El objetivo era romper la inercia y sumar a la patronal al consenso. De ahí que desde el Ministerio de Trabajo se haya presentado este lunes una nueva propuesta para reformar la jornada ordinaria semanal a 38 horas y media este año y a 37,5 en 2025, en la reunión con CEO y Cepyme junto a los sindicatos. Con detalle, se han añadido dos aspectos a lo planteado hasta ahora: un cambio en el régimen sancionador y otro vinculado a la distribución irregular de la jornada.
En relación al primer elemento, se modificará de grave a muy grave la calificación de las sanciones para conductas relacionadas con el tiempo de trabajo que afecten a la salud laboral con el fin de que “sean disuasorias”. Según el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, “el problema de la jornada no es sólo ganar bienestar, es que las excesivas, las jornadas desproporcionadas, el trabajo de sol a sol, mata”, ha avisado, con lo que los sindicatos se han mostrado de acuerdo.
En relación a la segunda novedad, en el 34.2 del Estatuto de los Trabajadores se marca que “mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año”. Es decir, que un día se pueda trabajar 10 horas y otro seis, aunque la media sea de ocho. Cuando el convenio no haya fijado nada, o no haya pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10% de la jornada. Y lo que ha puesto encima de la mesa el Gobierno es que “ese 10% se haga sobre la jornada que establece ahora el convenio colectivo, que pueden ser las 1.824 que equivale a las 40 horas y no sobre las 1.712 que equivale a las 37,5 horas”, según apuntan fuentes de la negociación.
A juicio de Rey, esto podría beneficiar, por ejemplo, a sectores con ciclos productivos inconstantes a lo largo del año, como la agricultura o algunas actividades relacionadas con la hostelería. Hay que tener en cuenta que los sectores de actividad más precarios y las comunidades en las que estos dominan concentran las jornadas pactadas más largas. "Esta mayor capacidad de distribución irregular durante el periodo que estimamos que vamos a aplicar la reducción de jornada, les permitirá una mayor adaptación”, ha sostenido el secretario de Estado, quien ha insistido en la voluntad de Trabajo en llegar a un acuerdo "con todas las partes que están sentadas en la mesa", incluyendo a la patronal.
Peticiones de CEOE y Cepyme
De hecho, el número dos de Yolanda Díaz en el ministerio ha defendido que “la mesa ha avanzado” este lunes y las organizaciones empresariales han concretado sus propuestas, aunque no las han presentado por escrito como se les pidió. Estas pasan, básicamente, por medidas de flexibilidad que no sean puramente temporales, conseguir un mayor margen transitorio de adaptación para las 37,5 horas y por que la entrada en vigor de la jornada reducida “se relacione adecuadamente con los convenios” actuales. Rey, como los sindicatos UGT y CCOO se han emplazado a estudiar esas medidas de cara a la reunión que se celebrará la semana próxima, dado que negocian para alcanzar un pacto tripartito “con la mayor celeridad posible”, lo que “justificaría” tenerlas “presente”.
El secretario de Estado se ha mostrado, asimismo, dispuesto a valorar otras cuestiones como que las “microempresas” tienen menor capacidad de adaptación que los conglomerados de grandes dimensiones, o el caso de las entidades que tienen contratos con las administraciones, con condiciones blindadas; o las que están más alejadas de las 37,5 horas semanales. Ello no significa que se vaya a aceptar, por ejemplo, que se alargue “hasta el 2030” la aplicación del horario recortado o una “reducción de jornada fake”. Con todo, “hay márgenes de flexibilidad para seguir avanzando y que las empresas tengan capacidad de adaptación”, ha incidido Rey. Se prevé que en la siguiente cita, el ministerio pueda aportar una propuesta más con lo tratado este lunes.
"Hace 40 años ya se hizo y no pasó nada"
Por su parte, Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, ha querido apartar tinieblas de la negociación. “Hace 40 años se redujo la jornada laboral y se amplió el periodo vacacional de manera inmediata y no pasó nada, no vino el apocalipsis”, ha recordado. Entonces la modificación estaba recogida en el programa electoral del PSOE, como en la actualidad consta en el acuerdo de gobierno de los socialistas y Sumar, de ahí que crea que se tiene que cumplir porque “hay un compromiso no sólo con las organizaciones sindicales, también con la ciudadanía”. Luján ha dejado claro que las propuestas para flexibilizar la jornada laboral que se barajan “son muchísimo más de lo que se tuvo en 1883” y lo hecho entonces, que ha perdurado cuatro décadas, “no afectó a la productividad ni a las empresas ni a la economía”. Desde ese convencimiento, ha hecho “un llamamiento a la patronal a que renueve el compromiso con el diálogo social”. UGT se opondría a que se demorara “en exceso” la entrada en vigor de las 37,5 horas y aboga por “la igualdad real”, para lo que “se tiene que proteger a las personas que no tienen convenio colectivo”, ha manifestado su representante.
Del lado de CCOO, Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Formación Sindical, ha recalcado que se trata de “una medida positiva para el conjunto de los trabajadores” por lo que debe implementarse “en el menor tiempo posible”. Es partidario de buscar el acuerdo tripartito “desde la concreción” para hacer frente a “algunos de los problemas que se han puesto en evidencia”. Es más, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha abierto a hablar sobre la entrada en vigor de la poda de jornada, si la medida se traslada a un proyecto de ley este verano: "Podemos tener márgenes para negociar los plazos, que no tenga por qué entrar en vigor en el mes de agosto", ha dicho.
¿Qué pasa con la productividad?
Preguntado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, sobre si teme que rebajar la jornada pueda afectar negativamente a la productividad, ha afirmado que "si se hace bien, puede suponer una mejora". Ha manifestado que habrá que hacer un esfuerzo por el que las empresas liberen horas no productivas para ser capaces de incrementar o de abrir espacio para actividades como la relación con los clientes, con los proveedores o también para tener hueco para disminuir la jornada laboral, según ha recogido Ep.
"Esta combinación de mayor productividad y mayor espacio para los trabajadores es una combinación perfectamente plausible y, de hecho, vemos la evidencia empírica que se está dando. Tenemos que avanzar, tenemos que ayudar y acompañar a las empresas en este proceso y en ello yo creo que estamos", ha argumentado, para martillear sobre que hacerlo es posible porque las partes no están "tan lejos" como pudiera parecer.
El objetivo era romper la inercia y sumar a la patronal al consenso. De ahí que desde el Ministerio de Trabajo se haya presentado este lunes una nueva propuesta para reformar la jornada ordinaria semanal a 38 horas y media este año y a 37,5 en 2025, en la reunión con CEO y Cepyme junto a los sindicatos. Con detalle, se han añadido dos aspectos a lo planteado hasta ahora: un cambio en el régimen sancionador y otro vinculado a la distribución irregular de la jornada.