Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han pedido a la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo que inicien "inmediatamente" una investigación en las empresas del presidente de Grupo Arturo Cantoblanco y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, por presunto delito fiscal.
Gestha considera "posible" que Arturo Fernández haya cometido un presunto delito contra la Seguridad Social por el impago de cuotas con un importe superior de 50.000 euros defraudado desde enero de 2013 o más de 120.000 euros anuales hasta esa fecha.
Además, también cree que puede haber defraudado a la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades e IVA, relacionados con el fraude en ventas en negro para pagar esos sueldos en negro por una cuantía defraudada superior a 120.000 euros. Gestha explica que, para que exista empleo sumergido, una empresa tiene que vender en negro para pagar a sus trabajadores, sin pagar impuestos ni cuotas a la Seguridad Social.
Economía sumergida
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Según estudios que manejan los técnicos, la economía sumergida en España supone entre el 20% y 25% del PIB, 10 puntos por encima de la media de otros países del entorno como Alemania o Francia, lo que supone una evasión total de unos 38.500 millones al año por encima de la media sumergida europea.
Además, de cada 100 euros pagados en negro, 66 euros proceden de la evasión fiscal y 34 euros son causados por el fraude a la Seguridad Social. De hecho, según los cálculos de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), el número trabajadores en la economía sumergida en España se sitúa en torno a los 2,5 millones de personas, cerca del 15% de la fuerza laboral registrada oficialmente.
Este lunes, la cadena SER ha denunciado, a partir de testimonios de empleados, que el propietario del grupo hostelero ha pagado a sus trabajadores en dinero negro, informaciones que el propio Arturo Fernández ha negado posteriormente.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han pedido a la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo que inicien "inmediatamente" una investigación en las empresas del presidente de Grupo Arturo Cantoblanco y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, por presunto delito fiscal.