El nuevo año comenzó con la firma del macroERE de Telefónica, que afectará a 3.421 trabajadores, el 21% de la plantilla en las tres empresas del grupo implicadas –Telefónica de España, Móviles y Soluciones–. Pero no ha sido suficiente. Cuando ya se ha abierto el plazo para que los empleados se adhieran al ERE, el gigante tecnológico ha presentado un plan de bajas voluntarias que “completa” el recorte de personal pactado con CCOO, UGT y Sumados-Fetico, y que muestra la puerta de salida a otros 100 trabajadores. En este último plan está incluido el personal de 11 filiales del grupo, además de la Fundación Telefónica y la Fundación Profuturo, ambas presididas por César Alierta, fallecido el pasado día 10.
Semejante recorte laboral, sin embargo, no es más que el primero de 2024: la semana pasada dos históricas marcas de gran consumo, Bimbo y Danone, anunciaban el cierre de dos de sus plantas de producción, mientras que la empresa de reparto Glovo avanzó este jueves que despedirá a un centenar de sus empleados tras liquidar sus supermercados fantasma en seis ciudades. La sombra de los ERE se extiende además a otras grandes empresas y a la industria. ArcelorMittal prorrogó el pasado 28 de diciembre a todo 2024 el ERTE que debía terminar el día 31, al tiempo que negocia con los sindicatos el despido de 440 trabajadores. E Iberia planteó el lunes a su filial de handling, en huelga durante las pasadas fiestas de Reyes, un plan de prejubilaciones y bajas incentivadas para 1.727 personas que los sindicatos han rechazado.
Hasta el pasado octubre, último mes del que ofrece datos el Ministerio de Trabajo, 809 empresas ejecutaron despidos colectivos, que hicieron perder su trabajo a 27.730 personas. Es decir, en esos 10 meses de 2023 ya se han superado las cifras de empresas y trabajadores despedidos en ERE de todo 2022, 779 y 24.215, respectivamente. Aun así, quedan por debajo de los números de 2021, el primer año pospandemia, cuando 1.060 empresas despidieron a 43.662 trabajadores haciendo uso de planes colectivos.
En esas cifras de 2023 no se incluyen los ERE presentados al concluir el año, algunos de los cuales terminarán de negociarse o ejecutarse este año. Es el caso de Atunlo, la mayor comercializadora española de atún, cuya plantilla acaba de aprobar esta misma semana el despido del 90% de los trabajadores de la factoría de O Grove (Pontevedra) y de los 84 de la de Santoña (Cantabria), un ERE que la empresa anunció en diciembre. La medida supone el cierre de ambas plantas.
Atunlo, que facturó 221,56 millones de euros en 2022 y obtuvo ese año un beneficio de 1,13 millones, se declaró en preconcurso de acreedores el pasado noviembre. Según CCOO, la empresa prefiere comprar productos ya manipulados en otros países y venderlos luego en España, en lugar de mantener aquí la industria conservera. La empresa gallega alega causas económicas y productivas y culpa de sus dificultades a la importación sin aranceles de lomos de atún desde Asia.
Otra firma gallega y del sector pesquero, Nueva Pescanova, también cerró 2023 con un ERE. Tras semanas de paros y protestas, la empresa ha despedido a 76 trabajadores de la factoría de Chapela (Pontevedra). En 2022 perdió 53,4 millones de euros y su principal accionista, Abanca, se encuentra en plena negociación con Cooke, una compañía canadiense, para su venta.
Del gran consumo a las plataformas de repartidores
El acuerdo con los sindicatos lo firmó Heineken el 13 de diciembre. El ERE ha dejado sin trabajo a 127 trabajadores, de los 1.400 que la cervecera tiene repartidos en cuatro fábricas –Sevilla, Madrid, Valencia y Jaén–. La mayoría de ellos han salido de la empresa mediante prejubilaciones. La empresa, que también fabrica Cruzcampo y El Águila, aduce causas organizativas para recortar plantilla: mejorar su competitividad en un entorno económico “volátil e incierto”.
Tanto Danone como Bimbo han dejado claro a sus respectivos comités que el cierre de sus plantas en Parets del Vallés (Barcelona) y El Verger (Alicante) son “irreversibles”. En el caso de la láctea, se irán a la calle 157 trabajadores, aunque la empresa no descarta vender la factoría a un tercero. En 2022 Danone también vendió su fábrica de Salas (Asturias) a un grupo holandés, Royal A-ware, lo que supuso el despido de 70 personas. Y un año antes ejecutó un ERE en sus oficinas que afectó a 153 empleados. Mientras Danone señala a la caída en el consumo de lácteos como causa del cierre, así como a la necesidad de “fortalecer la competitividad de las marcas y ganar eficiencia industrial”, los sindicatos apuntan a la “mala gestión de la empresa”, que invirtió 22,7 millones de euros en renovar la planta.
En Bimbo los puestos de trabajo en peligro son 96. La empresa ha ofrecido el traslado de algunos de ellos a Guadalajara y Cataluña, e indemnizaciones en el mínimo legal de 20 días por año trabajado. La intención de Bimbo es trasladar también la producción de El Verger a la factoría de Santa Perpètua (Barcelona). El comité asegura que la planta no tiene pérdidas.
Las razones de Glovo para deshacerse de 104 de sus trabajadores es “el difícil acceso a capital e inversión” y “la evolución insuficiente del volumen de negocio” en los supermercados fantasma de Bilbao, Pamplona, Las Palmas, Tenerife, Granada y Alicante. Se trata de locales donde la empresa almacena los productos que luego reparten sus ciclistas.
Glovo se encuentra inmersa en un agrio y costoso conflicto con la Inspección de Trabajo a cuenta de la conocida como ley rider. Según las cuentas de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), Glovo ha cometido 45.791 infracciones, 14.363 de ellas en 2023, que suman 323,93 millones de euros en multas por emplear como falsos autónomos a repartidores que la ley le exige contratar como asalariados. Este mismo viernes, la Inspección de Trabajo ha sancionado a Glovo por emplear de forma fraudulenta a 49 repartidores en Asturias. Es sólo la primera del año, a la espera de que la Inspección concluya este año sus actuaciones en Madrid y Barcelona, según informa El Periódico de Catalunya. Glovo cuenta con unos 19.000 repartidores en toda España.
Esta misma semana ha firmado un ERE Clínicas Vivanta, que se deshará así de 249 trabajadores, con indemnizaciones de 27 días por año trabajado y con un tope de 14 mensualidades. El grupo, que se compone de 143 clínicas, fue rescatado tras la pandemia del covid con un total de 40 millones de euros por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Siderurgia, una farmacéutica, Roca
En la industria tampoco ha empezado el año con los mejores augurios. ArcelorMittal, que ha mantenido en ERTE a 7.000 trabajadores por causas productivas desde el pasado octubre, quiere continuar con la medida de regulación laboral durante todo 2024. La baja demanda y el aumento de las importaciones desde fuera de la UE son los motores de la decisión, según la multinacional con sede en Luxemburgo. Considerada la mayor siderúrgica del mundo, también quiere despedir a 440 trabajadores mayores de 62 años para cumplir con el plan de descarbonización de su factoría de Veriña (Asturias).
Bayer cerró su ERE antes de acabar 2023. Fue el cuarto despido colectivo de la multinacional alemana en España y afectó a 113 trabajadores, el 4,7% de los 2.400 que emplea en el país. La culpa, las “dificultades de acceso a nuevos fármacos” en España y la “madurez de algunas marcas clave de la compañía”, aduce la farmacéutica.
Roca también terminó 2023 con despidos, 168, por los que pagará indemnizaciones de 42 días por año trabajado hasta un máximo de 32 mensualidades en caso de que no haya suficientes prejubilaciones voluntarias entre los mayores de 53 años. El recorte supone un 24% de los 700 empleados del fabricante de sanitarios y ha afectado a las plantas de Gavà y Viladecans (Barcelona). Roca no tenía problemas económicos: ha alegado causas productivas. Pero ya cerró en mayo su planta de Alcalá de Henares (Madrid) y aplicó un ERTE en Burgos y Navarra.
Las renovables pinchan también en empleo
Un sector que encara el año con dificultades es el de las renovables. Holaluz, una empresa que cotiza en el en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y que el pasado abril celebraba un aumento de sus ingresos del 61% debido a los elevados precios de la electricidad y al aumento del negocio solar, presentó un ERE el pasado noviembre para 200 de sus 700 empleados. En los primeros seis meses de 2023 había acumulado unas pérdidas de 20,9 millones, informa Europa Press. Los trabajadores, a los que representa el despacho Col·lectiu Ronda, aseguran que no existe una “causa objetiva que justifique el elevado volumen de despidos”.
Los sindicatos condicionan las 5.124 bajas del ERE a que Telefónica mantenga el actual convenio sin recortes
En GE Wind Energy, que se dedica a la generación de energía eólica, los despidos anunciados también en noviembre ascendían a 139 y las indemnizaciones acordadas con los sindicatos son elevadas: 45 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. CCOO y UGT denunciaron que la intención de la empresa era sustituir a los empleados de plantilla por una subcontrata, “con peores condiciones laborales”. Una práctica que ya han llevado a cabo otros grandes del sector como Vestas, Siemens Gamesa y Acciona, destacan.
Siemens Gamesa ejecutó su propio ERE en agosto. Les costó el empleo a 352 trabajadores, que abandonaron la empresa mediante prejubilaciones, bajas voluntarias, recolocaciones y excedencias. El fabricante de aerogeneradores sufre una grave crisis tras disparar las pérdidas su matriz hasta los 4.588 millones de euros el año pasado, seis veces las del ejercicio precedente. El causante fue precisamente la filial española, por los fallos en el diseño de sus turbinas y la lentitud de desarrollo de la eólica marina. El Gobierno alemán acudió al rescate de la compañía, con una inyección de 7.500 millones de euros. Por su parte, el Ejecutivo español ha ofrecido una línea de avales bancarios. Al mismo tiempo, Siemens Gamesa ya ha anunciado un “ajuste de costes” de 400 millones hasta 2026, aunque niega que tenga planes concretos de cierre de sus nueve plantas o de despidos en España, donde cuenta con 5.000 trabajadores.
SolarProfit se dedica a las placas solares en empresas y hogares. En octubre presentó un ERE para 919 trabajadores, el 28% de su plantilla. En 2022 había ganado 3,2 millones de euros, un 23% más que el año anterior, tras multiplicar por 2,5 su facturación. Fue el año en el que explotó la demanda para instalar paneles solares en las viviendas, un negocio que creció un 130% para SolarProfit. Sus previsiones en mayo eran elevar los ingresos hasta 110 millones de euros en 2023. Pero la empresa erró. Y culpa a la caída de los precios de la electricidad, la inflación y los tipos de interés del descenso de la demanda de placas solares. El pinchazo de la burbuja hundirá en 2023 la facturación de SolarProfit hasta los 78 millones euros, si se cumplen esta vez las previsiones de la empresa.
El nuevo año comenzó con la firma del macroERE de Telefónica, que afectará a 3.421 trabajadores, el 21% de la plantilla en las tres empresas del grupo implicadas –Telefónica de España, Móviles y Soluciones–. Pero no ha sido suficiente. Cuando ya se ha abierto el plazo para que los empleados se adhieran al ERE, el gigante tecnológico ha presentado un plan de bajas voluntarias que “completa” el recorte de personal pactado con CCOO, UGT y Sumados-Fetico, y que muestra la puerta de salida a otros 100 trabajadores. En este último plan está incluido el personal de 11 filiales del grupo, además de la Fundación Telefónica y la Fundación Profuturo, ambas presididas por César Alierta, fallecido el pasado día 10.