La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de abrir expediente sancionador a siete de las mayores constructoras del país por montar un cártel para repartirse contratos de obra pública. Según los “indicios racionales” con que dice contar el órgano regulador, Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, Isolux Corsán, OHL y Sacyr constituyeron un grupo “estable y formal” que intercambiaba información y preparaba las ofertas técnicas para presentarse a concursos de obras licitados por las administraciones.
En enero de 2017 Competencia decidió intensificar su campaña contra el fraude en los concursos públicos. Según sus cifras, el volumen de dinero que suponen los contratos públicos supera el 15% del PIB, unos 175.000 millones de euros. Y la falta de competencia en esas licitaciones ocasiona sobrecostes de 40.000 millones de eurossobrecostes de 40.000 millones de euros anuales. Los acuerdos secretos e ilegales entre las empresas que pujan por los contratos terminan elevando artificialmente el precio por el que se adjudican. También se impide que gane el concurso y preste el servicio el mejor postor.
Desde 2015 la CNMC ha impuesto multas por valor de 293,44 millones de euros a empresas que amañaron concursos públicos. Es el 31,2% de los 940,45 millones de euros con que el órgano regulador ha sancionado a cárteles por todo tipo de comportamientos contra la competencia.
No importa el sector. Las empresas intentan repartirse el mercado y los concursos públicos más dispares. El pasado mes de mayo Competencia multó con 7,12 millones de euros a cinco empresas, y a tres de sus directivos, por intercambiar información sensible para hacerse con contratos de publicidad institucional basados en el Acuerdo Marco que habían firmado con la Administración General del Estado. Un acuerdo marco es una forma de contratación centralizada: las administraciones establecen unas condiciones previas comunes a todos los contratos y preseleccionan una lista de candidatos que las cumplen. Después, esos candidatos pujan por los contratos basados en ese acuerdo. Pues bien, pese a haber sido preseleccionados, las empresas quisieron asegurarse el reparto entre ellas de los contratos colaborando en lugar de compitiendo.
Otro tanto ocurrió con las 34 empresas de transporte escolar de Baleares que fueron sancionadas por la CNMC en marzo de 2017 con 3,16 millones de euros. Fijaban precios mínimos y se repartían las rutas de transporte escolar, encareciendo los concursos convocados por la Consejería de Educación de las islas. Así, sólo se presentaba una empresa por cada ruta, que además ofertaba el precio máximo de licitación.
Igualmente se concertaron ilegalmente para acordar precios 13 empresas hormigoneras asturianas que se presentaban a contratos de obras públicas. Entre ellas, la construcción del Hospital Universitario Central de Asturias, para la que crearon una Unión Temporal de Empresas (UTE) que la CNMC tachó de “innecesaria” en el expediente que multó a estas compañías con 6,12 millones de euros. El acuerdo secreto para repartirse el mercado público del hormigón asturiano duró nada menos que 15 años.
Copando el mercado y fijando márgenes por contrato
Pero la mayor multa por manipular concursos públicos la impuso Competencia a ocho fabricantes de pañales para la incontinencia en adultos, 130 millones de euros, en mayo de 2016. El cártel había durado 18 años. Durante ese tiempo las empresas consiguieron fijar el precio de venta a los distribuidores mayoristas de los pañales, que son financiados por el Sistema Nacional de Salud y adquiridos en las farmacias a precio reducido por los usuarios. La cuota de mercado de estos ocho fabricantes llegó a ser del 95%, según destacó la CNMC en su expediente sancionador.
Considerable fue también la sanción impuesta a 39 empresas dedicadas a la gestión de residuos urbanos, entre las que se encuentran las filiales de algunas de las principales constructoras españolas, desde FCC hasta ACS pasando por Ferrovial y Sacyr. Todas ellas se repartían licitaciones en los ayuntamientos de Madrid y Sevilla, así como otras convocadas por distintas administraciones en el País Vasco, Málaga, Ceuta y Melilla. Entre diciembre de 2017 y enero de este año, la Audiencia Nacional anuló las multas, pero como lo hizo cuestionando “la forma pero no el fondo de las conductas anticompetitivas”, el pasado mayo la CMNC volvió a abrir expediente sancionador a estas empresas y 12 más por el mismo motivo, aunque con una investigación “individualizada” de las infracciones.
Las obras del AVE tampoco fueron ajenas a las prácticas fraudulentas de algunas compañías. Competencia sancionó a cuatro de ellas con 5,64 millones de euros en 2016. También en este caso utilizaron de forma ilegal una UTE, a la que se adjudicaron el 74% de los contratos de desvíos ferroviarios durante 15 años.
Incluso las mudanzas internacionales que contratan los ministerios y organismos públicos para el traslado de los funcionarios se vieron afectadas por distorsiones en la competencia. La CNMC multó a 15 empresas de este sector con cuatro millones de euros. En virtud del acuerdo ilegal entre ellas, se aplicaban un margen de 12.000 euros de beneficio neto por operación, que en algunos casos superaba la mitad del precio presupuestado.
En buena parte de estos conciertos fraudulentos han colaborado –y han sido sancionadas por ello– asociaciones patronales de cada sector implicado. Así fue con la Federación Empresarial de Transporte Balear (FEBT), que convocaba y organizaba las reuniones del cártel para las rutas escolares, e incluso recibía las ofertas de las empresas en sobre abierto y las presentaba en la Consejería de Educación, asegura Competencia. O con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), que utilizó un grupo de trabajo para fijar los precios de venta de los pañales para adultos. La Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), la Associació Catalana D'empreses de Serveis de Residus (Aceser) y la Asociación de la Recuperación y el Reciclado de Madrid (Arema) fueron cómplices de las prácticas ilegales de las gestoras de residuos urbanos multadas por la CNMC, con recomendaciones a sus miembros para no robarse clientes entre ellos o boicotear determinadas licitaciones.
Déficit de competencia en la contratación pública: al 33% de los concursos sólo se presenta una empresa
De Repsol a Mercedes pasando por Puleva
En cualquier caso, las multas más abultadas por cárteles se las han llevado también las mayores compañías españolas. Las petroleras Repsol, Cepsa y BP fueron sancionadas en 2015 con 32 millones de euros por incumplir una resolución anterior de Competencia, dictada en 2009, que las penalizaba por fijar de forma indirecta el precio de los combustibles en algunas estaciones de servicio. En 2015 las principales marcas de automóvil, desde Citroën hasta Ford y Mercedes, BMV, Fiat o Volvo, fueron multadas con 171 millones de euros por intercambiar de forma “sistemática” información “confidencial comercialmente sensible” a través de dos consultoras: datos sobre venta de vehículos nuevos y usados, prestación de servicios de taller, así como sobre reparación, mantenimiento y venta de piezas de recambios oficiales. También se concertaron para fijar los precios de la leche e incluso mantener cautivos a los ganaderos que se la suministraban ocho grandes industrias lácteas –entre ellas Puleva, Nestlé, Pascual, Central Lechera Asturiana–, que fueron sancionadas con 88 millones de euros por distorsionar la competencia durante una década.
El desenlace de expedientes como el que acaba de abrirse a las grandes constructoras y las sanciones que pueden conllevar es variado. Las empresas suelen recurrirlas en los tribunales. Y muchas veces ganan. Sólo en 2017 la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo anularon multas impuestas por la CNMC entre 2012 y 2015 por importe de 231,6 millones de euros. Ese año la Audiencia Nacional estimó el 65% de los recursos presentados por las empresas; el Supremo, el 15%. Antes, entre 2007 y 2016, el 47% de las sentencias de ambos tribunales daban la razón a las recurrentes. A Telefónica la Audiencia Nacional le anuló dos multas por importe de 46,5 millones y 25,78 millones de euros. A Repsol, otras dos que sumaban 42,59 millones.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de abrir expediente sancionador a siete de las mayores constructoras del país por montar un cártel para repartirse contratos de obra pública. Según los “indicios racionales” con que dice contar el órgano regulador, Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, Isolux Corsán, OHL y Sacyr constituyeron un grupo “estable y formal” que intercambiaba información y preparaba las ofertas técnicas para presentarse a concursos de obras licitados por las administraciones.