millones de pérdidas en dos años

Creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), Tragsa tiene como principal accionista a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 51% del capital, seguida del Fondo Especial de Garantía Agraria (FEGA), con un 38,9%; la Dirección General de Patrimonio (del Ministerio de Hacienda), con un 9,9%, y el resto repartido entre las comunidades autónomas, que poseen una participación simbólica de un euro.

Según las cifras que ha comunicado a los sindicatos, Tragsa perdió 45 millones de euros en 2013 y 2014 y Tragsatec otros 27 millones. La facturación de la filial ha caído un 48% desde 2010, y la de la matriz, un 64,5% desde 2009. Desde 2009, Tragsa ha reducido sus gastos de personal en casi un 50%, hasta 224 millones de euros, mientras que Tragsatec lo ha hecho en un 33%. Pero la dirección del grupo mantiene que estos recortes no son suficientes: “Los gastos de personal no se han adaptado a la situación económica y productiva de la empresa”, que sufre un “deterioro progresivo de la productividad”. De ahí el ERE y el plan de viabilidad aún en discusión.