Alfredo Sánchez tiene 50 años y lleva desde 2003 trabajando como bombero forestal en la Comunidad de Madrid. Primero como trabajador temporal y, desde 2009, como fijo discontinuo. El pasado mes de abril tuvo que pasar el reconocimiento físico preceptivo antes de iniciar la campaña de verano. Lo hizo y Quirónprevención, la empresa contratada al efecto, le comunicó que era apto para el servicio. Sin embargo, un mes más tarde le llegó una notificación de Tragsa, la empresa pública que desde principios de año gestiona la prevención y extinción de incendios forestales por encargo de la Comunidad de Madrid, donde se le comunica que ha sido declarado “no apto” y debe someterse por tanto a un nuevo reconocimiento médico, esta vez de carácter “específico”, si quiere reincorporarse al servicio. El examen que le hicieron por segunda vez, sin embargo, no tuvo nada de específico, repetía las mismas pruebas que el primero. Pero su resultado fue negativo. “Me dijeron allí mismo [en Quirón], verbalmente, que no lo había superado porque tengo la tensión muy alta”, explica a infoLibre.
Poco después, Tragsa le comunicó que tenía dos opciones: suspender su contrato de mutuo acuerdo con la empresa y volver a presentarse de nuevo al reconocimiento médico dentro de un año, o bien ser despedido por “ineptitud sobrevenida”. Alfredo escogió la segunda y demandó a Tragsa. El juicio se celebrará el 20 de febrero de 2023.
No ha sido el único caso. Según reconoce a este periódico la propia empresa, ha despedido a un total de 12 bomberos forestales: ocho por no superar el reconocimiento médico y cuatro por no aprobar la prueba física que deben hacer después. A todos ellos se les ofreció la posibilidad de elegir entre la suspensión del contrato y la extinción con 20 días por año de trabajo de indemnización, tal y como marca la ley. Tres de ellos han demandado a Tragsa, indica la propia empresa.
Por el contrario, Luis Miguel Viana, delegado de Prevención de Riesgos Laborales de CCOO en la empresa pública, explica que unos 40 bomberos forestales fueron declarados “no aptos” para el servicio por Quirón en un primer momento. “Pero, de un día para otro, se les dijo que sí eran aptos y que tenían que pasar ya la prueba física”, recuerda, “con el consiguiente desconcierto”. La prueba física consiste en correr 3,2 kilómetros con 12 kilos a la espalda en menos de 30 minutos. En una pista de atletismo en Leganés. Tuvieron que hacerla sin preparación alguna, se queja. La empresa achacó el problema a un error en los baremos: les habían aplicado unos más exigentes –los correspondientes a las unidades helitransportadas– de los que les correspondían. infoLibre ha preguntado a Quirón sobre estas discrepancias en los reconocimientos médicos realizados a los bomberos forestales, pero no ha obtenido ninguna respuesta.
La única explicación que Tragsa le dio a Alfredo Sánchez sobre la discrepancia entre su primer examen médico y el segundo es que se habían “revisado las patologías”. Tampoco le dejaron aportar otros informes médicos, del Hospital de La Paz, a diferencia, dice, de lo que sí pudieron hacer otros compañeros suyos que habían pasado por la misma situación.
En su demanda, el bombero forestal cree que la tensión alta no es más que la excusa que ha utilizado Tragsa para despedirle por ser miembro de la sección sindical de CGT. Y por haber denunciado a la empresa ante la Inspección de Trabajo.
Sustituye a dos empresas privadas
Tragsa se ha hecho cargo del servicio de prevención y extinción de incendios forestales por una encomienda de la Comunidad de Madrid para los próximos cuatro años que asciende a 107,06 millones de euros y que en parte será sufragado a cargo al Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader). Se ha subrogado de 448 trabajadores, que llevaban más de 20 años empleados por dos empresas privadas, subcontratistas hasta ahora del servicio: Matinsa, una filial de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), para el este de Madrid, e Infosa para el oeste. Las protestas de los bomberos forestales por las condiciones de trabajo y la mala calidad del servicio que ofrecían ambas han sido constantes durante los años. infoLibre ha preguntado a la Comunidad de Madrid el porqué del cambio. La Consejería de Interior, de la que depende el servicio de extinción de incendios, se ha limitado a responder que la encomienda a Tragsa responde a un “mandato” de la Asamblea de Madrid, así como a “razones presupuestarias y operativas”. Una proposición no de ley que había presentado Unidas Podemos en mayo de 2016 en la Asamblea de Madrid y que fue aprobada con los votos de PSOE y Ciudadanos y el rechazo del PP, reclamaba un servicio de extinción de incendios 100% público.
José Manuel Alonso, bombero forestal del sindicato de bomberos forestales Firet, va más allá y recuerda que la Ley de Contratos Públicos limita el número de años que una empresa puede ser adjudicataria del mismo contrato público, que Matinsa e Infosa llevaban desde 1997 repartiéndose el servicio madrileño, un periodo inusualmente largo, y que en España sólo estas dos firmas y una tercera en Murcia, Orthem, cuentan con el código necesario para hacer este tipo de trabajos. “Algo raro había”, resume. La Asociación de Empresas Forestales (Asemfo) presentó en su día un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid contra la encomienda a Tragsa, que fue desestimado. También interpuso una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en principio rechazó aplicar medidas cautelares y que aún debe dictar sentencia. Asemfo alega que Tragsa, como empresa pública, tiene una posición de ventaja que interfiere en el mercado y vulnera la libre competencia. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, por su parte, defiende que en Madrid Tragsa presta el mismo servicio que para el Ministerio de Transición Ecológica –las BRIF– o para otras comunidades autónomas.
Pedro Lapuente, presidente del comité de empresa de los bomberos forestales madrileños, repite una y otra vez el “abandono” en que ambas empresas privadas tenían el servicio. Pero tampoco está contento con Tragsa. Para empezar, les ha aplicado la jornada laboral de 37 horas y media de la empresa pública, cuando la suya es de 35 horas según estipula su propio convenio. También les está aplicando los requisitos médicos y físicos, más exigentes, de Tragsa, convirtiendo, además, en excluyentes las pruebas físicas. Antes no lo eran. José Manuel Alonso, que dice que Matinsa e Infosa tenían “secuestrado” lo que es un “servicio de emergencias sufragado con dinero público” y concede que las empresas privadas se saltaban a la torera muchas de las normas, “tanto a la hora de contratar como a la de despedir”, resalta.
Pero Luis Miguel Viana acusa a Tragsa de aplicar su propio convenio para lo que le conviene y recurrir al del servicio de bomberos de la Comunidad de Madrid cuando les resulta más favorable. “Nos prometieron darnos preparación física, pero no lo han hecho, por ejemplo”. Sí que les han subido el salario con el alza pactada para el personal de las administraciones y empresas públicas, un 2,5%, un avance si se tiene en cuenta que el convenio madrileño del sector lleva bloqueado desde 2008, protesta. Los bomberos forestales de Madrid, que siguen clasificados como peones forestales, cobran un salario base de 1.127,98 euros, de acuerdo con las últimas tablas salariales aprobadas para 2021.
Sin posibilidad de segunda ocupación
Pero la cuestión capital que no solucionaba el convenio sectorial y ahora tampoco el de Tragsa es la que deben afrontar los bomberos forestales que no superan el reconocimiento médico y la prueba física. “No se nos reconoce la segunda actividad”, lamentan todos los representantes sindicales con los que ha hablado este periódico. Suspender el reconocimiento médico, como en el caso de Alfredo Sánchez, sólo por tener la tensión alta, equivale a perder el trabajo. No se les reubica en otro puesto donde la exigencia física sea menor. “Nos tratan como a juguetes rotos”, acusa Jorge Farled, delegado sindical de CGT en las BRIF de Daroca (Zaragoza), una de las 16 Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales que posee Tragsa en toda España.
El convenio de la empresa pública sí incluye la segunda ocupación de los trabajadores de las BRIF que no pasen el reconocimiento médico o la prueba física. Pero los puestos reservados para ellos son muy escasas. Insuficientes, recalca Farled: cinco para los 50 trabajadores que integran cada brigada. Pero en Madrid, o por ejemplo en Aragón, carecen siquiera de esa posibilidad. Y como resalta Pedro Lapuente, el 60% de la plantilla de bomberos forestales de Madrid tiene más de 55 años.
El listado de patologías que abocan a ser declarado no apto y que aplicaron Tragsa y Quirón están basados en las recomendaciones de la Comisión Técnica de Normalización del Comité de Lucha contra Incendios Forestales. Incluyen 50 enfermedades que obviamente impiden realizar un trabajo con una exigencia física tan considerable como la de quienes extinguen incendios en el monte durante horas y en condiciones extremas. Desde cardiopatías hasta asma pasando vértigos, cirrosis, úlcera sangrante, epilepsia, falta de un riñón, alcoholismo, drogodependencia… Pero también menciona una tensión arterial de 150/90 o colesterol superior a 350.
Jorge Farled explica que la hipertensión ha sido utilizada repetidas veces por Tragsa para suspender o despedir a bomberos forestales. Hasta el punto de que quienes se sometían al reconocimiento acudían antes a su médico de cabecera para tomarse la tensión y evitar que el “síndrome de la bata blanca” les jugara una mala pasada ante los médicos de Quirón y tener con qué argumentar si les declaraban “no aptos”. Pedro Lapuente critica también que los requisitos físicos no diferencien por edades y sexo, por ejemplo. Sólo el 10% de los bomberos forestales son mujeres.
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Alfredo Sánchez fue a su médico de cabecera también. Le colocaron un holter, un monitor que durante 24 horas registra cómo responde el corazón a la actividad normal, y su tensión estaba dentro de los límites. Tragsa asegura que da dos oportunidades a los bomberos, tanto en el reconocimiento médico como en la prueba física. Sánchez dice que en el convenio del sector no se menciona la tensión alta como motivo excluyente. Y así es, según puede leerse en el texto, que sí cita en cambio las lesiones de corazón, trastornos psicológicos, ceguera y sordera o la epilepsia. A preguntas de infoLibre, Tragsa reconoce que el convenio de aplicación al servicio madrileño es el del sector de prevención y extinción de incendios forestales firmado en 2008 y cuyas tablas salariales se actualizaron en 2021.
Estatuto básico sin coeficientes reductores
El pasado 22 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley del Estatuto Básico de los bomberos forestales, una larga reivindicación de estos trabajadores. Tras años de protestas espectaculares en todo el país, un texto ponía negro sobre blanco una de las promesas del acuerdo de gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos. Pero el elefante parió un ratón. Todos los sindicatos de los bomberos forestales rechazan el anteproyecto. “Es una vergüenza”, resume Jorge Farled la decepción de los trabajadores. Ni reconoce la categoría profesional –los bomberos son considerados peones forestales–, ni las enfermedades profesionales ni la formación que reclaman, enumera. En 22 años han muerto trabajando 127 bomberos. “Y antes de llegar al incendio ya asumimos 18 factores de riesgo”, clama Jorge Farled.
Sin embargo, siguen sin tener reconocidos coeficientes reductores como los que se les otorgan a otras profesiones como policías o mineros, e incluso toreros y artistas, y que les permiten adelantar la edad de jubilación. El anteproyecto supedita su adopción a un futuro estudio. Los bomberos replican que las condiciones de penosidad, peligrosidad y toxicidad están ya convenientemente acreditadas y no hace falta “examinar nada más, sólo dar continuidad al trabajo y a los numerosos informes que desde años se han aportado al ministerio”. Además, la segunda actividad para quienes no superen las pruebas físicas dependerá, tal y como está redactado el estatuto básico, de “las necesidades del servicio”, por lo que UGT, CCOO y CSIF temen que quedará abierta a la “arbitrariedad” de la Administración y la oferta de plazas pueda terminar paralizada, como ya ha ocurrido antes, advierten.
Alfredo Sánchez tiene 50 años y lleva desde 2003 trabajando como bombero forestal en la Comunidad de Madrid. Primero como trabajador temporal y, desde 2009, como fijo discontinuo. El pasado mes de abril tuvo que pasar el reconocimiento físico preceptivo antes de iniciar la campaña de verano. Lo hizo y Quirónprevención, la empresa contratada al efecto, le comunicó que era apto para el servicio. Sin embargo, un mes más tarde le llegó una notificación de Tragsa, la empresa pública que desde principios de año gestiona la prevención y extinción de incendios forestales por encargo de la Comunidad de Madrid, donde se le comunica que ha sido declarado “no apto” y debe someterse por tanto a un nuevo reconocimiento médico, esta vez de carácter “específico”, si quiere reincorporarse al servicio. El examen que le hicieron por segunda vez, sin embargo, no tuvo nada de específico, repetía las mismas pruebas que el primero. Pero su resultado fue negativo. “Me dijeron allí mismo [en Quirón], verbalmente, que no lo había superado porque tengo la tensión muy alta”, explica a infoLibre.