Los rebrotes del coronavirus están saboteando un verano que se esperaba de recuperación económica y auguran un otoño de segundo ola de la pandemia y más parálisis productiva y de consumo. Un panorama que amenaza con ser letal para el empleo. El Banco de España prevé que la tasa de paro este año alcance el 18,1% en el mejor de los casos y hasta el 23,6% en el peor. Mientras casi un millón de trabajadores siguen aún sometidos a un ERTE. De ahí que sindicatos, patronal y Gobierno se enfrenten en septiembre a un reinicio del curso dramático tanto por la gravedad de la crisis como por las prisas que se les van a exigir en la firma de los acuerdos.
La prórroga de las beneficios para empresas y trabajadores acogidos a ERTE, que ya fue adoptada el pasado junio en el último minuto, acaba el 30 de septiembre. El Ministerio de Trabajo quiere reunir de nuevo la comisión de seguimiento de los ERTE antes de que termine agosto. Para el martes 25 está previsto el primer consejo de ministros del nuevo curso. Y para esa misma semana los sindicatos confían en que Trabajo les proporcioneel texto final de la norma que regulará el teletrabajo. La medida está muy próxima al acuerdo, aseguran tanto sindicatos como patronal. La CEOE pone pegas a que baste con realizar un 20% de la jornada en remoto –un día a la semana– para que se considere teletrabajo y pone mucho énfasis en la ciberseguridad, mientras que UGT y CCOO consideran imprescindible el registro de jornada. “Pero estamos más cerca de conseguir un acuerdo de lo que puede parecer”, resume la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas.
Si la nueva regulación se pacta enseguida sería un buen impulso para otra negociación fundamental pero más complicada, la prórroga de los ERTE. Tanto patronal como sindicatos quieren que se amplíen hasta diciembre las medidas protectoras que han amparado a empresas y trabajadores durante los últimos meses. También la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado su disposición a prolongar los beneficios de los ERTE “allí donde se necesite”. En el mismo sentido se han pronunciado también los titulares de Industria, Reyes Maroto, y de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Pero falta por detallar cómo va a ser esa extensión, una vez que se haya evaluado el desempeño de los ERTE este verano tan dañado por los rebrotes y las consiguientes restricciones a la actividad y a la llegada de turistas extranjeros. Antoñanzas dice que su sindicato no es partidario de discriminar por sectores o por territorios porque se corre el riesgo de hacer agravios comparativos dejando fuera a actividades que también están resultando afectadas más allá del turismo. “El turismo de temporada en el Mediterráneo lo está pasando fatal, pero en otras zonas está yendo bien”, describe por su parte Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO. En todo caso, Trabajo prevé reanudar las negociaciones sobre este asunto en Baleares, en un gesto significativo.
“Los beneficios tienen que llegar a todo el mundo, pero con mucho control, para que no haya fraude, al mismo tiempo que habrá que afinar mucho para asegurar que los ERTE ayuden sólo a las empresas que se pueden recuperar”, abunda Antoñanzas, en un intento por descartar el temor de que los ERTE terminen por apuntalar negocios no rentables, lo que se ha dado en llamar empresas zombies.
La cuestión fundamental es ahora, no obstante, el dinero. España acaba de pedir a la Comisión Europea 20.000 millones de euros, de los 100.000 millones de que se compone el programa SURE, para sufragar las prestaciones de los trabajadores en ERTE y las cotizaciones sociales que dejan de pagar sus empresas, el cese de actividad de los autónomos, las bajas de los infectados por el covid-19 y las ayudas a los fijos discontinuos del turismo. Una vez aprobadas las cantidades definitivas que recibirá cada Estado, el primer tramo de estos fondos se podrá ingresar ya este mismo otoño.
“La capacidad económica del Estado es el problema”, apunta la vicesecretaria general de UGT, “pero el Gobierno no nos ha dicho nunca cuánto dinero tiene encima de la mesa”. La prórroga hasta septiembre ya supuso una rebaja de las exoneraciones de las cuotas que pagan las empresas por sus trabajadores. La CEOE también quiere que las medidas protectoras de los ERTE sigan vigentes. La organización de autónomos ATA ha pedido incluso que se prolonguen hasta abril de 2021, en previsión de “un otoño y un invierno muy duros”.
Seis meses de subsidio, no tres
Un tercer acuerdo debería hacer posible la creación de una ayuda para los desempleados que agoten su prestación o subsidio entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre. Serían460 euros al mes durante tres meses, que pueden beneficiar a unas 550.000 personas. Para UGT, no obstante, esos tres meses se quedan cortos y pide que se extiendan a seis. Además, está previsto compensar las prestaciones de los trabajadores a tiempo parcial incluidos en los ERTE, que ahora resultan penalizados en el cálculo. Fuentes de la CEOE indican a infoLibre que los empresarios no tienen “objeciones al planteamiento inicial”, siempre que no haya problemas presupuestarios.
Trabajo tendrá igualmente que poner sobre la mesa del Diálogo Social su borrador de regulación de las plataformas digitales. Un documento que UGT y CCOO dicen desconocer por el momento, pero del que objetan que se centre exclusivamente en los repartidores de empresas como Glovo o Deliveroo. “Tiene que incluir a todo tipo de plataformas, que las hay, en dependencia, asistencia domiciliaria o limpieza”, subraya Cristina Antoñanzas. Mari Cruz Vicente exige que se regule para impedir la existencia de los falsos autónomos.
Derogación de la reforma laboral, “a medio plazo”“a medio plazo”
Mucho más laboriosa se presenta la mesa donde el Ministerio de Trabajo quiere abordar la derogación de la reforma laboral. Fuentes del departamento aseguran que se reactivará “en cuanto sea posible”, sin más precisión. UGT y CCOO también insisten en que debe afrontarse esa negociación. Antoñanzas advierte de que debe reanudarse “a medio plazo”: “Hay que abrir un Diálogo Social fluido en todas las mesas, unas mesas irán más rápidas y otras más lentas”. Para Mari Cruz Vicente, la derogación de la reforma laboral es un tema prioritario porque, además, “no tiene connotación económica alguna”. Los sindicatos buscan reforzar la negociación colectiva y para ello quieren recuperar un equilibrio de fuerzas frente a los empresarios que, denuncian, eliminó la reforma laboral de 2012.
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La ultraactividad –la prórroga automática de los convenios colectivos una vez caducados y mientras se negocia su renovación–, la prevalencia del convenio sectorial sobre el convenio de empresa, las inaplicaciones de los convenios y la subcontratación ya fueron debatidos por patronal, sindicatos y Gobierno antes de que la pandemia y el confinamiento interrumpieran el Diálogo Social. El acuerdo fue imposible entonces y se enfrenta a numerosos obstáculos. Además de las reticencias de parte del Ejecutivo –la vicepresidenta Nadia Calviño tachó de “absurdo y contraproducente” el debate sobre la derogación–, han llegado después desde Bruselas distintas voces que reclaman reformas en el mercado de trabajo. La CEOE, que no quiere ni oír hablar de suprimir la reforma laboral, calificó de “irresponsabilidad mayúscula” el acuerdo que firmaron PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu en mayo para impulsar esa medida. “Tendrá unas consecuencias negativas incalculables en la economía española y en la confianza empresarial tanto nacional como internacional, que impactarán de forma profundamente negativa en el empleo”, alertó.
En la agenda del próximo otoño se incluye la renovación de otro acuerdo fundamental del Diálogo Social, el de negociación colectiva (ANC), que sirve para fijar el marco de subidas salariales para los próximos tres años. El cuarto firmado hasta ahora concluye este mes de diciembre. Mari Cruz Vicente reconoce que va a ser complicado sentarse a hablar de alzas de salarios en medio de la crisis actual, pero considera que hay otras cuestiones al margen que deben abordarse en la negociación colectiva, desde la igualdad y el teletrabajo hasta la flexibilidad que sustituirá a los ERTE una vez superada la pandemia.
CCOO, además, quiere discutir una reforma “a fondo” de las prestaciones de desempleo, mientras que UGT habla de la necesidad de cambiar la Formación Profesional y la Ley de Dependencia, así como de reordenar los recursos del Plan de Choque por el Empleo Joven y de reactivar la Mesa de Industria para impulsar la digitalización y la transición energética.