El Ministerio de Trabajo se ha comprometido a hacer gestiones ante los departamentos de Hacienda y Función Pública para que al personal laboral de las administraciones se le aplique la ley del teletrabajo que el Gobierno negocia con la patronal y los sindicatos. El último borrador del anteproyecto de ley entregado a los agentes sociales excluye a estos empleados públicos –sometidos al Estatuto de los Trabajadores al igual que los del sector privado– de la futura regulación.
Tanto la CEOE como UGT y CCOO rechazan que el personal laboral quede en el “limbo” mientras no se negocien las condiciones del trabajo en remoto para los funcionarios. De forma que, sobre la mesa de negociación que volvió a reunirse este martes tras el paréntesis de agosto, ha quedado la propuesta de establecer mediante una disposición transitoria que la futura ley proteja también al personal laboral durante el tiempo en que no exista una regulación específica para los funcionarios. Según las fuentes de la negociación consultadas por infoLibre, las pegas para que se les incluya en el ámbito de la Ley de Trabajo a Distancia no las ponen ni el Ministerio de Trabajo ni el de Función Pública, sino el departamento de Hacienda. Y hacia él se van a dirigir los esfuerzos, explican las fuentes, del departamento de Yolanda Díez en busca de una solución que contente a todas las partes.
Que el personal laboral de las administraciones se quede fuera de la nueva regulación era uno de los principales obstáculos para que los sindicatos dieran el visto bueno al borrador de Trabajo. “Todos los trabajadores deberían tener las mismas condiciones de teletrabajo, no es comprensible que los empleados públicos se queden en un limbo”, protesta Carlos Gutiérrez, secretario de Política Social de CCOO, quien insta al Gobierno a abrir cuanto antes la Mesa de la Función Pública que debe negociar, entre otros asuntos, el trabajo en remoto en las administraciones. El sindicato de funcionarios CSI-F ha anunciado que el próximo día 16 el Ministerio de Función Pública celebrará una reunión de seguimiento de la “nueva normalidad” donde se discutirá este asunto.
Tras una reunión que se prolongó durante cinco horas, Gutiérrez aprecia un “avance favorable” hacia el acuerdo. Pero el pacto sigue pendiente de una nueva redacción de la norma que el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a preparar y entregar a patronal y sindicatos “de forma inminente”, asegura la secretaria confederal de UGT, Isabel Araque. La urgencia de regular una realidad que se ha disparado con la pandemia apremia a los agentes sociales y al Gobierno. De ahí que también se haya propuesto tramitar la norma como decreto-ley, siempre que haya acuerdo.
30% de la jornada
“La mesa [del martes] ha sido más de repasar el texto que de entrar en contenido”, resume Araque la reunión. Patronal y sindicatos señalaron cada uno sus “discrepancias” con el borrador que el Ministerio de Trabajo les remitió a finales de agosto. Por parte empresarial, el mayor escollo era el porcentaje de la jornada que debe realizarse en remoto para considerar que un empleado es un teletrabajador. La CEOE piensa que sólo un día a la semana –el 20%– es insuficiente. Así que el departamento ha ofrecido elevar al 30% la jornada semanal necesaria para definir el trabajo en remoto. Según fuentes de la patronal, los empresarios aceptarían esa ampliación condicionada a “otros cambios en el texto” que estudiarán una vez hayan visto la nueva redacción prometida.
A los sindicatos, el Gobierno les ha concedido reducir a entre uno y tres años el periodo en el que estarán vigentes los acuerdos de teletrabajo ya firmados en algunas empresas. En el borrador inicial ese plazo se alargaba a los cinco años, una duración que a UGT y CCOO les parecía excesiva.
Pero, por lo demás, el texto ha quedado “bastante pulido”, asegura Isabel Araque, y sólo quedan por afinar “matices” y hacer cambios de redacción. “Ahora ya hay que decir sí o no”, apuntan fuentes de la negociación, que confían en acabar con un acuerdo esta misma semana.
Voluntario, reversible y por escrito
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Según el borrador que está sobre la mesa, el trabajo a distancia será siempre voluntario y reversible, tanto para el trabajador como para la empresa. Todos los gastos que origine serán sufragados por ésta. No podrá ocasionar ningún perjuicio en el sueldo, la jornada laboral, las posibilidades de formación o de ascenso del empleado.
Empresa y trabajador tendrán que firmar un acuerdo por escrito, bien en el momento de suscribir el contrato inicial, bien después. Las condiciones en que se prestará esta modalidad de trabajo se establecerán en dicho acuerdo o en el convenio colectivo. Además, en ese documento se hará un inventario de los equipos, consumibles y muebles necesarios para trabajar en remoto, que la empresa suministrará y de cuyo mantenimiento se hará cargo. Finalmente, si un empleado se niega a trabajar a distancia o no se adapta al nuevo sistema o vuelve al trabajo presencial, no podrá ser despedido.
A petición de la CEOE, el Gobierno ha aceptado que las empresas tomen medidas de vigilancia y control para comprobar que el trabajador cumple sus obligaciones laborales. También deberá existir un registro horario del momento en que empieza y acaba cada jornada, además de garantizarse el derecho a la desconexión digital. Pero no podrá registrarse cuándo se enciende y apaga el ordenador, por ejemplo, un punto que habían sido exigido los sindicatos. Finalmente, se reconoce la prioridad a los trabajadores en remoto para ocupar vacantes presenciales en la empresa.