Más de un centenar de trabajadores, sindicalistas, abogados y expertas en inteligencia artificial y gestión algorítmica de distintos estados de la Eurozona, e incluso de algún país africano, se ha dado cita este miércoles en Bruselas en el 4º Foro Transnacional de Alternativas a la Uberización. El Consejo Europeo acaba de volver a bloquear la Directiva sobre Trabajadores de Plataformas (DPT) que pretendía mejorar las condiciones laborales de quienes prestan servicios a apps como Uber, Deliveroo o Glovo y de otros colectivos que miran de frente a la precariedad y a menudo son tratados como autónomos sin serlos. De hecho, se calcula que 5,5 millones de trabajadores europeos están clasificados erróneamente como tal. Este espacio, inaugurado por Podemos en 2019, celebra su cuarta edición en el Parlamento europeo de la mano de la mencionada formación política, el Grupo Parlamentario de La Izquierda y La Francia Insumisa.
Hay quien ha llegado andando desde París, Brahim Ben Ali, Rachid Laddi y Habib Latreche, tres valientes que han recorrido 110 kilómetros en tres días. Y en concreto desde España han desembarcado representantes de Riders Por Derechos, Correos en Lucha, Las Kellys, Élite Taxi, UATAE, CGT o Taxi Project.
Según el propio Consejo, 28 millones de personas de la UE trabajan a través de una o varias de estas grandes plataformas digitales y las instituciones prevén que esa cifra se eleve hasta los 43 millones en 2025. Una pieza esencial de la directiva que se ha tumbado por segunda vez era un novedoso sistema de presunción legal que reajustaría el estatus salarial de los trabajadores de esas entidades, si cumplen una serie de criterios, o indicadores, en su día a día. Y parece claro que entre ellos ha encarnado el malestar. En el espacio transnacional se han esparcido afirmaciones como “es un algoritmo esclavo que nos impone ritmos frenéticos, no tiene piedad”; “no tengo vida familiar”; “no estamos lejos de la trata de seres humanos y la opinión pública no está de nuestro lado”; “tenemos enfrente mafias”; “una de las grandes batallas de nuestra era es la lucha por el tiempo y la uberización va en contra”; “tenemos que firmar cláusulas de confidencialidad que nadie sabe… he tenido que trabajar en condiciones de acoso”; se trata de “prácticas antidemocráticas”; “no queremos que sea un robot quien nos contrate”; o “los programas de uberización atacan de lleno a mujeres migrantes, putas” y otros colectivos femeninos precarizados. Y se repitió una consigna: “Tenemos que unirnos entre todos, organizarnos”.
En ese sentido, la eurodiputada francesa Leïla Chaibi había apelado antes al “contra lobby de los trabajadores”, dado que “se ha construido un caballo de Troya para destruir al asalariado”. Mantuvo que el texto de la directiva, pese a que “estaba lejos de ser perfecto”, mejoraba “las condiciones de los trabajadores”, por eso lamentó que el presidente francés, Emmanuel Macron, se erigiera “ en el primer lobista de Uber” para “sabotear” el acuerdo en dos ocasiones. A él se aludió también luego como “monarca de Uber” o “capo”, Con todo, Chaibi aseveró: “No conseguimos la directiva, pero evitamos que Uber impusiera su ley” en Europa. Admitió que “hay decepción” entre los colectivos afectados, si bien apostilló que “en esta historia nada ha ido” como esperaban, y puede volver a pasar. No quiso quedarse en el no a la norma, que ya no podrá salir adelante en esta legislatura por la cercanía de las elecciones europeas, y mantuvo que la “red” seguirá presionando y “siendo más potente”, auguró.
De su lado, la eurodiputada de Sumar María Eugenia Rodríguez Palop defendió que la economía de la plataforma “huye permanentemente del derecho laboral” para ampliar los márgenes de beneficios y puso el foco en la ley rider española, para argumentar que los efectos de ésta constituyen la causa de la resistencia a la directiva. Unió sus palabras a datos: desde 2020 hasta mediados de 2023 se habían realizado actuaciones inspectoras que dieron lugar a más de 45.000 infracciones que afectaron a casi 90.000 falsos autónomos. Estos han sido dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, con un importe de expedientes liquidatorios por sanciones de cerca de 350 millones de euros. En opinión de Palop, la realidad del impacto de esa norma demuestra que no es el fin del modelo de negocio de las plataformas, sino de “la explotación laboral”. Y lanzó más cifras para soportar su planteamiento. El número de empleados de repartidores con contratos temporales ha caído un 83% y la nueva norma ha tenido una repercusión positiva en el sector del reparto, en el que el total de personas con un contrato laboral se había doblado en 2021.
“No podemos dejar que el modelo de uberización se siga extendiendo a otros sectores de la economía”, avisaron varios de los participantes en las jornadas, para encadenar que ya lo ha hecho en áreas como “la moderación de contenido, los anotadores de datos, la enseñanza, la psicología, los servicios de limpieza…”.
De cara al futuro se propusieron ideas como mejoras en la comunicación, movilizaciones o protestas conjuntas que podrían incluir huelgas, promover que la autoridad laboral europea tenga capacidades de sanción e inspección, así como recurrir al diálogo social comunitario, “atacar algoritmos”, nuevas demandas en la vía judicial y la más aplaudida: “ir a buscar a Macron a París”. Uno de los intervinientes resumió la jornada: “No hemos perdido, pero tampoco hemos ganado todavía”. Tendrán que continuar con la pelea. "El pueblo unido jamás será vencido", corearon para cerrar la jornada.
Más de un centenar de trabajadores, sindicalistas, abogados y expertas en inteligencia artificial y gestión algorítmica de distintos estados de la Eurozona, e incluso de algún país africano, se ha dado cita este miércoles en Bruselas en el 4º Foro Transnacional de Alternativas a la Uberización. El Consejo Europeo acaba de volver a bloquear la Directiva sobre Trabajadores de Plataformas (DPT) que pretendía mejorar las condiciones laborales de quienes prestan servicios a apps como Uber, Deliveroo o Glovo y de otros colectivos que miran de frente a la precariedad y a menudo son tratados como autónomos sin serlos. De hecho, se calcula que 5,5 millones de trabajadores europeos están clasificados erróneamente como tal. Este espacio, inaugurado por Podemos en 2019, celebra su cuarta edición en el Parlamento europeo de la mano de la mencionada formación política, el Grupo Parlamentario de La Izquierda y La Francia Insumisa.